Fue una marcha histórica en Zacatecas. Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se apropiaron de las calles más de 15 mil mujeres que marcharon con una exigencia principal: que el Estado garantice una vida libre de violencias para mujeres y niñas.
Esta marcha solo puede equipararse en número a la manifestación de la comunidad universitaria del pasado 22 de febrero, en protesta por la violencia que azota a Zacatecas y que ha afectado principalmente a la juventud, un sector que se cuenta entre las principales víctimas de la Mesa Estatal de Construcción de Paz.
Sin embargo, la marcha del 8M fue más allá. No solo protestaron jóvenes universitarias. Entre los más de 41 contingentes se contaban académicas, docentes, empresarias, trabajadoras, jubiladas, políticas, servidoras públicas, estudiantes, profesionistas, migrantes, indígenas, mujeres con discapacidad… en fin. Una marcha representativa de la diversidad de mujeres que representan más del 50% de nuestra población.
Marcharon contra los feminicidios y los homicidios de mujeres que no son clasificados como feminicidios; marcharon por las mujeres desaparecidas y no localizadas; marcharon contra las diferentes violencias que marcan su día a día, contra los gobiernos que en el discurso prometen y en la acción no se comprometen con las mujeres. Marcharon contra un sistema que se resiste al cambio y en esa resistencia, oprime y provoca retrocesos en los avances logrados por las luchas feministas.
Si el impacto por la pandemia del COVID-19 no fue suficiente retroceso, en el caso de Zacatecas, el «gobierno de la transformación» se ha caracterizado por ser ciego y sordo ante estos retrocesos, y siguiendo con la demagogia de los «otros datos», repite una y otra vez que vamos muy bien en el combate a la violencia que lacera el tejido social, pero que particularmente ha afectado a las mujeres.
Un panorama muy distinto reflejan los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (por aquello de los «otros datos»). Por ejemplo, tratándose de delitos sexuales, pasaron de 641 en el 2019 a 864 en el 2022, lo que representa un incremento del 34.7% en solo tres años. Y si hablamos de violencia familiar, Zacatecas pasó de 2 mil 794 en 2019 a 3 mil 408 en 2022, un aumento del 21.9 por ciento.
Sobre este incremento en delitos contra las mujeres ya habría advertido la entonces secretaria de las Mujeres del «quinquenio diferente», la hoy académica Adriana Rivero Garza, cuando recién comenzaba la pandemia por el COVID-19 y se estaba en tiempo de tomar medidas para prevenirlo. Pero no ocurrió.
Hoy vemos a la secretaria de las Mujeres del «gobierno de la transformación», Zaira Ivonne Villagrana, ejerciendo violencias contra sus congéneres (y abundan los testimonios de burócratas, activistas y mujeres víctimas), invirtiendo gran parte de los escasos recursos de la dependencia en charlas motivacionales, dolida e indignada por una puerta quemada y ventanas rotas durante la marcha del 8M (¡una puerta!), sin mover un solo dedo ante la violencia feminicida.
En el «gobierno de la transformación» parece que no han entendido el mensaje, que este 8 de Marzo se manifestó en consignas y pintas contra un gobierno y un gobernador David Monreal indolentes ante estas violencias, protestas a las que se sumaron los montones de fichas de búsqueda de mujeres desaparecidas o no localizadas, o las imágenes de quienes han sido sus victimarios sin que la autoridad haga justicia a las víctimas.
A este «gobierno de la transformación» y a este sistema patriarcal que se niega a la deconstrucción les duele más el daño al patrimonio cultural que las vidas de las mujeres. Pero no hay algo más «colonialista» que una ciudad-museo que solo sirve para ser contemplada, sin ser intervenida.
Tal parece que en Zacatecas urgen los «anti-monumentos» para dejar testimonio de las protestas contra el sistema y los gobiernos, como aquella «paloma de la paz» en Ciudad Administrativa que en su momento fue intervenida en protesta contra el «gobierno de la transformación».
Si pintáramos los puentes con los rostros de todas aquellas mujeres víctimas de violencias en Zacatecas, nos faltarían puentes y carreteras y no habría pintura suficiente para tantas víctimas. Pero sigamos indignándonos por una puerta y por ventanas rotas.
Boquete en fideicomisos
Hay «herencias malditas» de las que poco se habla, pero que revelan mucho de administraciones anteriores. Un ejemplo se publicó en el Suplemento del Periódico Oficial del Gobierno del Estado este 8 de marzo, con el «Acuerdo Administrativo por el que se crea el Comité Técnico del Fideicomiso Revocable de Administración Número 135828-4», a través del cual se crearon los fondos Autoempleo Juvenil y Desarrollo Emprendedor.
Según el contenido del documento, dicho fideicomiso se había creado desde junio de 2011, pero se «instruyó» su extinción en 2020, con la publicación del «Acuerdo Gubernativo mediante el cual se ordena llevar a cabo la extinción de Fideicomisos y la reasignación de los recursos disponibles en los Fideicomisos Públicos del Estado».
El motivo de la extinción de fideicomisos, incluyendo el que aquí nos interesa, fue para redireccionar los recursos a atender el impacto por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, en el «quinquenio diferente» no tuvieron el cuidado de verificar todos los procedimientos. Y ahí fue donde la puerca torció el rabo.
Resulta que la extinción del Fideicomiso Revocable de Administración Número 135828-4 no ha sido posible porque a la fecha subsisten créditos por recuperar de los Fondos de Autoempleo Juvenil y Desarrollo Emprendedor. En total, 287 créditos por los cuales aún se adeudan 10 millones 465 mil 158.27 pesos de los 19 millones 835 mil 727 pesos que fueron financiados.
Y para recuperarlos se requiere de un Comité Técnico, pues en el convenio de extinción del fideicomiso no se establecieron las acciones a emprender para la recuperación de la cartera vencida.
Si esto ocurrió con un solo fideicomiso, ¿cuántos más podrían estar en la misma condición?
