Por estar concentrados en vendettas inútiles y el juicio político en contra de Maribel «N», los diputados locales se han olvidado de dar marcha atrás a un esquema de corrupción que ellos mismos aprobaron y del cual muy pronto se arrepintieron al ver su gran error.
Fue en sesión del pasado 14 de diciembre de 2021, la misma en que se aprobó con la «aplanadora oficialista» el Presupuesto de Egresos 2022 para el estado, cuando se autorizó por unanimidad de los diputados la solicitud del Ayuntamiento de Guadalupe para la concesión parcial del servicio de recolección de residuos sólidos a la empresa Trash Recolección Integral de Residuos Sólidos SA de CV, hasta por un periodo de nueve años, con la reserva presentada por la diputada Violeta Cerrillo para que dicha concesión estuviera sujeta a una ratificación del Poder Legislativo al cuarto año y medio.
Un año antes, en diciembre de 2020, en Lalalá News dimos a conocer una investigación respecto a los oscuros orígenes de esta empresa que ya arrastraba diversas anomalías en el estado de Durango y cuyo esquema se replicaría en el municipio de Guadalupe, Zacatecas, durante la administración de Julio César Chávez Padilla.
Pese a ello, el alcalde de la «honestidad y acciones firmes» en ese entonces contaba con el respaldo de la secta del malestar que extendía sus tentáculos en el Poder Legislativo con una «aplanadora oficialista» y gracias a ello fue posible la aprobación de su solicitud para concesionar el servicio.
No tardaría en derrumbarse aquella mayoría endeble que derivó en la integración de lo que hoy llaman el «bloque plural ampliado», una nueva mayoría que ha hecho un relativo contrapeso a los intereses que intervienen en el Poder Legislativo.
Con esta reconfiguración de fuerzas políticas, estuvo sobre la mesa la posibilidad de revocar la concesión autorizada al Ayuntamiento de Guadalupe una vez que en Lalalá News (otra vez) dimos a conocer las irregularidades en el dictamen votado por el pleno.
Por ejemplo, el dictamen se justificaba con un cálculo de gastos mal elaborado en el que incluían en la inversión anual el costo de los camiones recolectores (como si estos fueran una adquisición anual) o el terreno donde serían albergados (como si este se comprara anualmente), lo que duplicaba el costo del servicio concesionado, mucho más que si el Ayuntamiento asumiera esta obligación constitucional con personal a su cargo.
Sin embargo, así lo aprobaron los diputados locales, quienes en su momento dudaban si mantener el acuerdo o revocar la autorización de la concesión, porque los ha hecho copartícipes de este presunto acto de corrupción, más aún cuando el propio contrato multianual revela que los más de 700 millones de pesos a erogar por dicho servicio también incluían el pago del retroactivo en los meses previos a la autorización de la concesión.
Pues bien, «algo» estará pasando en la «tierra de bien y progreso» que recientemente se ha pasado charola a las empresas y entes públicos que tienen un convenio con la empresa Trash para la recolección de residuos sólidos (recuérdese el convenio firmado con cámaras empresariales), con el argumento de que «se van a necesitar muchos recursos para todo lo que se viene«, según palabras de los denunciantes.
Esta presunta extorsión se ha hecho a nombre del alcalde Julio César Chávez Padilla a través de terceros, incluyendo a sus familliares, y no ha sido en los mejores términos, sobre todo ante la premura de «lo que se viene«.
La misma charola se habría hecho llegar a otros empresarios a quienes han adjudicado algunas de las obras realizadas en el municipio de Guadalupe, supuestamente con la venia de la secta del malestar, que en recientes fechas se ha desmarcado del alcalde de la «honestidad y acciones firmes» cuya carrera política parece llegar a su fin.
¿Corregirán la plana los diputados locales y harán caso a la advertencia de la Auditoría Superior del Estado sobre la contratación ilegal de la empresa Trash?, ¿o serán copartícipes de estos actos de corrupción? Y por encima de todo, de confirmarse estas extorsiones, ¿por qué necesitaría Julio César Chávez Padilla tantos recursos «para todo lo que se viene«?
Desafuero, en puerta
Después de una larga comparecencia en la que habría asegurado que «a la brevedad» se judicializaría el caso del asesinato del abogado Raúl Calderón Samaniego, el fiscal Francisco Murillo Ruiseco nuevamente acudió a la sede legislativa y, a puerta cerrada, entregó a los diputados locales la solicitud de desafuero a un funcionario público involucrado en el caso.
El tema ya ha generado rispidez en el Poder Legislativo, pues la dictaminación de la solicitud recaería en la Comisión Jurisdiccional que hoy preside el diputado naranja Enrique Laviada Cirerol, también presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y enemigo declarado de las sectas.
Y todo indica que, contrario a la dinámica tortuguista que ha caracterizado al Legislativo, este caso tendría una celeridad nunca antes vista para resolverse esta misma semana. La gran revelación será al momento de votar el dictamen, pues ¿quién osaría votar en contra de retirarle el fuero a un funcionario público que hasta hace muy poco todavía gozaba de la protección de la secta del malestar?
Lo cierto es que, hasta donde se sabe, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas ya habría logrado que se giraran dos órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables del homicidio de Raúl Calderón. Ejecutarlas ya será otro cantar, no vaya siendo que se repita otro caso como el de Benjamín «N», ¿verdad?
Al final, mientras no haya justicia al menos para Raúl Calderón, seguirá en entredicho el eslogan de «cero impunidad» que alegó el fiscal Francisco Murillo durante su comparecencia de hace unos días. ¿Veremos una nueva etapa en la procuración de justicia en Zacatecas?
Saludos Señor