Las consecuencias del «terrorismo laboral»

Desde que inició el «gobierno de la transformación» (entonces conocido como «nueva gobernanza»), la mayoría de los medios de comunicación dimos cuenta en reiteradas ocasiones del «terorrismo laboral» del que era objeto la burocracia, con prácticas alejadas del derecho laboral y los procedimientos administrativos adecuados para prescindir de sus servicios.

Y dichas prácticas continúan a la fecha, a 21 meses de la actual administración que se ha caracterizado por ese «terrorismo laboral» disfrazado de «austeridad republicana en materia de recursos humanos» (véase el Suplemento del Periódico Oficial publicado el 8 de marzo de 2022), que en realidad viene siendo mera vendetta política para ahuecar el ala y dar cabida al pago de «cuotas y cuates».

Estas práticas, según la secretaria de Administración, Verónica Yvette Hernández López de Lara, durante su comparecencia con motivo de la glosa del primer informe de gobierno, permitieron reducir la plantilla laboral en poco más de 1 mil trabajadores, lo que representó un ahorro superior a los 333 millones de pesos.

A ello hay que agregar los programas Retiro Digno y Retiro Voluntario, con los cuales se benefició a 422 trabajadores con una inversión de 103 millones de pesos. Y lo dijo la funcionaria ante el pleno de la 64 Legislatura, no son datos ficticios.

Lo que Verónica Yvette Hernández no dijo en su comparecencia es que los lineamientos de «austeridad republicana en materia de recursos humanos» cambiaron sus criterios, pues mientras en 2021 se abría la posibilidad para recuperar una de cada tres plazas liberadas únicamente para mandos medios, en 2022 estos criterios se ampliaron a todas las categorías.

Pero el problema del «terrorismo laboral» disfrazado de «austeridad republicana» va más allá, y sólo era cuestión de tiempo para que esa bomba estallara al «gobierno de la transformación» que hoy culpa de presunta corrupción al Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas, cuyo pleno está integrado por los magistrados Juan Carlos Flores Solís (presidente), Marla Rivera Jáuregui y J. Jesús Bautista Capetillo, para sacudirse la ineptitud de sus propios funcionarios que no supieron despedir a la burocracia conforme a la ley.

Hoy se acusa a «un magistrado y al secretario de estudio y cuenta» de duplicar arbitrariamente los montos de los laudos, buscando un beneficio económico. Algo así como los «moches» de Protección Civil, por mencionar sólo la morralla de la enorme corrupción que hay en esta administración.

Y es que tan mal van las cosas para este «gobierno de la transformación» que recientemente les cayó un laudo por unos 7.5 millones de pesos de un trabajador de la Secretaría de Educación cuyo único delito fue querer hacer valer sus derechos laborales.

Seguramente se trata de un caso que tenía años en el Tribunal Laboral, en cuya sentencia se obliga al pago de salarios caídos durante todo este tiempo, más los intereses e incrementos al salario de cada año, sin olvidar el pago de prestaciones.

Por eso no resultaría extraño que desde la Coordinación General Jurídica se solicitara a la Auditoría Superior del Estado (ASE) una revisión de los laudos del 2016 a la fecha «para que estén apegados a derecho».

Basta revisar, por ejemplo, el expediente 77/2018 en contra de la SEDUZAC, donde la dependencia buscaba evitar la reinstalación de un trabajador docente que ya había ganado una demanda laboral presentada desde hace casi cinco años, pero el «gobierno de la transformación» se negaba a cumplir con la reinstalación y el pago de salarios y prestaciones a las que obligaba dicha sentencia.

El problema también ha escalado a otros niveles, a tal grado que ahora se pretende denunciar al exmagistrado Armando Ávalos por presunto conflicto de interés al intervenir en la defensa de extrabajadores cuyos casos no solo se llevan en la parte administrativa, sino también por la vía penal, cuando la ley le ampara para ejercer su profesión en regla.

Otro escenario pinta cuando revisamos los informes financieros de la Secretaría de Finanzas, que revelan que apenas en el segundo trimestre del 2022 se previeron recursos en cuentas contables por un monto de 6 millones 588 mil 805 pesos para el pago de resoluciones de demandas laborales, monto que se redujo en apenas 251 mil 693 pesos en el último año, lo que sugiere que no se han pagado los escandalosos laudos que se acusan mediáticamente, pero también que no se han previsto estos pasivos contingentes en el presupuesto.

Además, los informes trimestrales del Instituto de la Defensoría Pública nos dan una idea sobre el desahogo de demandas laborales en el «gobierno de la transformación», pues en el último año se han atendido 334 casos correspondientes a trabajadores del servicio público a nivel estatal y municipal, los cuales han derivado en laudos por 2 millones 940 mil 400 pesos.

Y si nos vamos al detalle de las sentencias emitidas por el Tribunal Laboral, tenemos que en el último año se han emitido 309 sentencias condenatorias, la mayoría contra municipios y cuyas demandas se centran en la reinstalación de trabajadores, el pago de prestaciones, indemnizaciones o declaración de beneficiarios económicos.

Para el caso del Gobierno del Estado, las dependencias con mayor número de sentencias (que además son escasas) son la Secretaría de Educación de Zacatecas y la Secretaría de Seguridad Pública, aunque la mayoría corresponden a demandas presentadas antes de que iniciara la actual administración.

Con las nuevas disposiciones en materia de justicia laboral, la bomba no termina de estallar para el «gobierno de la transformación», pues apenas empezarían a resolverse las demandas laborales de quienes fueron despedidos injustamente a partir de septiembre de 2021 con el pretexto de la «austeridad republicana».

Mayor responsabilidad tendrían los órganos internos de control e incluso la Secretaría de la Función Pública (SFP) para iniciar un procedimiento contra los funcionarios que, excediendo sus funciones o invadiendo funciones que no eran de su competencia, se involucraron en estas prácticas de «terrorismo laboral», incluso desde dentro de la Coordinación General Jurídica, desde donde también se ha beneficiado a las «cuotas y cuates» para recibir indemnizaciones superiores a las que les corresponden por ley.

¿No había dicho la secretaria Humbelina Elizabeth López Loera que se castigaría la corrupción, incluyendo los casos de la actual administración?