Cuánta razón tiene el gremio de la construcción al denunciar el terrible rezago en la ejecución de obra pública en el «gobierno de la transformación», sin olvidar las «herencias malditas» como el favoritismo a determinadas empresas que perviven al amparo de una administración que jura y perjura que «no son los mismos», aunque sean peores.
Y estas quejas se extienden a alcaldes de varios municipios, de todos los partidos, que además de acusar el retraso en las obras programadas en esquema peso a peso o mediante diferentes convenios, cuestionan la discriminación de la que son objeto en algunas dependencias.
Quizás el caso más mediático fue el del alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, quien reclamó varias veces a la titular de la Secretaría del Agua y Meido Ambiente (SAMA), Susana Rodríguez Márquez, por no atender la reiterada petición de construir un relleno sanitario.
Pues bien, este 2023 será otro año en el que Saúl Monreal y el pueblo de Fresnillo podrán seguir reclamando la construcción de dicho proyecto porque no fue contemplado en el Programa Estatal de Obra 2023.
De hecho, para este año la SAMA habría proyectado la ejecución de 57 obras, de las cuales únicamente dos corresponderían al manejo y disposición de residuos sólidos: un proyecto de relleno sanitario en Luis Moya y otro en Tayahua, municipio de Villanueva; el año pasado se financiaron ambos proyectos ejecutivos. El resto de las obras programadas corresponden a infraestructura hidráulica y hasta ahí.
Sin embargo, el problema va más allá de una sola dependencia y así lo demuestran los respectivos documentos del PEO 2022 y 2023. Para el año pasado se habría proyectado una inversión de 1 mil 752 millones 167 mil 322.64 pesos, según la última actualización del PEO 2022, aprobada el 15 de diciembre (es decir, a nada de concluir el ejercicio fiscal).
Para este año se proyecta invertir 1 mil 343 millones 765 mil 239.68 pesos, según el PEO 2023 aprobado apenas el 29 de marzo, pero publicado hasta el mes de mayo por la Coordinación Estatal de Planeación (COEPLA). ¡Vaya eficiencia!
Lo anterior significaría que, contrario al discurso del gobernador David Monreal, la inversión en obra pública se habría reducido unos 408 millones 402 mil 82.96 pesos para este año, aunque esta cifra también es relativa.
En la inversión proyectada hasta el momento según el PEO 2023 aún se pueden sumar las obras contempladas en otras dependencias de las cuales aún no se han aprobado sus proyectos, como la JIAPAZ, Secretaría de Economía, Secretaría del Zacatecano Migrante, Sistema Estatal DIF, Secretaría de Educación, Instituto Zacatecano de Cultura y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, sólo por mencionar algunos ejemplos de dependencias que el año pasado contemplaron proyectos de obra pública.
Lo más interesante del PEO 2023 es que aún no se considera en el listado de obras las relativas al programa 2×1 (y ya casi estamos a mitad de año), tampoco para la continuación del cacareado C5i; ni para el polémico «segundo piso» del bulevar; ni para la continuación del Platabús; y así podríamos seguir con un largo listado.
No obstante, lo que más podría indignar es que, según el portal de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en lo que va del año apenas se han documentado 43 licitaciones, de las cuales únciamente 11 corresponden a obra pública y el resto, a adquisiciones. Y de ese número, seguramente la mayoría de las licitaciones de obra pública corresponden al ejercicio fiscal 2022, de esos recursos que no pudieron ejecutar antes del cierre de año.
Este rezago en la obra pública también queda de manifiesto en los informes financieros de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) correspondientes al primer trimestre de este año, según los cuales de más de 918.2 millones de pesos contemplados en Capítulo 6000 para Inversión Pública, al 31 de marzo apenas se habrían devengado (y pagado) casi 3.9 millones de pesos.
No es gratuito que en los indicadores económicos, Zacatecas hile hasta ocho meses con caídas en el sector de la construcción, incluyendo altibajos importantes en la generación de empleos formales. Y si así pinta el panorama tan solo en un sector, ya entendemos por qué no arrancan los cuatro «ejes tractores» (cualquier cosa que eso signifique).
Pendientes legislativos
Sería una grata sorpresa si esta semana los diputados locales de la 64 Legislatura atienden a las convocatorias a sesión ordinaria de manera puntual y se mantiene el quórum legal para abordar los puntos aprobados en el orden del día.
Si es así, será una semana importante en el Poder Legislativo porque se habrá de definir el desenlace a la iniciativa ciudadana para la despenalización del aboro: ¿se presentará ante el pleno el dictamen en negativo luego de ser rechazado con seis votos en contra y tres a favor, o será desechada la propuesta como sugiere personal de Apoyo Parlamentario?
No hay que olvidar que sigue su curso el procedimiento de juicio político en contra de Maribel «N», cuyo discurso con motivo del Día del Maestro fue tan… «elocuente».
Mayor presión existe para la aprobación inmediata de la minuta con proyecto de decreto sobre la reforma constitucional de lo que han denominado «3de3» contra la violencia hacia las mujeres y que consta de tres supuestos bajo los cuales se impediría la postulación de aspirantes a un cargo de elección popular.
No hay que olvidar que la misma reforma ya fue aprobada en la legislación local desde marzo de este año, en una votación donde se rechazó la reserva presentada por la diputada Violeta Cerrillo para endurecer las medidas respecto a los deudores alimenticios, pero la presión se mantiene respecto a la reforma federal donde apenas cuatro o cinco entidades han votado la minuta.
Más interesante sería ver que el diputado Ernesto González Romo presentara nuevamente su iniciativa para crear la Comisión Legislativa para Investigar la Corrupción del Pasado, luego de ser rechazada por el pleno, pero ahora para investigar la corrupción del presente. ¿O «no son los mismos»?
La morralla de Protección Civil
Lo anterior viene a colación por las recientes denuncias interpuestas por tres particulares en contra de Jeu Márquez Cerezo, quien hasta este lunes se desempeñaba como Coordinador Estatal de Protección Civil y a quien renunciaron por acusaciones como cohecho y extorsión.
Según las tres denuncias presentadas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas que encabeza Francisco Murillo, el otrora funcionario veracruzano habría pedido moches de hasta 50 mil pesos a las empresas que debían contar con una certificación para operar.
Y aunque son las primeras denuncias que se presentan formalmente en contra de Márquez Cerezo, las acusaciones no son recientes y se extienden a otros ámbitos, como el presunto cobro de 25 mil pesos por cada curso de capacitación en materia de protección civil cuando antes se impartían de manera gratuita.
Estas acusaciones también hacen sospechar sobre un presunto soborno de empresas mineras para seguir operando en la impunidad, como el caso de Capstone Gold, acusada por vecinos de la colonia Díaz Ordaz de ser la responsable de los temblores que se registran durante la madrugada y que ya han afectado varias viviendas.
Además, no hay que olvidar la posible triangulación de moches mediante las empresas Luces Feliz SA de CV y Blachere Iluminación México para la renta de adornos navideños “a sobrecosto”, como dimos a conocer en enero de este año en Lalalá News.
Habrá que ver si en este caso actúan con objetividad, imparcialidad y celeridad tanto la SFP que encabeza Humbelina Elizabeth López Loera, como la propia FGJEZ. Ya el hecho de que el gobernador David Monreal anunciara la separación del cargo del funcionario sugiere que las acusaciones no eran cosa menor y si contaba con protectores, hoy Jeu Márquez podría haber quedado en la orfandad.
