Luego de que la atención de los diputados se centrara en los últimos días en resolver sobre la solicitud de procedencia remitida por al Fiscalía General de Justicia del Estado para separar del cargo a un funcionario municipal y retirarle el fuero, la agenda legislativa retoma su «agenda prioritaria» y vuelve a la escena otro tema polémico.
Al cierre de la sesión ordinaria de este martes en la 64 Legislatura, el diptuado Enrique Laviada, como presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), dio lectura a la propuesta con los nombres de quienes integrarán la Comisión Instructora encargada de darle seguimiento al procedimiento de juicio político en contra de la secretaria de Educación, Maribel «N».
El propio diputado de Movimiento Ciudadano en su momento se comprometió a que el tema no pasaría de este periodo ordinario y todo indica que, según los plazos legales, así será. Sin embargo, el tema no ha estado excento de fricciones y decisiones «de último minuto».
Por ejemplo, originalmente en la propuesta contemplada para integrar la Comisión Instructora figuraban los nombres de los diputados Jehú Salas, Cuquita Ávalos y Ernesto González Romo, pero los nombres habrían cambiado en la propuesta considerada hasta la mañana de este martes, donde aparecían las diputadas Cuquita Ávalos, Violeta Cerrillo y Priscila Beníez.
Finalmente, y por unanimidad, el pleno aprobó una tercera propuesta para que en la Comisión Instructora estén las diputadas Gaby Basurto, Violeta Cerrillo y Priscila Benítez, quienes serán las encargadas de la siguiente etapa del procedimiento de juicio político.
A partir de la designación de la Comisión Instructora, esta tendrá un plazo de hasta 30 días para citar a comparecer (nuevamente) a la secretaria de Educación en su legítimo derecho de audiencia, y ojalá en esta ocasión no presente los absurdos argumentos que ya planteó en las etapas previas, que poco abonan a justificar su negativa a comparecer en el marco de la glosa del primer informe de gobierno.
Posteriormente, la Comisión Instructora tendría un plazo de hasta 60 días para resolver sobre la procedencia (o no) del juicio político y someterlo a la consideración del pleno. En total, un plazo máximo de 90 días para resolver sobre el tema, por lo que sí o sí tendremos un desenlace mucho antes del segundo informe de gobierno y todo indica que habrá nuevo titular de la SEDUZAC en las comparecencias con motivo de la glosa, programadas para el mes de octubre.
Pero los cambios en la integración de la Comisión Instructora también tienen su razón de ser. Sabido es que hay una secta que tiene las manos metidas especialmente en este caso y habría particular interés en salvar el pellejo de Maribel «N» a toda costa.
De hecho, la secta recurriría a medidas que ya han sido su marca (y que poco han prosperado en los tribunales): acusaciones de violencia de género y de violencia política en razón de género.
Se especula que detrás de la estrategia jurídica estarían no solo la diputada Violeta Cerrillo, sino también el Ángel de la Muerte (próximamente, el Ángel Aviador) y Norma Esparza, actual directora de Estudios Legislativos y Consultoría Legal en la Coordinación General Jurídica, y también responsable de gran parte del desaseo en los despidos realizados por la «nueva gobernanza».
Entre los tres ya se habrían preparado recursos legales para que otras instancias dicten medidas cautelares contra los diputados locales y así impedir la procedencia del juicio político, recursos como una denuncia en el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas por violencia política en razón de género, y otra denuncia por violencia de género ante la FGJEZ.
Solo que en ningún caso procederían (a menos que estos organismos actúen «por instrucciones» y les tengan que corregir la plana en instancias federales), pues a Maribel «N» no se le juzga por su condición de mujer, sino por su función como servidora pública y la negativa a cumplir con una obligación constitucional.
Por lo anterior, se determinó que la Comisión Instructora quedara integrada por tres diputadas a fin de no dar más elementos que refuercen las acusaciones de violencia política en razón de género.
Mientras esto ocurre, en la Secretaría de Educación sigue pendiente la asignación de plazas (a estas alturas del ciclo escolar) e incluso se sabe que habría tenido que regresar más de 21 millones de pesos a la Tesorería de la Federación por no haberlos aplicado en tiempo y forma, incluyendo cerca de 6 millones de pesos de recursos adicionales gestionados como parte del Programa U080 para cubrir el déficit de la nómina educativa.
Pero no hay que preocuparse, ya viene Residente para celebrar el Día del Estudiante y olvidar que el sector educativo es un desastre en Zacatecas.
¿Y la revocación de mandato?
La sesión ordinaria de este martes en la 64 Legislatura también dejó ver que continúan las diferencias con el Ejecutivo estatal, pues a prácticamente dos meses de su aprobación, la Coordinación General Jurídica no ha publicado en el Periódico Oficial la reforma constitucional en materia de revocación de mandato, un proceso clave para continuar con las leyes reglamentarias.
El tema fue llevado a tribuna por el diputado José Luis Figueroa, apoyado con las intervenciones de sus homólogos Armando Delgadillo, Enrique Laviada y Ernesto González Romo, quienes recordaron que la revocación de mandato no solo ha sido un compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador para cumplir con aquello de que «el pueblo pone y el pueblo quita», sino que también fue un compromiso que hiciera el gobernador David Monreal a su paso por el Congreso de la Unión e incluso celebró en su momento la aprobación de la reforma a la Constitución local.
Por ello, le pleno de la 64 Legislatura aprbó por unanimidad un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo estatal a que ya se publique este decreto. ¡Pero qué necesidad!
Sobra decir que, a diferencia de la reforma que pretendía revivir las llamadas «herramientas legislativas», en esta ocasión el Ejecutivo estatal no ejerció su facultad de vetar un decreto aprobado por el Legislativo, pues hace mucho venció el plazo de 10 días que tenía para ello.
La gran interrogante es si la Coordinación General Jurídica tendrá tanto trabajo como para no publicar en el Periódico Oficial el decreto correspondiente. ¿Qué ocurrirá primero: la publicación del decreto o la salida de Ricardo Humberto Hernández León de la Coordinación General Jurídica?
Líos en el SUTSEMOP
El secretario general del SUTSEMOP, Israel Chávez Leandro, tiene en puerta sendo lío con la base trabajadora, que entre grillas y especulaciones por el poco flujo informativo, ya piensan en medidas de presión contra el gobierno por su escueta propuesta de incremento salarial y otros beneficios para este año.
Hasta donde se sabe, se habría convocado a reunión urgente de consejo la noche de este martes debido a que la propuesta del gobierno era «muy baja», con un incremento salarial escalonado que iría del 2% al 4%, homologado con personal de confianza.
Sin embargo, otro sector sindicalizado alega que la propuesta del gobierno se mantiene en un 5% de incremento salarial. No obstante, en cualquiera de los dos casos no se cubriría ni siquiera el impacto de la inflación, pues para ello se requeriría de un aumento salarial de hasta 10%, lo que obviamente no va a suceder.
Lo peor del caso es que hay municipios donde a pesar de los convenios acordados, no se respeta el incremento salarial porque «no hay ley que les obligue» y escudándose en que «todo es acuerdo de buena voluntad».
Y aunque existe el amago de hacer vacío en la tradicional marcha por el Día del Trabajo el próximo 1 de Mayo en caso de no concretar un acuerdo para el incremento salarial, por el momento se sabe que continuarán las negociaciones hoy a las 5 de la tarde, ya con la presencia de la Secretaría General de Gobierno que hoy encabeza Rodrigo Reyes para mediar en el conflicto. ¿Llegarán a acuerdos o, una vez más, se demostrará de qué lado está el líder sindical Israel Chávez Leandro?
