Esta semana se cumplía el plazo para que el Ejecutivo objetara la publicación del decreto correspondiente a dos reformas a la Constitución Política del Estado de Zacatecas: en materia de revocación de mandato y para reducir a tres las magistraturas del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (TRIJEZ).
Ambos dictámenes fueron votados en sesión ordinaria del pasado 15 de diciembre. Incluso la aprobación de la reforma relativa a la reducción de magistraturas electorales fue celebrada desde el bloque oficial por el diputado Ernesto González Romo, ya que esta decisión justificaba la reducción presupuestal al TRIJEZ para este ejercicio fiscal. Entonces la minuta pasó a manos de los municipios para su aprobación.
Luego, el pasado 1 de marzo, en sesión ordinaria de la 64 Legislatura inaugurando el segundo periodo ordinario del segundo año constitucional, se dio lectura al informe respecto a la votación de los Cabildos sobre ambas minutas y las reformas fueron aprobadas por «afirmativa ficta» debido a que solo 14 municipios se pronunciaron en tiempo y forma (a favor y en contra).
Desde entonces, la publicación de los decretos estaba en manos del Ejecutivo estatal y corría el plazo para, en su caso, objetar como lo hizo con la pretendida reforma que buscaba revivir las llamadas «herramientas legislativas».
Durante dos semanas los diputados (principalmente del «bloque plural ampliado») vivieron con el alma en un hilo en espera de la publicación de los decretos correspondientes o la objeción del Ejecutivo estatal. Pero concluyó el plazo y no pasó ni lo primero ni lo segundo.
Y es que, a la par, en el Senado de la República corrían los plazos de la convocatoria para la renovación de magistraturas electorales vacantes en al menos 17 estados, incluyendo Zacatecas; plazo que también llegó a su límite.
Porque el pasado 7 de marzo (cuando aún corría el plazo para objetar la publicación de los decretos de las reformas a la Constitución local), la Comisión de Justicia que preside la senadora Olga Sánchez Cordero emitió el dictamen por el que remite a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) el listado de personas que cumplen los requisitos de elegibilidad para una magistratura electoral en 17 entidades federativas. Y sí: también se incluye a Zacatecas.
Lo interesante del dictamen es que el considerando sexto fue «de especial pronunciamiento» y se refiere específicamente al caso de Zacatecas, donde si bien los senadores reconocen que estaba en curso la publicación del decreto correspondiente, la reforma sería inconstitucional.
De acuerdo con el dictamen aprobado por la 64 Legislatura local, la fracción I del artículo cuarto transitorio facultaba al TRIJEZ a nombrar «magistrado en funciones» a alguno de los coordinadores de ponencia, secretario o secretaria de estudio y cuenta con mayor antigüedad, y a partir de 2025 el pleno quedaría integrado con solo tres magistrados, luego de concluir su periodo Rocío Posadas y José Ángel Yuen.
El problema es que esta disposición es facultad única y exclusivamente del Senado de la República y lo dice la Constitución federal en su fracción IV, inciso c), numeral 5o del artículo 116. Por eso la reforma aprobada por diputados locales no surtiría efectos y el Senado continuaría con la elección de la magistratura vacante desde noviembre pasado.
En qué lío se habrá metido la 64 Legislatura con esta reforma cuya iniciativa fue presentada desde el 7 de diciembre de 2021 por el diputado José Luis Figueroa Rangel. Y más sospechoso que hay quienes comentan que en la integración de la iniciativa habría participado el magistrado presidente del TRIJEZ, José Ángel Yuen, quien hoy se beneficiaría de la inconstitucionalidad de la reforma aprobada y a quien incluso le habrían prometido algunos espacios en el «gobierno de la transformación».
Pues producto de esta reforma fallida, hoy existe una lista de 13 aspirantes en condiciones de elegibilidad para ocupar la magistratura electoral que dejó Esaú Castro Hernández desde noviembre pasado:
- Adrián Hernández Pinedo
- Arturo Sosa Carlos
- Diana Gabriela Macías Rojero
- Elia Olivia Castro Rosales
- Francisco Villagrana Rojas
- Gerardo Espinoza Solís
- J. Guadalupe Chiquito Díaz de León
- José de Jesús Vela Cordero
- Juan René Caballero Medina
- Maricela Acosta Gaytán
- Miguel Eliobardo Romero Badillo
- Víctor Hugo Medina Elías
- Zencalt Gabriel Salazar Salas
Lo interesante de este listado es que Arturo Sosa es actual consejero del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ); Elia Olivia Castro ya habría sido consejera en el mismo órgano electoral; en el listado también figura el exdirigente estatal del PRD y exsecretario de gobierno en la administración de Ulises Mejía, Gerardo Espinoza; y el caso más emblemático sería el de Zencalt Gabriel Salazar Salas.
Este último no solo habría sido coordinador Jurídico en el Ayuntamiento de Guadalupe ya en la administración de Julio César Chávez Padilla (donde se hizo «famoso» por un escándalo sexual en horario laboral).
También pasó por las oficinas del Instituto de Selección y Capacitación (INSELCAP) y actualmente se desempeñaría como titular del Órgano Interno de Control de la Coordinación General Jurídica, Secretaría de Turismo, Coordinación Estatal de Planeación y la Secretaría de la Función Pública. Sí: la misma persona en cuatro cargos en el «gobierno de la transformación».
Finalmente, sigue pendiente la decisión del Ejecutivo estatal sobre la publicación de los decretos correspondientes a las reformas a la Constitución local o, en su caso, la objeción. Particular interés despierta la negativa en el caso de la revocación de mandato. ¿A qué le temen en el «gobierno de la transformación»? O mejor dicho: ¿a qué le teme la secta?, ¿no había sido el hoy gobernador David Monreal el principal promotor de la revocación de mandato?
Y vuelve la secta a la Legislatura
«Maratónica» jornada se vivió este martes en la 64 Legislatura con dos sesiones ordinarias, una tras otra, en la que solo quedó constancia de que la secta se niega a morir.
Todo empezó con la iniciativa de punto de acuerdo presentada por el diputado panista Lupe Correa para exhortar al Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Economía, para implementar acciones encaminadas a dar empleo a adultos mayores, facilitando su inserción en fuentes de trabajo que mejoren la calidad de vida y les permitan una vejez digna.
Solo que solicitó que la iniciativa fuera considerada de urgente y obvia resolución y ahí fue donde la puerca torció el rabo porque diputados del bloque oficial se negaron a hacerlo.
La discusión de la iniciativa prácticamente se convirtió en arena de lucha entre quienes cuestionaban al Ejecutivo que no implementara los programas estatales dirigidos a este sector de la población, pese a su existencia, y quienes defendían al «gobierno de la transformación» y la 4T alegando la existencia de los programas asistencialistas «del bienestar». Solo la diputada Maribel Galván se refirió a los estímulos fiscales para empresas que contraten a adultos mayores.
La discusión llegó a tal grado que la diputada Analí Infante acusó que en el pasado los gobiernos cobraban programas con copias de credencial de elector «y ahora no», pero le respondió la diputada Priscila Benítez que aunque antes había corrupción, ésta todavía ahora sigue, porque «antes se cobraba con copias y ahora se cobran moches«.
En el fondo, el punto de acuerdo propuesto por Lupe Correa fue el pretexto para criticar el pobre desempeño del «gobierno de la transformación», y también para que la secta legislativa sacara las uñas, nuevamente, por el gobernador David Monreal y la delegada Verónica Díaz Robles.
Tras casi una hora de discusión en la que se perdió el motivo de la iniciativa, esta fue aprobada de urgente y obvia resolución y a favor por unanimidad, incluso entre los diputados del «bloque oficial».
El tema de la iniciativa tampoco es cosa menor. Según datos del IMSS, en Zacatecas existen 7 mil 365 personas mayores de 60 años con un empleo formal: 5 mil 314 hombres y 2 mil 51 mujeres. Estos representan apenas el 3.7% del total de trabajadores asegurados en el estado.
Pero actualmente muchos adultos mayores se enfrentan no solo a la precariedad laboral, también son discriminados en las contrataciones y sus ingresos no compensan los gastos para su supervivencia ni para cubrir sus necesidades básicas o las más elementales.
Además, no hay que olvidar que en ese espectro hay adultos mayores que no buscan el asistencialismo de un programa social, ni tampoco un empleo para tener ingresos suficientes para una mejor calidad de vida. Hay quienes solo buscan seguir sintiéndose productivos mediante un empleo, eso que muchos llaman «vejez digna».
¿Otro exhorto que quedará «en visto» por el «gobierno de la transformación»?
