Agenda de prioridades en el Legislativo

Tal parece que después del proceso de desafuero contra un funcionario municipal y el inicio de los trabajos para determinar la procedencia (o no) de un juicio político contra la Secretaria de Educación, los diputados ya andan con su última neurona en cuidados intensivos, aunque no aflojan el paso en los trabajos legislativos.

Como cada miércoles, integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) que preside el diputado Enrique Laviada (MC) ofrecieron una rueda de prensa para informar sobre las prioridades legislativas en el periodo y aunque no estuvieron algunos coordinadores de bancada, se mantuvo la pluralidad en las intervenciones.

Dos temas destacaron en la agenda de prioridades legislativas para un plazo inmediato: el juicio político contra Maribel «N» y la iniciativa ciudadana para la despenalización del aborto.

En el primer caso, la diputada Gaby Basurto, coordinadora de la bancada del PRI, adelantó que este jueves se instalará la Comisión Instructora que preside la priísta, acompañada de las diputadas Violeta Cerrillo (MORENA) y Priscila Benítez (Nueva Alianza) como secretarias, y en su próxima sesión se iniciaría con el procedimiento con la apertura para alegatos.

La intención es que a más tardar en el mes de mayo se pueda resolver sobre la situación que enfrenta la secretaria de Educación, Maribel «N», por negarse a comparecer ante la 64 Legislatura con motivo de la glosa del primer informe de gobierno y se ha comprometido que este proceso se llevará de manera abierta, cuidando los plazos legales y los procedimientos marcados por ley.

Sobre el segundo tema, la diputada Maribel Galván (otrora coordinadora de la bancada de MORENA) agradeció la oportunidad de encabezar los trabajos del foro de Parlamento Abierto sobre la iniciativa, la cual (en palabras del diputado Enrique Laviada) se discutirá «muy pronto» para ser llevada al pleno.

Y como adelanto, se precisó que «de darse la iniciativa en los términos en que se ha presentado, el sector médico tiene el compromiso de aplicar la norma«. La expectativa es que también el mes de mayo sea el plazo para que la iniciativa finalmente tenga un desenlace con la votación del dictamen respectivo en el pleno.

Mientras tanto, el diputado migrante José Juan Estrada (PRI) expresó que se trabajará en actualizar el marco normativo relativo a los migrantes, tanto para los mexicanos radicados en el exterior como los extranjeros en su paso por tierras zacatecanas.

El mismo diputado, ya en sesión ordinaria del pleno, presentó una inciativa de punto de acuerdo a nombre de la bancada del PRI para exhortar a la Guardia Nacional a que intensifique la vigilancia especialmente en la carretera federal 54, en el tramo Concepción del Oro-Villa de Cos, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios.

La iniciativa es la quinta o sexta en su tipo presentada en la 64 Legislatura, también a autoridades federales, y es claro ejemplo de que a pesar de lo que informan las autoridades, continúa la inseguridad especialmente en este tramo carretero que carece de conectividad telefónica, y ya no hablemos de la conectividad a internet.

Ya en otra ocasión se habían presentado otras iniciativas solicitando la instalación de antenas repetidoras de señal telefónica para mejorar las comunicaciones o el despliegue de operativos de vigilancia que vayan más allá del llamado Programa «Héroe Paisano», pues los hechos delictivos ocurridos en esta vía federal ya no solo afectan a zacatecanos que transitan por este punto carretero, sino también a habitantes de estados vecinos (e incluso migrantes) que deben transitar por territorio zacatecano, a lo que se suman las múltiples denuncias de extorsión por parte de autoridades federales.

A este llamado (esperemos que no sea llamado a misa) se habrían sumado los diputados Xerardo Ramírez, Armando Juárez, David González y Ernesto González Romo, aunque éste elevó el tono de su posicionamiento para rematar con un «¡carajo!» ante la evidente molestia por la indolencia de la autoridad para atender el sentido reclamo de los zacatecanos de garantizar la seguridad especialmente en esta vía federal.

Y a propósito de seguridad, la jornada legislativa de este jueves también incluyó una propuesta presentada por la diputada Zulema Santacruz para exhortar al Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Presupuesto, a que incorporen el índice de percepción de seguridad pública como un elemento a valorarse en la asignación presupuestal.

El tema viene a colación porque en la asignación presupuestal a las entidades federativas en materia de seguridad se toma en cuenta los índices de incidencia delictiva, y según los «otros datos» de la autoridad federal, la criminalidad va a la baja en el país. Sin embargo, esta reducción no necesariamente se ha traducido en que la población se sienta «más segura».

No hay que olvidar que apenas el 19 de abril, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) al primer trimestre de este año, donde las ciudades de Fresnillo y Zacatecas se mantienen como las de mayor percepción de inseguridad en todo el país, con un 96.0% y 94.3%, respectivamente.

Por otra parte, tal parece que la solicitud de procedencia para desaforar a un funcionario municipal (hoy prófugo de la justicia) dejó varias lecciones a los diputados sobre el rezago en la normatividad local, de ahí que la diputada Priscila Benítez presentara una iniciativa con diversas modificaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Zacatecas.

Básicamente la iniciativa consiste en sustituir la palabra «procurador» por «fiscal» en las disposiciones relativas al procedimiento de declaración de procedencia que ya vimos la semana pasada en el tema de Julio César «N» y que demuestran que en la legislación local aún hay rastros de lo que fuera el sistema de justicia penal acusatorio, cuando desde hace ya varios años está vigente el sistema de justicia penal adversarial, que implica varias diferencias en los procedimientos.

Sobre este tema, el diputado Enrique Laviada adelantó que se trabajaría en una reforma integral a la normatividad local, por lo que es posible que la iniciativa presentada este miércoles por Benítez Sánchez sea anexada en la discusión de esta reforma integral.

Asimismo, la diputada Marimar de Ávila (PAN) habría presentado una iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al Senado de la República a nombrar a los tres comisionados faltantes del INAI y aunque solicitó que la iniciativa fuera considerada de urgente y obvia resolución, no reunió los votos necesarios, pues fueron 11 en contra y 9 a favor.

Recuérdese que desde marzo pasado el tema ya ponía en vilo al pleno del INAI debido a que esta falta de nombramientos dejaría al órgano garante del derecho de acceso a la información y protección de datos personales con solo cuatro comisionados, imposibilitados para resolver asuntos en el pleno (y vaya que es grande la carga de trabajo ante la negativa reiterada de la 4T a transparentar la aplicación del recurso público).

Lo cierto es que durante la sesión de este miércoles parece que los diputados locales comieron payaso porque andaban entre bromistas y rijosos, pero las palmas se las llevó la intervención de la diputada Karla Valdez (PAN) en asuntos generales cuando cuestionó el fracaso del INSABI, que en sus palabras «nació muerto» (a propósito de la despenalización del aborto) y no pasó desapercibida cierta alusión a un episodio trágico-cómico-musical por una uña enterrada del pie mal atendida por el sistema de salud neoliberal. ¡Así las cosas en el Legislativo!

Descontento en el SUTSEMOP

A casi nada del tradicional desfile del 1 de Mayo con motivo del Día del Trabajo, las cosas están color de hormiga en el SUTSEMOP que dice encabezar Israel Chávez Leandro como secretario generl, pues otra vez la base sindical fue citada a reunión «urgente» este miércoles pasadas las 7 de la noche, reunión en la que les fueron retirados sus teléfonos celulares «por aquello de la fuga de información».

Sobra decir que esta medida fue inútil, pues hasta donde se sabe el principal acuerdo habría sido un incremento salarial igual al del 2022, del 3% al 5% según las categorías, aunque para las más bajas este aumento salarial apenas representaría unos 150 pesos mensuales en promedio.

Además, se habría logrado un estímulo de 200 becas más para hijos de trabajadores y 100 pesos de incremento al monto de las becas, así como 100 pesos adicionales al bono de despensa de los burócratas. ¡Vaya logros!

Como a Israel Chávez Leandro y su comitiva le urgía cerrar las negociaciones previo al desfile por el Día del Trabajo, incluso argumentando que «es lo que hay«, este acuerdo seguro generará malestar y rechiflas en contra del gobernador David Monreal, a tal grado que el líder sindical (bueno, eso dice él) pidió a los seccionales del SUTSEMOP «controlar a su gente para evitar gritos y reclamos» durante el desfile y convencer a la base sindical de que fue «una gran negociación». ¡Qué bárbaros!

Amenazas a la libertad de expresión

Este miércoles, quien escribe estas líneas nuevamente fue víctima de amenazas por su labor periodística. La denuncia correspondiente ya fue presentada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) a fin de que se investigue y se sancione al presunto responsable de pretender coartar no solo la libertad de expresión, sino también el libre ejercicio del periodismo.

Como la autoridad judicial ha encontrado elementos que confirman que las amenazas pudieron derivarse de la labor periodística, se han solicitado medidas cautelares y de protección, así como la alerta a la Secretaría de Gobernación (otra vez) a fin de garantizar que no se vea afectada mi labor periodística.

A quienes me han hecho llegar sus mensajes de solidaridad, apoyo y respaldo, mi infinito agradecimiento. Ya hemos hecho lo conducente al dar parte a la autoridad y mientras esto ocurre, nos mantendremos firmes en la labor periodística que nos ha distinguido.