Este lunes se cumplen siete días de que una jueza de control obsequiara dos órdenes de aprehensión a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) en contra de Julio César «N» y María de Jesús «N», por ser presuntos coautores de homicidio calificado y robo calificado en contra del abogado Raúl Calderón Samaniego, también ex bajista del grupo musical Los Románticos de Zacatecas.
Sin embargo, los cateos iniciaron hasta la tarde del viernes, una vez que el pleno de la 64 Legislatura aprobó por unanimidad de 28 votos la solicitud de procedencia para separación del cargo y retiro del fuero constitucional al (entonces) servidor público municipal.
Eso significa que la Fiscalía que dice encabezar Francisco Murillo Ruiseco «perdió» hasta cuatro valiosos días para iniciar la búsqueda de la segunda persona implicada (hasta donde se conoce de manera pública) y que no gozaba de fuero constitucional. Pero no sería la única orden de aprehensión obsequiada por un juez de control en el caso de Raúl Calderón.
La ambigüedad en los términos utilizados por el fiscal en este caso en particular ha llevado a la población (y a figuras públicas) a emitir juicios previos, reforzados por la «filtración» de un supuesto dictamen de la Comisión Jurisdiccional (diferente al que fue aprobado por el pleno) donde se exponía una relatoría de hechos en torno al asesinato del abogado riograndense.
Y más pronto que tarde surgió una «campaña» en defensa de la inocencia del hoy imputado, quien hoy sigue prófugo de la justicia e incluso busca un amparo para obtener la suspensión provisional a la orden de aprehensión en su contra. Vaya, hasta circularon en redes sociales sendos «análisis» cual peritos de la Fiscalía enfatizando la discrepancia en los horarios documentados en el presunto dictamen «filtrado» y el parte forense.
Pero no son fortuitas las posturas en torno al caso: quienes defienden la inocencia del imputado y quienes ya lo prejuzgan como «el homicida». Menor revuelo hubiera causado si el fiscal Francisco Murillo hubiera precisado si se trató de coautoría intelectual o material, aunque la palabra clave sigue siendo «coautor», lo que implica que hubo más personas vinculadas con este asesinato. ¿En qué dimensiones? Eso ni Obama lo sabe.
Al interior de la 64 Legislatura, eso sí, el caso ha dejado varias reflexiones que apuntan a la necesidad de reformar la normatividad local para homologarla con las disposiciones federales y que, de paso, dan una idea del enorme rezago en la legislación local. Ojalá este caso haya sido tremendo jalón de orejas para quienes hoy pierden el tiempo en puntos de acuerdo «de urgente y obvia resolución», cuyos dictámenes son votados ante el pleno hasta un año después de presentadas las iniciativas.
Como habíamos adelantado, la transmisión de la sesión ordinaria del pasado viernes rompió récord en audiencia hasta llegar a casi mil espectadores. En total, 10 diputados se inscribieron para hablar del dictamen en la discusión en lo general, y aunque los 28 diputados presentes (el diputado Armando Juárez presentó justificante y se ausentó de la sesión la diputada Martha Elena Rodríguez Camarillo) votaron a favor del desafuero, algunos sacaron el cobre en sus intervenciones.
Una cosa es de destacarse: pese al rezago legislativo, la Comisión Jurisdiccional que preside el diputado Enrique Laviada y el pleno de la 64 Legislatura resolvieron sobre la solicitud de procedencia en tiempo récord (apenas cuatro días), procurando respetar un procedimiento que se ajustara a las generalidades de la norma, pese a la insistencia de algunos legisladores en que no se respetó el derecho de audiencia (argumento más falso que los productos light) o que el procedimiento requería de al menos 25 días para agotarse.
Esta última postura más bien sugería que el propósito era seguir demorando una decisión que, eso sí, era de «urgente y obvia resolución», obstaculizando aquello de que la justicia debe ser «pronta y expedita» y regalándole al imputado más días para seguirse evadiendo de la justicia.
No pasó desapercibida la intervención de la diputada Marimar de Ávila, quien cuestionó a su homóloga Gabriela Pinedo debido a que este asesinato ocurrió mientras se desempeñaba como secretaria General de Gobierno, cuestionamiento que (así parece) hizo enojar a Pinedo Morales.
En medio de todo esto, no hay que perder de vista a las víctimas indirectas: por una parte, los familiares de Raúl Calderón, revictimizado con la «filtración» de un supuesto dictamen de la Comisión Jurisdiccional, así como los familiares de los hoy imputados por los delictos de coautoría por homicidio calificado y robo calificado, quienes en una ciudad tan pequeña como Zacatecas pueden ser víctimas del escarnio público sin tener vela en el entierro.
Luego de una intensa semana con la silla vacía, el panorama parece complicado en el Ayuntamiento de Guadalupe, que a partir del sábado tiene un nuevo alcalde: José Saldívar Alcalde, quien se desempeñara como secretario particular en la actual administración y que fuera arropado por la secta ricardista durante su toma de protesta.
Este punto es de especial relevancia, pues hasta donde se sabe había la intención de impedirle ocupar el cargo a fin de que el Cabildo y posteriormente la 64 Legislatura tuvieran que elegir al suplente de Julio César «N» en una terna en la que se especulaba que llevaría mano el nombre de la diputada Violeta Cerrillo, en un nuevo intento de «intervencionismo» por parte de la secta del bienestar.
Lo cierto es que buena parte de la clase política zacatecana se mantiene expectante al caso no solo por el esclarecimiento del homicidio de Raúl Calderón, sino por la posibilidad de que el hoy imputado Julio César «N» pudiera hacer revelaciones que cimbren al estado e incluso escale a otros niveles.
Por lo pronto, el Poder Legislativo ha cumplido con su parte (en gran medida por las presiones sociales y mediáticas) y el caso vuelve a la cancha de la Fiscalía y del Poder Judicial. Su esclarecimiento, si bien podría dar mayor confianza en las instituciones, representaría un imperceptible avance en ese 99.3% de impunidad que hoy existe en Zacatecas respecto a los homicidios ocurridos en el último año.
¿Cuánto tiempo pasará hasta que la Fiscalía cumplimente las órdenes de aprehensión obsequiadas por el homicidio de Raúl Calderón?
