En los 21 meses que van de la actual administración ha sido un secreto a voces la intervención de una secta en las decisiones del Ejecutivo y el Legislativo, y ha habido visos de querer intervenir en las decisiones del Poder Judicial. De los organismos presuntamente autónomos, mejor ni hablamos.
Esta secta es la misma que ha recurrido a la gasta estrategia de acusar de violencia política de género a sus adversarios y detractores, incluyendo a medios de comunicación que cuestionan este intervencionismo y que, en varios casos, con pruebas en mano lo han demostrado. ¿Su recompensa? Medidas cautelares por atreverse a cuestionar a la secta.
Pero aún sin pruebas, ha sido evidente que esta secta es otra réplica de las prácticas priístas más autoritarias que caracterizaron al viejo régimen, solo que ahora se han purificado en las aguas del bienestar y se sienten intocables.
La denuncia que realizaran en conferencia de prensa los alcaldes de Momax, Mezquital del Oro y Trinidad García de la Cadena es relativamente reciente. Acosados por una prensa oficialista, los alcaldes Salvador Cabral, Mónica Rodarte y Arcelia Muro pidieron respeto a su autonomía al acusar la intervención de Servidores de la Nación en el programa alimentario que año con año se conviene con el Sistema Estatal DIF para el reparto de despensas del Programa de Asistencia Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria.
Y es que, según sus acusaciones, los Servidores de la Nación no solo están interviniendo en el reparto de despensas, de las cuales disponen de manera prepotente y sin garantías para su fiscalización ante la Auditoría Superior del Estado y de la Federación. Al parecer también estarían acaparando el 50% de los padrones de beneficiarios para entregar dichas despensas a contentillo de la dichosa secta, en un acto con tufos de promoción político-electoral con programas sociales.
A la queja de los tres alcaldes se suman los presidentes municipales de Santa María de la Paz, José Manuel González Dorado; Atolinga, Rosaura Sánchez Bañuelos; Tlaltenango, Salvador Arellano; y Florencia de Benito de Juárez, Ericka Yaneth Correa Cortes, quienes desde el pasado 19 de mayo habían solicitado una audiencia con el director del SEDIF, Víctor Humberto de la Torre Delgado, para abordar éste y otros problemas respecto al manejo de los programas alimentarios.
Se sabe que la respuesta no fue la esperada y los problemas continuaron, lo que llevó a los alcaldes inconformes a acudir a la Ciudad de México a exponer sus quejas ante el Sistema Nacional DIF, a donde fue citado a comparecer quien dice ser el titular del SEDIF para leerle la cartilla.
Ante estas acusaciones, la delegada de Programas para el Desarrollo en Zacatecas, Verónica Díaz Robles, se negó a reponder o aclarar la presunta intervención de los Servidores de la Nación, como lo demostró la periodista Cuquis Hernández, de NTR, al perseguirla hasta su camioneta para conocer su versión.
El video que pronto circuló en las redes sociales es tan elocuente con la graciosa huida de la delegada, y la indolencia con la que ignora las preguntas de la periodista, que refuerza las acusaciones en contra de una secta que pretende intervenir en las decisiones en todo el estado.
Ayer mismo, la periodista Cuquis Hernández buscó la postura del gobernador David Monreal respecto a estas acusaciones, aunque éste se limitó a responder que «ya quedó en el pasado todas esas actitudes neoliberales, priístas, panistas, de corrupción, de manipuleo«. O sea, prácticamente una copia muy burda del discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador.
No solo eso, el mandatario también excusó a la delegada Verónica Díaz Robles de evadir los cuestionamientos de la periodista alegando que «es parte de lo que cambió en este nuevo gobierno, en esta Nueva Gobernanza, el Presidente no da entrevistas«.
Lo anterior es más falso que los productos light, pues la delegada sí ha concedido entrevistas a medios como La Jornada Zacatecas o El Sol de Zacatecas, que hoy gozan de sendos convenios millonarios con el «gobierno de la transformación», sin olvidar las que ha ofrecido al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión (SIZART) o a medios digitales que incluso pagan publicidad en las redes sociales para promocionar dichas entrevistas.
El problema escaló a tal grado que en sesión ordinaria del pasado 23 de mayo, ante el pleno de la 64 Legislatura, la diputada Cuquita Ávalos presentó una iniciativa de punto de acuerdo a nombre de la bancada del PRI para exhortar al director del SEDIF y a la delegada de Programas para el Desarrollo a que los programas de atención alimentaria sean ejecutados por el SEDIF estatal y no por los Servidores de la Nación.
Durante su intervención, la diputada señaló que vía oficio, el director del SEDIF informó a los alcaldes que esta institución podría seleccionar hasta el 50% de los beneficiarios en los padrones de los DIF Municipales, como ya ha ocurrido en los casos de Tlaltenango, Villa Hidalgo, Susticacán, Tepetongo, Pinos, Sombrerete y Mezquital del Oro, donde además el reparto de los apoyos han sido a manos de Servidores de la Nación, a contentillo.
La iniciativa fue considerada de urgente y obvia resolución y fue aprobada por mayoría, pero en la votación se manifestaron en contra los diputados Georgia Miranda, Maribel Galván, Armando Juárez, José Luis Figueroa, Armando Delgadillo, Nieves Medellín, Violeta Cerrillo, Imelda Mauricio y Martha Elena Rodríguez. El acuerdo correspondiente fue publicado en el Suplemento del Periódico Oficial el pasado 31 de mayo, pero como en otros puntos de acuerdo, parece que terminó en un llamado a misa.
En medio de este problema, ¿quién tiene la razón? Todos y ninguno. Basta consultar las Reglas de Operación 2023 para el Programa de Atención Alimentaria a Grupos Prioritarios del Estado de Zacatecas, publicadas en el Suplemento del Periódico Oficial el 1 de marzo, donde se establecen los criterios para la selección de beneficiarios.
Según el punto 6.5 respecto al Método y/o procedimientos de selección: «El SEDIF podrá realizar la selección de hasta el 50% del padrón de beneficiarios conforme a la asignación de apoyos alimentarios (despensa) que recibe el SMDIF. Para tal efecto, se incluirá a la población que se identifica como sujeta de atención por el personal que labora en campo y que por sus condiciones requiere apoyo alimentario. El SEDIF, informará al SMDIF mediante un escrito, los beneficiarios seleccionados para que sean incluidos en el padrón municipal del Programa de Atención Alimentaria a Grupos Prioritarios«.
De hecho, estos criterios (que llevan años en esas condiciones en las Reglas de Operación) debieron establecerse en los convenios de coordinación con los municipios y los DIF Municipales; sin embargo, hasta la fecha ni el SEDIF, ni los Ayuntamientos, han transparentado los respectivos convenios en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), lo que deja lugar a más dudas, pues esta dinámica ha sido recurrente al pasar de los años.
No ocurre así en el caso de Fresnillo, que al menos hizo público el convenio correspondiente al ejercicio fiscal 2021 y donde queda claro que esta selección 50/50 del padrón de beneficiarios no se estableció en las cláusulas del convenio.
Que históricamente los municipios hubieran dispuesto del 100% de su padrón de beneficiarios pese a este criterio en las Reglas de Operación se debe a una palabra clave: «podrá«, pues todo queda en mera posibilidad, sin representar una obligatoriedad, y esa ambigüedad ha llevado a interpretaciones diferentes en la ejecución del programa. De ahí la importancia de transparentar los convenios de coordinación.
Porque a propósito de transparencia, no ha sido muy claro el manejo de las cuotas de recuperación por las despensas de este programa, que en teoría deberían ingresar a una cuenta mancomunada en la que participen tanto el SEDIF como los DIF Municipales; sin embargo, al parecer los municipios ingresan este recurso directamente a las cuentas de la Tesorería y ahí es donde se pierde el rastro de los dineros.
La queja de los alcaldes tampoco es gratuita, pues con esta intervención de los Servidores de la Nación, la entrega de despensas ya no se realiza a domicilio, sino en eventos masivos como acostumbra la Delegación de Programas para el Desarrollo con los Programas del Bienestar, lo que dificulta a los beneficiarios recibir sus apoyos.
Además, ese 50% del padrón de beneficiarios que en teoría sería responsabilidad de los municipios también es relativo, pues anteriormente en este esquema se apoyaba con asistencia alimentaria a otros grupos vulnerables en padrones de otras dependencias estatales, pero ahora que han desaparecido esos programas con el «gobierno de la transformación» se obliga a los municipios a integrar a sus padrones a la población que antes era beneficiaria, lo que reduce el margen de inclusión en dichos padrones municipales.
Finalmente, el problema ahí sigue en el debate público sin llegar a instancias judiciales por la presunción de diversos delitos, y según las Reglas de Operación publicadas, queda claro que en la operación del programa únicamente debe intervenir personal del SEDIF y de los DIF Municipales, por lo que la intervención de los Servidores de la Nación no está justificada.
Sólo que, como en otros casos relativos a la secta, estos actos de presunta corrupción no tendrán consecuencias, a tal grado que este lunes se vio muy sonriente al director del SEDIF, Humberto de la Torre, visitando las oficinas de la Delegación de Programas para el Desarrollo cuando la bomba de las despensas estaba a punto de estallar. ¿Amor con impunidad se paga?
Saludos y felicitaciones por la puntualidad don Heráclio.