Los millones por adjudicación directa

Durante su comparecencia con motivo de la glosa del primer informe de gobierno, la secretaria de Administración, Verónica Yvette Hernández López de Lara, informó que en el primer año de gobierno el 82% de las contrataciones de obras, bienes y servicios había sido por licitación pública y solo el 17% por adjudicación directa.

También informó que en el mismo periodo hubo 1 mil 561 procesos de compra adjudicados a 300 proveedores, de los cuales el 80% eran locales.

Aunque estos datos muestran un balance más equilibrado que en el «quinquenio diferente», donde se priorizó la adjudicación directa sin demostrar las mejores condiciones para la contratación de obras, bienes o servicios, en el «gobierno de la transformación» tampoco se han podido desprender de «herencias malditas» en estos procedimientos de contratación.

En varios medios de comunicación hemos dado a conocer diversas irregularidades en los procesos de licitación o adjudicación directa en la contrataciópn de obras, bienes o servicios en la actual administración, que en algunos casos ha derivado en el inicio de un procedimiento de investigación de oficio por parte de la Secretaría de la Función Pública, que encabeza Humbelina Elizabeth López Loera.

Sin embargo, ¿qué pasa cuando la misma SFP está involucrada en presuntas anomalías en estos procedimientos de contratación?

De acuerdo con la información de la Secretaría de Adminstración disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, durante el 2022 tan solo esta dependencia registró 169 contratos de obras, bienes o servicios por la vía de adjudicación directa por un total de 84 millones 257 mil 240.15 pesos.

De ese total, llaman la atención 10 contratos que en conjunto suman 35 millones 424 mil 886.73 pesos y que fueron adjudicados de manera directa, pese a rebasar los límites establecidos en los artículos 58, 87 y 88 de la Ley de Adquisiciones, así como el artículo 67 del Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2022:

1.  SAD/DJ/PS/045/2022, «Servicio de mantenimiento a helicóptero», con dictamen de excepción a la licitación pública, solicitado por la SSP, adjudicado a Rotorcad SA de CV (Dionicio Cereceda Orduño), por un monto de 1 millón 496 mil 996.99 pesos, incluyendo impuestos.
2.  SAD/DJ/PS/022/2022, «Renovación de pólizas de mantenimiento y soporte anual de la autoridad certificadora y firma electrónica», sin documento de excepción (solo se comprueba que el producto es de patente), solicitado por la SFP, adjudicado a Seguridata Privada SA de CV (Fátima Liliana Ocaña Juan), 1 millón 182 mil 92.20 pesos.
3.  SAD/DJ/PS/028/2022, «Póliza de seguros de vehículos adscritos a la SSP, sin dictamen de excepción», solicitado por la SSP pero firmado por SAD, Seguros El Potosí (Héctor Arturo Alba Garduño), 3 millones 322 mil 557.50 pesos
4.  SAD/DJ/PS/071/2022, «Consultas de geolocalización, servicio de licenciamiento del sistema Geoloc para la localización de objetivos celulares», sin dictamen de excepción (se remite oficio donde se indica que se deberá contratar específicamente a la empresa adjudicada), solicitado por la SSP, Eyetech Solutions SA de CV (Gilad Pait), 2 millones 552 mil pesos.
5.  SAD/DJ/PS/073/2022, «Mantenimiento y conservación de sistemas y redes de voz y datos», sin dictamen de excepción (se remite oficio donde se indica que se deberá contratar específicamente a la empresa adjudicada), solicitado por la SSP, Polaris Industries (Alberto Martínez Solares Nelson), 3 millones 408 mil 589 pesos.
6.  SAD/DJ/AD/030/2022, «Impresión de 100 mil formatos de recibo de pago de impuesto sobre control de derecho vehicular que contenga tarjeta de circulación auto enmicable con holograma 2022; 100 mil formatos de verificación de documentos de alta seguridad con holograma de la SEFIN; 40 mil formatos de avalúo catastral», con dictamen de excepción, solicitado por la SSP, Formas Inteligentes SA de CV (Juan Manuel Martínez Alba), 7 millones 232 mil 600 pesos.
7.  SAD/DJ/PS/085/2022, «Servicio de emisión de licencias de conducir», con dictamen de excepción, solicitado por la SEFIN, Cosmocolor SA de CV (Odalis Sánchez Palmeros), 6 millones 98 mil 959.84 pesos.
8.  SAD/DJ/PS/086/2022, «Póliza de actualización del sistema de gestión catastral», con dictamen de excepción, solicitado por la SEFIN, Geoware SA de CV (José Francisco Trinidad Garrido), 5 millones 500 mil pesos.
9.  SAD/DJ/PS/108/2022, «Contratación de despacho para la ejecución de la auditoría de gestión al Sistema Básico Ejecutivo Estatal de la SEDUZAC», sin dictamen de excepción (solo remiten solicitud para la contratación), solicitado por la SFP, Venegas Loera y Cía SC (Benjamín Venegas Montalvo), 3 millones 411 mil 328 pesos.
10.  SAD/DJ/PS/085/2022 AMP, «Ampliación del Servicio de emisión de licencias de conducir», para ampliaciónn del 20% adicional del monto contratado en el contrato SAD/DJ/PS/085/2022, solicitado por la SEFIN, Cosmocolor SA de CV (Odalis Sánchez Palmeros), 1 millón 219 mil 763.20 pesos.

Aunque en algunos casos se sobreentiende la excepción a la licitación pública, como las patentes o la ampliación de un contrato con la misma empresa, es curiosa la dinámica de la Secretaría de Seguridad Pública mientras Adolfo Marín Marín estuvo al frente de la dependencia, pues no en todos los casos remitió dictamen de excepción, sino que mediante un oficio indicaba cuál empresa solicitaba que fuera la contratada, además de que en la mayoría de los casos no se cumplían las condiciones para garantizar las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad de entrega.

Esto es solo una muestra de las «herencias malditas» que continúan en el «gobierno de la transformación» tan solo en la Secretaría de Administración, pues aún hay que revisar los procesos de adjudicación directa en las demás dependencias.

Sin embargo, no hay visos de cambiar esta dinámica, como ocurrió hace unos días con la adjudicación del servicio de limpieza del Palacio de Convenciones, que durante el 2022 se adjudicó de manera directa al proveedor María Huerta Pérez por un monto total de 547 mil. 560.04 pesos, pero que este año (también por adjudicación directa) fue asignado a José Luis Alba, con domicilio fiscal en Fresnillo, a pesar de que su giro es la construcción de obras.

Lo peor del caso es que el contrato sería por un monto que ronda los 2 millones de pesos que se adjudicaron de manera directa, aunque en Zacatecas existen al menos cinco empresas especializadas en el ramo de servicios de limpieza de inmuebles. Así que no hay motivos para adjudicar este servicio incluso con un dictamen de excepción.

¿Seguimos hablando de «herencias malditas»?

Las prioridades en la SAMA

Tras el terrible incendio del basurero en el municipio de Fresnillo, no se hizo esperar el reclamo del alcalde Saúl Monreal a la secretaria del Agua y Medio Ambiente, Susana Rodríguez Márquez, por hacer oídos sordos a sus demandas para la construcción de un relleno sanitario.

El reclamo tampoco es gratuito, pues al cierre del año pasado, la SAMA tenía en cuentas bancarias con recurso comprometido pero no pagado hasta el 38.2% de su presupuesto. Es decir, algo así como 100.1 millones de pesos.

El problema es que en el Programa Estatal de Obra 2022, la SAMA tenía 63 proyectos previstos para su ejecución durante el año pasado y solo dos correspondían a tratamiento de residuos sólidos: la ingeniería básica y proyecto ejecutivo para la construcción de relleno sanitario en los municipios de Luis Moya y de Villanueva. De los demás proyectos, todos estaban relacionados con agua potable.

Sin embargo, el reclamo del alcalde Saúl Monreal pareció generar divisiones al interior del «gobierno de la transformación», a tal grado que tuvieron que salir el gobernador David Monreal y el diputado federal Carlos Puente en defensa de la secretaria Susana Rodríguez, hasta asegurar que «Susana Rodríguez es de las mejores funcionarias porque cerró su ejercicio de gasto 2022 muy bien, sin ningún pendiente y en la proyección de gasto 2023 la SAMA va al corriente«, según el boletín enviado desde la taquería de Comunicación Social.

¿A quién le creemos?