Hoy podría decidirse el futuro inmediato que le espera a Julio César «N», a casi cinco días de que el fiscal Francisco Murillo Ruiseco presentara ante el Poder Legislativo la solicitud de procedencia para separar del cargo y retirar el fuero al funcionario municipal, a fin de continuar el proceso judicial en su contra por su presunta participación en el homicidio del abogado Raúl Calderón.
De inicio, la jornada legislativa de este jueves fue bastante intensa, pues mientras en el quinto piso del recinto legislativo se desarrollaban los trabajos del foro de Parlamento Abierto sobre la iniciativa ciudadana para la despenalización del aborto, en el Vestíbulo se realizaba el foro «Políticas públicas en materia de desaparición de personas en México y en Zacatecas» y minutos más tarde, la larga sesión de la Comisión Jurisdiccional para continuar con la discusión sobre el dictamen de desafuero.
Durante cerca de seis horas, el fiscal Francisco Murillo escuchó testimonios de colectivos y familiares de personas desaparecidas y no localizadas, quienes con la consigna «¿Dónde están nuestros hijos?», reclamaban una y otra vez la indolencia de las autoridades para las tareas de búsqueda de sus familiares, la revictimización o la falta de apoyo institucional.
Y aunque para el fiscal representó una jornada extenuante, al final salió del recinto legislativo con una sonrisa en el rostro, luego de un breve encuentro con los diputados que aún se encontraban en sesión de la Comisión Jurisdiccional en el quinto piso del Congreso del estado.
Tal como ocurrió el pasado miércoles, en la sesión de este jueves no solo participaron en la discusión los cinco diputados que integran la Comisión Jurisdiccional: Enrique Laviada, Xerardo Ramírez, Imelda Mauricio, Marimar de Ávila y Jehú Salas. También estuvieron la mayoría de los diputados de la 64 Legislatura, de todas las fracciones parlamentarias, aunque solo con derecho a voz.
En esta ocasión, los trabajos de la comisión iniciaron con el derecho de audiencia al imputado, que en lugar de acudir al recinto legislativo para su defensa envió a su representante legal, el abogado Darío Gamón Rodríguez, quien solicitó apegarse al plazo de 10 días que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y presentó a la Comisión Jurisdiccional una recusación en contra de los diputados Enrique Laviada y Juan Mendoza por opiniones vertidas en torno al caso.
Pero mientras el abogado del imputado presentaba estos elementos ante la Comisión Jurisdiccional, previamente ya había «filtrado» entre varios medios de comunicación presentes en el recinto legislativo un presunto dictamen de la solicitud de procedencia, con un desconocimiento tal que hasta ofreció el documento a personal de Comunicación Social de la Fiscalía, en las narices del fiscal Francisco Murillo.
Lo anterior fue la excusa perfecta para que el abogado Darío Gamón continuara con la estrategia de victimizar al imputado ante la Comisión Jurisdiccional y ante los medios de comunicación, con la finalidad de seguir entorpeciendo un proceso que hoy está en el ojo público.
Su burda estrategia fue tan torpe que el documento en cuestión («filtrado» inicialmente por la diputada Violeta Cerrillo a través del abogado defensor del imputado) fue publicado especialmente entre los medios de comunicación que en su momento acusaban que la muerte del abogado Raúl Calderón se debió a una «congestión alcohólica» y que hoy han perdido toda credibilidad cuando en el caso se ha demostrado que el abogado murió por impactos de arma de fuego: un homicidio calificado, según la solicitud de procedencia de la Fiscalía.
Si con esta «filtración» pretendían ayudar al hoy imputado por los delitos de homicidio calificado y robo calificado, resultó todo lo contrario, pues se puso especial énfasis en difundir un supuesto fragmento del documento con la relatoría de hechos donde se habría demostrado la presunta participación de Julio César «N» y su esposa María de Jesús «N» en el homicidio del abogado. ¿Querían «limpiar su imagen» victimizándolo o pretendían hundirlo más ante el ojo público?
Lo cierto es que al interior de la Comisión Jurisdiccional, cuya sesión continuó en gran parte a puerta cerrada, los trabajos se demoraron por la constante intervención de la diputada Violeta Cerrillo que una y otra vez alegaba no entender tal o cual procedimiento y solicitaba le fuera explicado, o contravenía constantemente lo expuesto por los integrantes de la comisión.
Finalmente, después de cinco horas de discusión y con la aprobación unánime de los cinco diputados que integran la comisión, se dio lectura al dictamen definitivo ante el pleno de la 64 Legislatura, un documento muy diferente al que fue «filtrado» horas antes en diferentes medios de comunicación.
En voz del presidente de la Comisión Jurisdiccional y también presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), el diputado Enrique Laviada, el dictamen de casi 50 cuartillas básicamente declara improcedente el incidente de recusación planteado por el imputado en contra de los diputados Enrique Laviada y Juan Mendoza.
En los resolutivos, también se determina la procedencia a retirar la inmunidad procesal al imputado, a fin de que quede a disposición de las autoridades competentes y comparezca al proceso penal incoado en su contra, en defensa de sus derechos. A partir de la aprobación del dictamen, también quedaría separado del cargo.
Como parte del dictamen, se enfatiza que «la finalidad de este procedimiento no es definir ni prejuzgar sobre la culpabilidad o inocencia del servidor público. Únicamente determina si se remueve o no la inmunidad procesal y si se pone o no a disposición de la autoridad competente al servidor público«.
Leído el dictamen, ya en asuntos generales, la discusión se centró en la posibilidad de citar a una segunda sesión el mismo jueves o esperar un plazo razonable y citar a sesión para este viernes.
La propuesta fue del diputado Xerardo Ramírez, argumentando «la relevancia y urgencia del caso», y fue respaldado por las diputadas Priscila Benítez y Marimar de Ávila, y aunque parcialmente estuvo de acuerdo la diputada Georgia Miranda, ésta más bien apeló a respetar el reglamento a fin de evitar cualquier controversia que echara para atrás el proceso.
Finalmente, el presidente de la Mesa Directiva, el diputado José Juan Estrada, citó a sesión ordinaria para este viernes a las 10 de la mañana, en lo que se prevé será la jornada con mayor audiencia en la historia del Poder Legislativo.
Para la aprobación del dictamen se requeriría de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión, por lo que se también se espera que asista la mayoría de los legisladores. Las ausencias serán notables, así como el sentido en el que votará cada diputado. Sin embargo, a estas alturas del proceso, ¿quién se atrevería a votar en contra del dictamen (o incluso abstenerse), arriesgándose a una «muerte política»?
Eso sí: ya desde este jueves algunos diputados han advertido que en la sesión de este viernes habrá muchas revelaciones en torno a lo que se discutió a puerta cerrada en la Comisión Jurisdiccional, porque hay quienes en privado dicen una cosa y en público muestran otra cara.
En medio de todo esto, seguimos insistiendo a la Fiscalía: ¿y qué pasa con las demás órdenes de aprehensión que no requerían de un procedimiento de desafuero?
