En México, preocupa más que los tres Poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) estén de acuerdo sobre un mismo tema que el hecho de tener diferencias. Porque, en teoría, el principio de «división de Poderes» daría certeza a la población sobre el ejercicio del poder ciñéndose al marco normativo para evitar «totalitarismos» (otros les llaman «dictaduras»).
Por eso llama la atención la reacción inmediata en negativo luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara el primero de dos decretos relativos al llamado «Plan B», mediante el cual se aprobaron por mayoría (oficialista) reformas político electorales que impactarían en la vida democrática del país.
Estas reformas fueron impugnadas en su momento por PRI, PAN, PRD, MC y otros actores políticos en lo individual, lo que sin duda sirvió de argumento para MORENA y sus aliados en la pretendida campaña para desacreditar a los ministros de la Corte y acusarlos de ir contra la voluntad del pueblo.
La realidad es que el pleno de la SCJN no deliberó sobre el contenido de las reformas (sobre las cuales pueden o no estar de acuerdo), sino que el tema a discusión fue el proyecto presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán centrado en la validez o invalidez del procedimiento legislativo y que tuvo el respaldo de nueve de los 11 ministros.
Para las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, no parecía tan importante el «cómo», sino el «qué». En cambio, para el resto de los ministros (incluyendo a Arturo Zaldívar, que se había distinguido por respaldar las iniciativas de la 4T) lo relevante era clarificar la importancia de que, por muy benéficas que sean las reformas promovidas, éstas se ciñan a los procedimientos constitucionales.
Y es que, a juicio de los ministros que votaron a favor del proyecto, el Congreso de la Unión no se ajustó a las condiciones para que un asunto fuera considerado de «urgente u obvia resolución» y se dispensaran los trámites correspondientes.
Pero no es la primera sentencia que la Corte emite en ese sentido, pues ya desde 2008 y en más de 30 ocasiones ha resuelto que «el procedimiento legislativo definido en la Ley Fundamental es la base del régimen democrático y no un mero formalismo, ya que exige que el órgano legislativo observe y proteja los principios de legalidad, representatividad y democracia deliberativa«.
La decisión de los nueve ministros que votaron a favor de declarar la invalidez de este primer decreto del «Plan B» se fundó en el desaseo de los legisladores federales para aprobar dichas reformas político electorales, por lo que es previsible el resultado del segundo decreto impugnado e incluso el paquete de reformas aprobadas en el llamado «viernes negro».
De todo lo anterior ya era consciente el senador Ricardo Monreal, que en su momento emitió un voto en particular cuando se aprobaron las reformas político electorales y que este lunes celebró la decisión de la Corte, justo cuando se le habían abierto las puertas nuevamente en Palacio Nacional para volver al redil y ser considerado (otra vez) como una de las «corcholatas» presidenciales.
En cambio, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, cuestionó la decisión de los ministros, a quienes acusó de «seguir protegiendo intereses particulares«, e incluso amenazó con impulsar un «Plan C», que básicamente consistiría en el llamado a no votar por la oposición en el próximo proceso electoral.
Tan fácil que sería actuar con apego a la Constitución y reconocer los errores en los que ha incurrido la 4T, para así evitar la victimización y la demagogia barata oootra vez.
¿Apoyos electoreros desde la SEDUZAC?
Era cuestión de tiempo para que estallaran los problemas en la Escuela de Conservación y Restauración «Refugio Reyes», problemas que dijo desconocer hasta ayer lunes la secretaria de Educación, Maribel Villalpando, quien a través de un video mensaje aseguró que «ya se estaba atendiendo el tema», aunque este martes aún no ha tenido solución.
Con temor a represalias (es natural, estando detrás del conflicto el llamado Ángel de la Muerte), alumnos de esta institución exigieron la destitución de la directora Diana Monserrat Castillo, quien ha hecho caso omiso a sus denuncias por acoso escolar y amenazas, entre muchos otros problemas que se van acumulando bajo la actual dirección.
La realidad es que para la titular de la SEDUZAC, el tema es un «infiernito» más que no merece atención prioritaria en su agenda, ya ocupada en la defensa legal ante el juicio político que hoy enfrenta en la 64 Legislatura, sin olvidar eso de andar en campaña haciéndole el caldo gordo a la secta del bienestar.
Por cierto, qué sorpresas se encuentra uno en los informes financieros trimestrales de la Secretaría de Finanzas, porque al parecer en el primer trimestre de este año la SEDUZAC habría tenido una ampliación presupuestal por más del 120% que le había autorizado la 64 Legislatura en el Capítulo 4000, relativo a «transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas», algo así como 63 millones 123 mil 208 pesos, para finalmente disponer de más de 115.5 millones de pesos en apoyos a repartir durante este año.
Y no es que se vayan a destinar precisamente a ampliar el programa de becas educativas, como lo demuestra la información presupuestal por estructura programática, aunque sí podría aplicarse en la entrega de «apoyos en especie» como los dichosos uniformes escolares con parches carísimos de Parisina para ocultar los logos del «quinquenio diferente».
¡Qué diferencia respecto al raquítico presupuesto para la Escuela de Conservación y Restauración «Refugio Reyes», de apenas 3 millones de pesos! Prioridades son prioridades…
Se pelearon las comadres
¡Qué cosas con la política local! En el preámbulo del próximo proceso electoral, la rebatinga por espacios ya empezó y no solo ha dividido a MORENA y sus aliados, sino que también en la oposición (es un decir) se sigue desgranando la «mazorca plural ampliada».
Mientras Enrique Laviada y Cuauhtémoc Calderón (que permanecen en MC sin permanecer en MC) apelan a la construcción de una mega alianza con el PRI, PAN y PRD para hacer frente a MORENA y sus compinches, en el tricolor asoman ya las divisiones.
Y es que, encabezados por la diputada local Cuquita Ávalos, varios priístas de la región de Jerez acusaron vicios en los procesos internos del PRI donde se ha relegado a la militancia para participar en los comités municipales y otros órganos internos de gobierno, en otra muestra de «imposición» (o dedazo, como quiera llamarle).
No es la primera vez que en el PRI se registran este tipo de hechos. Ya lo vivió en su momento Fito Bonilla cuando aspiraba a ser candidato a gobernador en la elección del 2026 y la más reciente del 2021, lo mismo que el actual dirigente estatal Carlos Peña Badillo, e incluso el guadalupense Roberto Luévano.
Lo que no han entendido es que, paradójicamente, no han entendido. Porque estos «infiernitos» poco abonan a fortalecer una alianza opositora que haga frente a la 4T, un aspecto que tampoco quedó claro para el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (bueno, eso dice él), Marco Vinicio Flores, quien luego del jaloneo con Laviada y Calderón acusó que «quienes solo buscan designaciuones de puestos de elección popular, sin trabajar, sin un ideario político ni convicción, tienen toda la libertad de tomar sus decisiones personales«.
Con estas tibiezas e «infiernitos», dejan planchado el camino para la continuidad de la 4T y la secta del bienestar.
