Como ya se había adelantado, este jueves por fin pudo llevarse a cabo la sesión de comisiones unidas de Justicia, Igualdad y Salud en la 64 Legislatura para deliberar sobre el dictamen respecto a la iniciativa ciudadana para la despenalización del aborto.
El resultado era de esperarse. El dictamen fue rechazado con seis votos en contra de los diputados panistas Marimar de Ávila, Karla Valdez, Lupe Correa; así como los priístas Cuquita Ávalos, Jehú Salas y Gaby Basurto; tres votos a favor de los diputados Juan Mendoza (PRD), Imelda Mauricio (MORENA) y Ana Luisa del Muro (PT); y la abstención del diputado Ernesto González Romo (MORENA).
Se ausentaron de esta sesión los diputados Xerardo Ramírez (PT), Gerardo Pinedo (PRD), Priscila Benítez (Nueva Alianza) y Roxana Muñoz (MORENA). De haber asistido, el resultado quizás hubiera sido diferente, a menos que su ausencia fuera planeada para rechazar el dictamen que se sometió a votación.
El resultado de la votación también generó dudas respecto al procedimiento a seguir. Por una parte, personal de apoyo parlamentario señalaba que al haberse rechazado el dictamen en comisiones, éste se desechaba y no podía presentarse otra propuesta hasta el siguiente periodo ordinario. Por otro lado, el diputado Juan Mendoza insistió en llevar el dictamen en negativo al pleno para ser sometido a la consideración de los 30 diputados. El desenlace de este entuerto se conocerá en los próximos días.
Inicialmente, el perredista informó a los diputados presentes en comisiones unidas sobre las modificaciones que había sufrido la iniciativa ciudadana remitida a la 64 Legislatura, luego de un proceso de consulta mediante Parlamento Abierto donde, aseguró, todas las voces fueron escuchadas, incluso cuando hubo posturas muy encontradas sin posibilidad de encontrar un punto medio.
Entre estos cambios no solo se reducía la pena privativa de la libertad, sino que también se ofrecía la alternativa de «conmutar» la pena por trabajo comunitario, con el acompañamiento necesario para la rehabilitación de quien incurrió en aborto.
Sin embargo, en algunos casos parecía que los diputados ni siquiera se dieron el tiempo de leer el dictamen y sustentaban sus posturas en contra, pese a que sus observaciones sí habían sido integradas al documento.
En general, los argumentos para rechazar el dictamen se centraron en la falta de información sobre el impacto presupuestal en lo relativo al sector salud y educativo; el alcance de la definición de aborto; así como la objeción de conciencia, que aunque sí fue incluida en el documento, pedían que se extendiera hacia los maestros y no únicamente se estableciera para el personal médico.
Por encima de todo, prevalecieron los prejuicios en torno a las mujeres y personas gestantes que interrumpen su embarazo, pues a su juicio se trata de un asesinato (como señaló la diputada Marimar de Ávila, que se dijo provida y al mismo tiempo defiende las corridas de toros) y, en casos extremos de profunda ignorancia (como el diputado Lupe Correa), casi casi equivalía a recurrir al aborto como «método anticonceptivo».
El diputado Jehú Salas fue más allá, al afirmar que no había necesidad de reformar el Código Penal del Estado de Zacatecas porque a la fecha, en todo el país, únicamente se habían documentado 112 personas (106 hombres y seis mujeres) privadas de su libertad relacionadas con el delito de aborto, y en todos los casos se trataba de personas que habían realizado el aborto a alguien más; ninguna persona que hubiera interrumpido su embarazo.
Y aunque reconoció que el Código Penal es anacrónico en lo relativo al aborto, por las agravantes de no haber ocultado el embarazo o incluso si la mujer «no goza de buena fama», se mantuvo firme en no modificar este ordenamiento y que los jueces, en su libertad de criterio, apliquen o no lo que ya ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al respecto. Como quien dice, echar la bolita.
Pero además de mantener la punibilidad a quienes incurren en la interupción de su embarazo, se planteó la necesidad de ampliar esta punibilidad a otros responsables de un embarazo no deseado o a quienes, recurriendo a la violencia, forzaban a esta práctica, asepctos que ya se consideraban en el dictamen que, reiteramos, parece que se negaron a leer algunos diputados.
En cambio, la diputada Imelda Mauricio fue enfática en defender su voto a favor de la despenalización del aborto, luego de exponer la gravedad de circunstancias en las que ocurre esta práctica, y para rematar cuestionó que las personas que están en la cárcel por haber practicado un aborto, significa que se están practicando abortos «fuera de la ley», de manera clandestina e insalubre.
En el fondo, a los diputados les faltó considerar una perspectiva de conciencia de clase, pues los abortos clandestinos se realizan entre mujeres y personas gestantes que no tienen las condiciones para garantizar una vida digna a su bebé. A esas personas es a quienes se criminaliza, no a quienes tienen los recursos y vías para practicarse un aborto de manera legal y en condiciones salubres.
Y aunque hay médicos que practican abortos (y quienes lo hacen se arriesgan a ir a la cárcel), también se les criminaliza por «ayudar» a esas personas en situación de vulnerabilidad que recurren a la interrupción de su embarazo para evitar agudizar su situación de vulnerabilidad.
Se dijo muchas veces durante la sesión de comisiones unidas: ninguna mujer desea abortar. Pero en la discusión de la iniciativa no hubo debate respecto a las circunstancias que llevan a abortar. Y mientras el estado no garantice condiciones para el desarrollo y bienestar de las mujeres y personas gestantes, para reducir su grado de vulnerabilidad, seguirán recurriendo al aborto, sea legal o no.
Aunque no desconocíamos que el Congreso del Estado fuera la sede alterna de la Diócesis de Zacatecas, ahora sacaron el cobre.
Adiós a la secta universitaria
En una final más cardiaca que un partido de futbol, pasadas las 10 de la noche de este jueves concluyó el cómputo de la elección para la nueva dirigencia sindical del SPAUAZ y con una diferencia de apenas dos votos, Jenny González de la planilla «Defensa Sindical y Democracia» es la virtual ganadora al reunir 956 votos.
Quedó en segundo lugar el delfín del rector Rubén Ibarra: Manuel Rivera, quien encabezaba la planilla «Movimiento Acción Sindical» y logró 954 votos a su favor, pese a contar no solo con la cargada de Ibarra Reyes, sino también con el respaldo del secretario de Economía, Rodrigo Castañeda Miranda, y del actuar líder sindical, José Juan Martínez Pardo.
Con una participación superior al 77% de los casi 3 mil docentes sindicalizados que votarían en esta elección, el resultado deja constancia del enorme rechazo al cacicazgo del rector de la UAZ, quien ya había sido repudiado en la pasada marcha universitaria en la que habrían participado unas 15 mil personas protestando por la violencia que afecta a los jóvenes zacatecanos.
Si Rubén Ibarra pensaba que tenía el respaldo suficiente de los universitarios para promover sus aspiraciones a un cargo de elección popular (o negociar favores ante la «nueva gobernanza»), lo de este jueves fue clara advertencia de que hay una Universidad que no está contenta con su gestión, mucho menos con la complicidad del actual líder sindical, así que ya debería estar remojando sus barbas…
¿Adiós al sindicalismo charro?
