La «indolencia» institucional

Mientras los gobernadores David Monreal, de Zacatecas, y Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí, firmaban un convenio para fortalecer la seguridad entre ambas entidades, en el municipio de Guadalupe perdía la vida en un ataque armado quien fuera exdirector de la Policía Estatal Preventiva: el subinspector Manuel de Jesús Chávez Reyes.

Desde entonces, el gobernador de Zacatecas hizo operación avestruz y nuevamente se escondió del ojo público, mientras el nuevo secretario de Seguridad, Arturo Medina Mayoral, atendía personalmente el caso y coordinaba sendos operativos para dar con los responsables.

El homicidio de policías no es el único problema («herencia maldita») que tendrá que enfrentar el titular de la SSP. En sus espaldas ya carga desde el primer día con otra crisis de personas desaparecidas y no localizadas, un fenómeno que tampoco es reciente, pero sí parece haberse agudizado en los últimos años.

Veamos las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que elabora el Comisión Nacional de Búsqueda de personas. Del 2018 a la fecha hay 2 mil 169 personas aún en el estatus de «desaparecidas y no localizadas» en el estado de Zacatecas, de las cuales el 75.4% corresponde a hombres y el 24.5% a mujeres.

La mayor incidencia de personas desaparecidas y no localizadas se reporta en los municipios de Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, Río Grande, Jerez, Villa de Cos, Valparaíso, Calera, Sombrerete, Ojocaliente, Monte Escobedo, Pinos y Loreto.

La dinámica es muy peculiar por sexo, pues por ejemplo, se documentan 204 casos de mujeres en este estatus de entre 10 y 19 años de edad, así como 209 mujeres de entre 20 y 40 años. Para el caso de los hombres, la mayor incidencia es entre los 15 y los 19 años (232 personas) y entre 20 y 40 años (865 personas).

En el mismo periodo (2018-2023) la misma plataforma señala que en Zacatecas se ha localizado con vida a 1 mil 136 personas (47% hombres y 52.9% mujeres), principalmente en los municipios de Fresnillo, Guadalupe, Zacatecas, Jerez, Calera, Pinos y Ojocaliente. De las personas localizadas con vida en este lapso, 384 correspondían a mujeres de 0 a 19 años de edad y 373, a hombres de 10 a 44 años.

Lamentablemente, también en este periodo se localizó a 185 personas sin vida (86.5% hombres y 13.5% mujeres), sobre todo en los municipios de Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe y Valparaíso. De ese total, 131 personas eran hombres de 15 a 49 años; mientras 19 personas eran mujeres de entre 15 y 34 años.

Por supuesto que la estadística fría solo sirve para un análisis respecto a la situación que se vive en el estado respecto a las zonas de mayor incidencia y que evidencia un rezago en localización de personas que continúan desaparecidas. Sin embargo, detrás de esta estadística hay muchas historias que demuestran no solo el dolor de las familias por la falta de un ser querido, sino también la indolencia de las autoridades para atender sus casos.

Incluso los llamados «datos oficiales» deben tomarse con reserva, pues no han sido pocos los testimonios de quienes han optado por no denunciar la desaparición de algún familiar debido a las malas experiencias principalmente en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, uno de los primeros eslabones en la procuración e impartición de justicia.

De esta situación ya se daba cuenta en la sesión ordinaria del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) celebrada el pasado 7 de diciembre de 2022, cuando aún estaba al frente del organismo la secretaria Ejecutiva, Nancy Ludivina Trejo Muñoz.

De acuerdo con el acta de la sesión número 153, en la revisión de expedientes de las visitadurías, se abordó un caso de personas desaparecidas y no localizadas como parte del expediente CDHEZ/317/2019.

Aunque se omiten los datos personales de la persona denunciante, sí se expone (casi en versión estenográfica) gran parte del contenido del expediente, así como las posturas de los integrantes del Consejo Consultivo.

Según se intuye en el contenido del acta, en el mes de octubre de algún año que podría ser el 2018 (posiblemente, si nos basamos en el número de expediente de la CDHEZ) una persona acudió ante la Fiscalía a denunciar la desaparición de un menor de 13 años de edad, sin embargo, el Ministerio Público pidió esperar al plazo de 72 horas para presentar la denuncia.

Así, el 1 de noviembre (se intuye que del mismo año) la misma persona volvió a la FGJEZ para, ahora sí, interponer la denuncia correspondiente, pero el MP solo levantó «un acta circunstanciada». De esto se enteraron los denunciantes hasta el 28 de marzo del año siguiente (podría ser el 2019), cuando acuden nuevamente a la Fiscalía a solicitar información sobre los avances de búsqueda, pero se les informa que no hay averiguación previa porque no hay denuncia… y nuevamente les levantan «acta circunstanciada».

Sería hasta el 1 de abril (suponemos que del 2019) cuando el MP levantó la denuncia correspondiente: es decir, cinco meses después de la desaparición del menor. Según consta en el acta 153 de la CDHEZ, la Visitaduría Regional de la CDHEZ concluyó que la responsabilidad en la que incurrieron diversos servidores públicos «derivó al omitir practicar todas las diligencias e investigaciones tendientes a la búsqueda inmediata y diligente de (…). Quienes debieron realizar las actuaciones necesarias, tendentes a la inmediata localización de dicha víctima, así como a recabar cuanto dato esencial de búsqueda y localización estuvieran a su alcance, incluso emprender una inspección al lugar donde presuntamente desapareció el agraviado«.

«Los señalados servidores públicos de la ahora Fiscalía General de Justicia del Estado, vulneraron en perjuicio de las víctimas indirectas, el derecho humano al acceso a la justicia en la modalidad de procuración, al integrar de manera irregular la indagatoria respectiva, además de vulnerar su derecho a la verdad. Sin soslayar que, en el caso particular de (…), negó el acceso a la justicia, al no iniciar una investigación y limitarse a levantar actas circunstanciadas que carecen de motivación y fundamentación legal«.

Y como parte de las acciones a emprender por parte de la CDHEZ, se indica que «en caso de que la responsabilidad administrativa haya prescrito, se deberá anexar al expediente laboral de los servidores públicos señalados«.

En este caso, también son reveladoras algunas posturas de los integrantes del Consejo Consultivo de la CDHEZ, como el caso del consejero Félix Vázquez Acuña, quien señaló que el caso en mención «se refiere a hechos que son reiterativos en varios casos que se han hecho ya en este Consejo, cada uno con sus peculiaridades pero similares en el sentido de tratarse de hechos y de actos en los cual se observa una inacción junto con acciones inadecuadas de parte de la Fiscalía General de Justicia y de los Agentes del Ministerio Público se da en estos hechos, se ha dado en varios otros de lo que hemos conocido, avisoro que vendrán más casos desafortunadamente«.

En un sentido similar se pronunció la consejera Ma. del Rosario Arellano Valadez: «llama la atención el grado de indolencia, el no acatamiento del Ministerio Público, de una persona que tiene 13 años, cuando uno se entera de esa tipo de situaciones yo no me puedo imaginar como ser humano, como madre, en un momento dado estar buscando a un familiar, a un hijo y acudir a quienes tienen la obligación de atender las quejas y las demandas y ver que transcurre el tiempo y que se omiten muchos detalles, que no se cumplen los protocolos, que no hay una empatía con quienes están sintiendo el dolor, hemos llegado a un grado de indolencia que realmente duele a la sociedad, duelo a nosotros que tenemos esta función, duelo como seres humanos«.

Y aunque el «gobierno de la transformación» insista una y otra vez en que «vamos muy bien» con el Plan Zacatecas II, la consejera fue de otra opinión: «este tipo de situaciones y de circunstancias se siguen presentando día con día y en vez de disminuir nosotros estamos viendo va en aumento, hay un desprecio, hay muy poca solidaridad con los problemas de los demás, aún y cuando tenemos la obligación de solidarizarnos«.

Este ejemplo es uno de muchos más que podrían no estar documentados en la «estadística oficial» de personas desaparecidas y no localizadas y que nos obligarían a tomar con cautela dicha información.

Sin embargo, en medio de todo esto, llama la atención que el expediente que la CDHEZ abrió desde 2019 apenas en diciembre de 2022 haya tenido una resolución. ¿Por qué demoraría tanto en manos de la Comisión cuando estaba al frente Ma. de la Luz Domínguez Campos?

Finalmente, según el contenido del acta 153 de la sesión del Consejo Consultivo de la CDHEZ, al parecer el asunto no se ha resuelto, pues más allá de las acciones emprendidas por la Comisión, se precisa que la carpeta de investigación se encuentra a cargo del actual fiscal especializado en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares de la FGJEZ.

¿De verdad hay «inacción» de la Fiscalía por falta de recursos o falta de personal?, ¿o también ha faltado voluntad para resolver y empatía con las víctimas?

¿Empiezan los destapes?

No solo en el PRI están renovando sus consejos municipales, también en el PRD (o lo que queda del Sol Azteca que se niega a morir) están haciendo lo propio y no pasó desapercibida la intención del actual diputado Juan Mendoza Maldonado de ser presidente municipal de Río Grande durante la inauguración de las oficinas de la coordinación municipal en aquella región.

Ciertamente el perredista no se ha distinguido en la 64 Legislatura por su productividad; sin embargo, sus intervenciones ante el pleno sí han generado polémica y en muchos casos ha puesto el punto sobre las íes.

La ventaja es que hoy sería de los pocos liderazgos que aún conserva el PRD, porque el actual alcalde Mario Córdova más bien trae puesta la playera del tricolor, desdeñando a las bases perredistas que coadyuvaron al triunfo en el 2021. Sin olvidar que Mendoza Maldonado ya lleva tres elecciones ganadas por la vía de mayoría relativa.

Y en la lista de anticipados de todos los colores y en todos los municipios ya hay varios que alzan la mano. Vamos viendo…