¿Todos somos Zacatecas?

Ante la cercanía del Festival Cultural Zacatecas y la preocupación por la altísima percepción de inseguridad, el «Club de Tobby» mejor conocido como Consejo Estatal de Desarrollo Económico de Zacatecas (CEDEZ) decidió que lo mejor para reactivar la economía era «hablar bien de Zacatecas».

Bajo la batuta del empresario Eduardo López Muñoz, líderes de cámaras empresariales le hicieron segunda en condenar a los medios de comunicación, a quienes poco faltó para calificarlos de «promotores de grupos criminales» o «prensa sicaria».

El tema no quedó ahí. A mediados de marzo de este año, otro grupo de empresarios que se decían «independientes» lanzó una campaña denominada «Todos somos Zacatecas» que a través de su embajadora Rebeca de Alba continuaban con ese frente abierto contra la prensa cuando, en su spot promocional, la conductora afirmaba que: «Zacatecas no es todo lo malo que ves en los medios y en las redes sociales«.

Independientes o no, los empresarios que insistían en «hablar bien de Zacatecas» en el fondo solo le hacían un favor al «gobierno de la transformación» que poco o nada ha hecho por atender los factores que impactan en la economía local, desde la fallida política de desarrollo económico, el retraso en las licitaciones de obra o de adquisiciones, la demora reiterada en el pago a proveedores y contratistas, sin olvidar las denuncias de presuntos moches, aunado al contexto en el que viven miles de zacatecanos: la inseguridad.

Entre estos empresarios convencidos de que lo imperante es «hablar bien de Zacatecas», en un discurso que insistía en condenar la labor periodística, destacaba Roberto Rosales Pitones, propietario de Grupo Divierte y uno de los impulsores de la campaña «Todos somos Zacatecas».

Pero en un hecho lamentable, esta empresa hoy fue víctima de lo que ciudadanos y medios de comunicación hemos señalado desde hace tiempo: la grave crisis de inseguridad que afecta a la vida de miles de familias e impacta seriamente en la economía local.

A eso de las 9 de la mañana, dos vehículos de Grupo Divierte fueron incendiados de forma intencional, presuntamente derivado de un intento de extorsión mejor conocido como «cobro de piso» del que mucho se habla en los changarritos, pero poco se denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ).

Y sí, Roberto Rosales tiene mucha razón en el comunicado que difundió en sus redes sociales este miércoles, en el que señala que Grupo Divierte es una empresa que genera empleos directos e indirectos y que con este hecho se afecta a toda una cadena para la economía local, tal como ha ocurrido con otros establecimientos que han sido víctimas de hechos similares.

Sin embargo, en el mismo comunicado sigue quedando un vacío, pues aunque el empresario asegura que: «Nos mantenemos en pie, haciendo al mismo tiempo el llamado a la unidad y la empatía que como zacatecanos nos ha caracterizado, cada que apoyamos a las empresas locales, abonamos al crecimiento de nuestra querida tierra de cantera y plata«, omite el llamado a la autoridad a atender el grave problema de inseguridad cuando solo se limita a esperar que éstas esclarezcan los hechos y se imparta justicia.

En el fondo, el problema no eran los medios de comunicación que sólo han cumplido con su labor de informar. Porque las pretendidas campañas de «hablar bien de Zacatecas» y asegurar que «Todos somos Zacatecas» únicamente mataban al mensajero.

Por supuesto que incluso entre los medios de comunicación urge «hablar bien de Zacatecas». El problema es que el «gobierno de la transformación» desmotiva con su indolencia, la abulia de sus funcionarios y el discurso gastado de las «herencias malditas» para sacudirse la responsabilidad de atender los grandes problemas que afectan a nuestra entidad.

Porque maquillar con un concierto del rapero Gera MX los 82 homicidios dolosos que acumuló el mes de mayo, y que representan un repunte de asesinatos por donde se le vea, tampoco abona a «hablar bien de Zacatecas», ¿verdad? Mucho menos cuando la delincuencia ya tocó a los Monreal Ávila.

Atentado contra la autonomía universitaria

En una de esas iniciativas cargada de buenas intenciones, este miércoles el diputado Xerardo Ramírez presentó ante el pleno de la 64 Legislatura una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Zacatecas por la que se establece el respeto a los derechos humanos de la comunidad universitaria, y que fue suscrita por 14 diputados de diferentes grupos parlamentarios.

En dicha iniciativa se plantea prohibir que docentes y académicos incurran en prácticas que pongan en riesgo la salud mental y física de estudiantes universitarios; la obligatoriedad de establecer protocolos de denuncia, así como las causas de responsabilidad cuando se registren este tipo de conductas.

La propuesta surgió luego del reciente suicidio de un alumno de la Unidad Académica de Medicina Humana que generó una alerta sobre las prácticas docentes en la Máxima Casa de Estudios que ponen en riesgo la integridad y la vida del alumnado.

Sin embargo, la iniciativa del coordinador de la «bancada estrella» no tardó en recibir críticas, pues aunque la materia de la reforma es relevante, no deja de atentar contra la «autonomía universitaria» y mucho se cuestionó si antes de presentar una iniciativa así mejor se consulta con la comunidad universitaria.

Recuérdese el caso de la reforma integral a la Ley Orgánica del Poder Judicial, una iniciativa presentada por el magistrado Arturo Nahle García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatceas (TSJEZ), enriquecida en varias mesas de trabajo y aprobada por unanimidad en el pleno, en un proceso que atendió a la autonomía entre Poderes.

Pues el mismo principio de respeto a la autonomía exige hoy la comunidad universitaria en el caso de la iniciativa presentada por Ramírez Muñoz, a quien identifican más como un político que intenta sacar raja de asuntos públicos en lugar de ser un verdadero representante popular que actúa por convicción y con seriedad.

Desencuentros legislativos

Para aderezar la sesión ordinaria de este miércoles, en la que no fue novedad la falta de quórum para continuar con el orden del día a media sesión, fueron notables las diferencias entre diputados cuando la panista Marimar de Ávila presentó una iniciativa para crear una comisión especial para la atención y seguimiento a la crisis financiera del Issstezac.

Al contar con el respaldo de todas las bancadas, la iniciativa fue considerada de urgente y obvia resolución y fue aprobada por unanimidad, incluyendo la reserva presentada por el diputado Ernesto González Romo para que los integrantes de dicha comisión fueran elegidos por el pleno de una propuesta remitida por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en lugar de dejar esta atribución únicamente al órgano de gobierno.

No obtante, durante la discusión de la iniciativa, el diputado Enrique Laviada más bien insistía en dejar la bolita en el Ejecutivo y no atraer una papa caliente hacia el Poder Legislativo, lo que a muchos hizo sospechar que el ex emecista se encontraba en pláticas con el Ejecutivo para atender el tema, incluyendo una posible reforma a la Ley del Issstezac, más a título personal que como presidente de la JUCOPO.

En contraparte, está por verse si la bancada oficial y sus aliados respaldaron la iniciativa porque de verdad hay interés en atender de fondo el problema del Instituto o si fue únicamente para darle carpetazo. ¿Apuestas?