Por unanimidad de 25 votos a favor, los diputados locales de la 64 Legislatura aprobaron la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política federal en relación con la llamada «3 de 3 contra la violencia».
Así, Zacatecas se convierte en la décima entidad en aprobar esta iniciativa con la que se pretende suspender el derecho a ocupar un cargo de elección popular o de cualquier empleo o comisión dentro de la administración pública en cualquiera de sus niveles, cuando se trate de un agresor sexual o familiar, cuando no haya cumplido con el pago de pensión alimenticia o cuando haya cometido violencia política en razón de género.
Hasta el momento, además de nuestra entidad, la iniciativa ya ha sido aprobada por los Congresos locales de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz; sin embargo, al ser una reforma constitucional, se requiere de la aprobación en al menos 17 entidades para ser válida.
La urgencia de aprobar esta minuta a nivel nacional se debe a que el 30 de mayo sería la fecha límite para hacerlo si se pretende que estas disposiciones entren en vigor para el proceso electoral 2023-2024, que inicia formalmente en septiembre, pues las modificaciones a las reglas electorales deberían publicarse a más tardar nueve días antes de que comience el proceso electoral.
Durante la discusión en lo general del dictamen correspondiente no faltaron los pronunciamientos a favor por parte de diputados como Xerardo Ramírez, Gaby Basurto, Gaby Pinedo, Violeta Cerrillo, Maribel Galván, Ernesto González Romo y José Luis Figueroa, algunos casi casi desgarrándose las vestiduras sobre la defensa de los derechos de las mujeres y como un acto de justicia hacia este sector.
Pero (siempre hay un «pero») no faltó la pertinente intervención del diputado Juan Mendoza, a quien poco le faltó para calificar a sus homólogos de «farsantes», tras recordar que esta pretendida defensa de los derechos de las mujeres no se vio materializada cuando se discutía la iniciativa ciudadana para despenalizar el aborto. O sea, sí están a favor de las mujeres, pero a conveniencia.
La verdad es que después de la elección del «magistrade» Virgilio Rivera Delgadillo, la mayoría de los diputados locales no tendrían cara para hablar sobre la defensa de los derechos de las mujeres.
Y a propósito de magistraturas, contrario a lo esperado, en sesión ordinaria de este miércoles el diputado Jehú Salas como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales pidió retirar del orden del día la discusión y votación del dictamen correspondiente a la reforma constitucional en materia de paridad de género en las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ).
Se rumora que el principal motivo de esta acción fue que, al ser reforma constitucional y con 25 diputados en el pleno, no había certeza de que el dictamen reuniera los votos suficientes porque se estaba a expensas del humor con el que votaría la secta legislativa, pese a que el tema principal de la sesión ordinaria de este miércoles fue la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. ¡Así de farsantes son las convicciones de nuestros diputados locales!
¿Adiós al fuero?
Luego de la polémica por el caso de Julio César «N», quien sigue prófugo de la justicia, la diputada Marimar de Ávila llevó a la tribuna del Legislativo la posibilidad de retirar la inmunidad procesal a servidores públicos y así evitar el largo proceso para la declaración de procedencia, como se vivió hace unas semanas.
Según la iniciativa que presentó la panista en sesión ordinaria de este miércoles, esta declaración de procedencia para procesar judicialmente a servidores públicos aplicaría para diputados, magistrados, el fiscal de justicia, consejeros electorales, jueces, miembros de ayuntamientos y secretarios de despacho del Ejecutivo. Y se requeriría del voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en el pleno.
Y es que actualmente la Constitución Política del Estado establece que, en materia de declaración de procedencia, esta aplicará para los servidores públicos señalados en el artículo 151 del mismo ordenamiento legal, pero que es relativo al procedimiento de juicio político, por lo que es necesario precisar quiénes serán sujetos de la declaración de procedencia, relativa a la inmunidad procesal que comúnmente se conoce como «fuero».
No obstante, en la iniciativa presentada por Marimar de Ávila también se especifica que no se requeriría la declaración de procedencia del Poder Legislativo cuando un juez dicte orden de aprehensión por la posible comisión de delitos como abuso sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción (enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones); delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves contra la seguridad de la nación o cometido en flagrancia.
Si esta reforma se hubiera aprobado desde el inicio de la 64 Legislatura, quizá el caso de Julio César «N» habría tenido otro desenlace y quién sabe si hoy seguiría prófugo de la justicia.
Claro que no es el único escenario donde servidores públicos podrían enfrentar a la justicia. Por ejemplo, también en sesión ordinaria de este miércoles, el diputado Ernesto González Romo presentó una iniciativa conjunta con los diputados Maribel Galván, Armando Juárez y José Luis Figueroa, a fin de reformar la Constitución Política del Estado y la Ley Electoral del Estado, y decretar prisión preventiva oficiosa como medida cautelar por el uso de recursos públicos con fines electorales, un delito que dio a entender actualmente es cometido por servidores públicos. ¿A quién le habrá echado la pedrada del bienestar?
Plazas docentes, ¿moneda de cambio?
Siguiendo con la larguísima sesión ordinaria de este miércoles, en Asuntos Generales, la diputada Cuquita Ávalos insistió en la urgencia de que la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEDUZAC) y su titular Maribel «N» realicen el procedimiento de asignación de plazas del ciclo escolar 2022-2023.
Y es que el próximo 31 de mayo vence el plazo de validez de las listas de idoneidad de los profesores que siguieron el procedimiento para obtener una plaza, pero a estas alturas del ciclo escolar (cuya conclusión se recorrió unos días más) existe el temor de que sus esfuerzos hayan sido en vano y finalmente no logren una plaza.
Este temor no es infundado, pues se sabe que concluido el plazo de vigencia de las listas de idoneidad, la SEDUZAC podría disponer con total libertad de esas plazas para asignarlas de manera discrecional, y el rezago es enorme, considerando que apenas se habrán asignado unas 50 plazas docentes, que no representan ni el 10% del total de plazas a asignar para este ciclo escolar.
Se especula que en esa pretensión, la SEDUZAC buscaría un acuerdo con la líder sindical Soralla Bañuelos, cuyo periodo al frente de la Sección 34 del SNTE está por vencer (o eso esperan muchos en el magisterio) para cederle el 25% de esas plazas, mientras que el 75% restante quedaría a disposición de Maribel «N» para ser asignadas a su criterio, sin respetar las listas de idoneidad hasta hoy vigentes.
Y mientras esto ocurre en la dependencia que acumula una falla tras otra, en la Comisión Instructora que preside la diputada Gaby Basurto continúa el procedimiento de juicio político en contra de Maribel «N», pese a que la todavía funcionaria estatal haya obtenido un amparo contra este procedimiento, y se espera que la próxima semana se realice la audiencia de alegatos en sesión pública de la citada comisión. Así que muy pronto se sabrá el desenlace de esta infame historia de funcionarios fantasma.
Municipios recurrirán a la deuda
De último momento, también en sesión ordinaria de este miércoles, el diputado Herminio Briones solicitó retirar del orden del día los dictámenes de la Comisión de Vigilancia que él preside, donde se autoriza la contratación de cinco créditos a los ayuntamientos de Tlaltenango, Luis Moya, Sombrerete y Valparaíso (éste último habría solicitado dos créditos).
Hasta donde se sabe, esta solicitud habría sido con la finalidad de citar a comparecer a los respectivos alcaldes para que justifiquen la necesidad y pertinencia de contratar dichos empréstitos, que se aplicarían en obras públicas para los municipios.
Y aunque en conjunto sumarían unos 50 millones de pesos en créditos entre los cuatro municipios, no hay que olvidar que según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con corte al 31 de diciembre de 2022, en el caso de Tlaltenango es el cuarto municipio con mayor deuda pública en el estado, con 6.7 millones de pesos.
Mucho interés debe haber sobre el crédito para este municipio, a tal grado que este miércoles se vio en el recinto legislativo al diputado federal Miguel Varela (y exalcalde de Tlaltenango en dos periodos consecutivos) reunido con varios diputados de la comisión. ¿Negocios turbios o solo intercede en beneficio de su municipio?
