Ya el pasado 8 de junio en Lalalá News dábamos a conocer las consecuencias del «terrorismo laboral» aplicado en el «gobierno de la transformación», disfrazados de «austeridad republicana» tras la publicación de sendos acuerdos administrativos emanados desde la Secretaría de Administración que encabeza Verónica Yvette Hernández López de Lara.
La funcionaria, como se recondará, en su comparecencia ante la 64 Legislatura con motivo de la glosa del primer informe de gobierno afirmó que en el primer año de gobierno se redujo la plantilla laboral en poco más de 1 mil trabajadores, lo que se tradujo en un ahorro superior a los 333 millones de pesos.
Las consecuencias del «terrorismo laboral» hoy se manifiestan con sendos laudos que tienen al «gobierno de la transformación» con el alma en un hilo y que han motivado una campaña de desprestigio hacia los magistrados y jueces del Tribunal Laboral por presuntamente favorecer a los trabajadores demandantes para sacar un beneficio.
Vaya, escandaliza que haya casos de laudos por hasta 8 millones de pesos, sin poner en contexto las demandas laborales, que en gran parte fueron «herencia maldita» (esas sí) porque corresponden a varios años en salarios caídos.
Públicamente no se ha informado de un estimado sobre el impacto presupuestal que representarían estos juicios laborales ya con resolución o todavía en proceso judicial. Sin embargo, nos podemos dar una idea al revisar las notas a los informes contables trimestrales, disponibles para consulta pública en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Pero ojo: no todos los sujetos obligados transparentan en el mismo formato su información contable, por lo que incluso las estimaciones podrían ser mayores (mucho mayores) a las que expondremos a continuación.
Tan solo en los informes de la Secretaría de Finanzas, se estiman unos 6 millones 337 mil 112 pesos en pasivos contingentes derivado de juicios laborales en proceso, aunque esta información intuimos que sólo se trataría de dependencias de la administración pública centralizada e incluso habría dudas sobre la veracidad de esta información, considerando que no fueron pocos los despidos injustificados en los 21 meses que van del «gobierno de la transformación» y que hoy son el dolor de cabeza para la Coordinación General Jurídica.
El problema surge cuando uno revisa los informes contables de los organismos públicos descentralizados, pues aunque la mayoría no publica sus notas a los estados financieros, con el desglose puntual de los pasivos contingentes, sí contamos con información clara en el caso de tres dependencias: el Sistema Estatal DIF que dirige Humberto de la Torre, los Servicios de Salud de Zacatecas(SSZ) que dice encabezar Uswaldo Pinedo Barrios y el Instituto Zacatecano de Educación para los Adultos (IZEA), dirigido por Saúl Cordero.
En el primer caso, el SEDIF reporta en sus pasivos contingentes hasta 4 millones 212 mil pesos por juicios laborales en proceso, y aparece este registro en las notas de memoria hasta esta administración.
Respecto al IZEA, el impacto presupuestal estimado por juicios laborales en proceso es de hasta 28 millones 214 mil 594.50 pesos, cuando al inicio del «gobierno de la transformación» la estimación era de apenas 5 millones 333 mil 723.05 pesos, según los informes contables de la dependencia.
El caso más emblemático es el de los SSZ, pues Uswaldo Pinedo hoy no solo enfrenta un desorden administartivo para la distribución de insumos y equipamiento médico guardado en bodegas, esperando que venza la fecha de caducidad de los medicamentos.
En esta dependencia el impacto presupuestal estimado por juicios laborales asciende a 45 millones 616 mil 920.46 pesos, el monto más alto en los registros contables disponibles en la PNT para el caso de los OPDs. No obstante, el monto ha incrementado desde el inicio de la amdinistración, cuando se tenía registro de un estimado hasta por 39 millones 362 mil 441.38 pesos.
Si sumamos los registros de los informes contables disponibles en la PNT, tenemos que a la fecha el «gobierno de la transformación» tendría una presión presupuestal hasta por 84 millones 380 mil 626.96 pesos derivado de juicios laborales en proceso. Y la presión sería mayor considerando que apenas empiezan a abordarse en el Tribunal Laboral las demandas de trabajadores que fueron víctimas del «terrorismo laboral» en la actual administración.
¿Seguimos culpando a los magistrados y jueces del Tribunal Laboral, o ya podemos atribuir este problema a la ineptitud de quienes desde la Coordinación General Jurídica invadieron funciones y desasearon los procesos de despido?
Aprueban «3 de 3 contra la violencia»
En medio de pleitos, fricciones, provocaciones y declaraciones incendiarias, así transcurrió la jornada legislativa de este martes, en la que se aprobó por «afirmativa ficta» el decreto correspondiente a la reforma constitucional local en materia de requisitos para ocupar un cargo público y que básicamente consiste en evitar que ocupen algún cargo de elección popular o en la administración pública las personas sentenciadas por agresión sexual o familiar, por ser deudores alimentarios o por haber cometido violencia política en razón de género.
Al ser una reforma constitucional, la minuta debía ser aprobada al menos por dos terceras partes de los Cabildos en los municipios; sin embargo, vencido el plazo, únicamente 12 respondieron en tiempo y forma, aprobando la minuta Atolinga, Cuauhtémoc, General Francisco R. Murguía, Guadalupe, Jalpa, Jerez, Jiménez del Teul, Mezquital del Oro, Morelos, Valparaíso, Villa de Cos y Zacatecas, mientras el municipio de Trancoso votó en contra.
Además, hubo tres casos en los que no hay certeza de la fecha en la que remitieron su respuesta a la minuta, mientras otros tres aún están pendientes del plazo. El resto, 31 municipios, no se dignaron siquiera a abordar el tema en sus Cabildos, entre los cuales se cuenta el municipio de Fresnillo, de donde es representante la diputada Maribel Galván, una de las promotoras de la iniciativa.
Y a propósito de violencia contra las mujeres, la diputada Priscila Benítez presentó una iniciativa por la que se adiciona la Ley de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de ampliar los alcances del delito de violencia patrimonial y que estas disposiciones puedan aplicarse también en el caso de un proceso de divorcio.
Otra iniciativa que destacó de lo ordinario fue la presentada por la diputada Marimar de Ávila para emitir una nueva Ley de Expediente Clínico Universal, con la que se pretende beneficiar a la ciudadanía con diagnósticos más precisos y oportunos, se estará en posibilidades de monitorear con mayor precisión y rapidez el avance de las pandemias, reducir índices de morbilidad en pacientes, en las salas de emergencias tendrían acceso a los datos relevantes del paciente, aumentando las posibilidades de supervivencia en pacientes críticos, entre otras características.
La diputada recordó que ya había una iniciativa del tipo en el 2013; sin embargo, no se llevó a la práctica, pese a haberla aprobado la 60 Legislatura. La actual iniciativa derogaría la anterior, que carecía de reglamento y tenía varias disposiciones obsoletas.
Por último, por unanimidad de 18 votos, los diputados locales aprobaron el dictamen por el que se reforma la Ley de Desarrollo Social del Estado, a fin de prohibir el uso de programas sociales con fines electorales, una reforma relevante considerando las crecientes denuncias (inluyendo de alcaldes morenistas) exigiendo que los Servidores de la Nación saquen las manos del programa de entrega de despensas en los municipios, pues estarían incurriendo en un delito.
Por lo demás, se aprobaron montones de puntos de acuerdo en los que los diputados perdieron el tiempo con posicionamientos irrelevantes. Es cuanto.
