Bien lo dijo la diputada Martha Elena Rodríguez: «el dinero divide«. No se sabe si fue intencional o si no advirtió que su micrófono estaba encendido, pero la presidenta de la Mesa Directiva así se refería al tremendo pleito entre sus homólogos cuando se discutían los dictámenes relativos a las solicitudes de los ayuntamientos de Sombrerete, Tlaltenango, Luis Moya y Valparaíso para contratar créditos.
Prácticamente en la recta final del segundo periodo ordinario del segundo año constitucional de la 64 Legislatura, que concluirá la próxima semana, se nota que a los diputados les urge hacer como que hacen y aventarse jornadas maratónicas (al menos para esta Legislatura) como la de este miércoles, con una sesión solemne para declarar al fotoperiodista Pedro Valtierra como «Ciudadano Ilustre del Estado de Zacatecas» y posteriormente una sesión ordinaria que se prolongó por más de ocho horas y terminó en tragicomedia mágico-cómico-musical.
De antemano se sabía que habría problemas con las solicitudes de los ayuntamientos citados para la contratación de créditos, pues por semanas las comisiones unidas de Vigilancia y de Hacienda y Fortalecimiento Municipal subieron y bajaron los dictámenes del orden del día (todos firmados el 17 de mayo de este año), primera señal de que no estaban amarrados los acuerdos para lograr la mayoría calificada que se exigía para su aprobación.
El pretexto reiterado fue que se citaría a comparecer a los respectivos alcaldes para que justificaran con más elementos sus solicitudes, aunque detrás los diputados que integran ambas comisiones esperaban que los ediles dijeran que les resultaba más barato recurrir a la deuda que convenir recursos con el «gobierno de la transformación», a propósito del cochinero que dejó un tal «Zuñi» en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
Sin embargo, entre pasillos del recinto legislativo era bien conocido el rumor del condicionamiento al que estaban siendo sujetos los alcaldes por parte de algunos diputados que integran las comisiones unidas, que habrían solicitado «moche» a cambio de autorizar sus solicitudes para contratar dichos créditos.
Por eso no fue extraño ver al presidente municipal de Sombrerete, Alan Murillo, este miércoles en el recinto legislativo intentando un último cabildeo para que su solicitud presentada desde el 3 de junio del año pasado por fin fuera autorizada por el pleno.
Pero sus intentos fueron en vano, o a sus intermediarios les ganó la ambición (que se estima en una cuota de 300 mil pesos), a tal grado que el dictamen para el caso de Sombrerete fue rechazado al no reunir mayoría calificada, pues únicamente logró 14 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Así que Alan Murillo se quedó con las ganas de contratar más deuda hasta por 24 millones de pesos que serían pagaderos en un plazo no mayor a siete años; y los diputados intermediarios se habrían quedado sin su «moche».
Misma suerte corrió la solicitud del Ayuntamiento de Luis Moya (que llegó al Legislativo desde el 30 de junio del año pasado), cuyo dictamen fue rechazado por mayoría de 16 votos en contra y 10 a favor, para contratar un crédito hasta por 3 millones 582 mil 147.46 pesos, pagaderos en la administración actual y que se invertirían en infraestructura social básica.
El escenario fue distinto para Tlaltenango (ahí donde pretende incursionar la secta), pues su solicitud presentada desde el 3 de octubre del año pasado fue aprobada por mayoría de 18 votos a favor, siete en contra y una abstención. Así que el municipio podrá contratar un crédito hasta por 12 millones de pesos, pagaderos en un plazo no mayor a 5 años, que se invertirían en adquisición de maquinaria y equipo de transporte.
Finalmente, el punto que dividió a los diputados por casi dos horas fue la discusión del dictamen relativo a las solicitudes del Ayuntamiento de Valparaíso, presentadas desde el 13 de diciembre, para contratar dos créditos que en conjunto sumarían casi 38 millones de pesos.
A estas alturas de la sesión ordinaria, el pleno legislativo ya se había convertido en un tendedero de trapitos sucios y un cinismo descarado, aderezado con una corta memoria, donde saltaron acusaciones como la de Susana Barragán, que dio a entender que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Enrique Laviada, condicionaba votos a cambio de «moches» cuando afirmó que «es el primero que estaba negociando y está pidiendo dinero, como lo fue en el caso de la concesión del estadio«.
Y es que tampoco pasó desapercibido que a esas horas, el diputado Enrique Laviada ya estaba fuera de sus casillas (se rumora que hasta pasado de copas), al grado de citar a Michel Foucault para justificar una decisión y gritoneando a diestra y siniestra, con ofensas incluídas en su vociferación.
Este pleito de mercado que duró casi dos horas, y que conforme avanzaba el reloj reforzaba la idea de que todo se trataba de revanchismo político, derivó en oootro berrinche legislativo en el que la oposición abandonó el pleno en su amago de romper quórum luego de que no fuera atendido el constante llamado a devolver los dictámenes a comisiones. Claro: no había condiciones para su aprobación.
El problema es que permanecieron en el pleno los diputados David González, Jehú Salas y Lupe Correa, cuya presencia abonó a conservar el quórum el tiempo suficiente para seguir con el tendedero de trapitos sucios hasta que se agotó la paciencia de la diputada Martha Elena Rodríguez, que pasadas las 9 de la noche determinó que los dictámenes de Valparaíso se regresaban a comisiones para ser votados en otra sesión.
Bien raro que a los intermediarios para la aprobación de estos créditos se les identifique como muy cercanos a un disidente del tricolor: Roberto Luévano Ruiz. Y que sea el mismo grupito que hizo vacío en la pasada sesión solemne celebrada en Villanueva.
Pero no fue el único pleito que dividió a los diputados este miércoles. Horas antes se calentaron los ánimos al discutir el dictamen con diversas reformas al Código Penal del Estado de Zacatecas, en el que la Comisión de Justicia hizo una capirotada de diversas iniciativas en las que se tipificaba el delito de cohabitación forzada; se privilegiaba el interés superior de la infancia en los delitos cometidos contra menores de edad; se establecía el rango de 15 a 18 años de edad el delito de violación en el caso de relaciones recurriendo a engaños; y se reducían las penas a deudores alimenticios.
Fue justamente el último tema el que desató senda discusión en el pleno y en el que se olvidaron las otras reformas en las que la mayoría estaba de acuerdo. Abonando al reclamo de las zacatecanas para mantener las penas a deudores alimenticios tal como están en el Código Penal, se pronunciaron en contra de esta reforma propuesta por la diputada Karla Valdez las legisladoras Gaby Pinedo, Gaby Basurto, Susana Barragán, Georgia Miranda, Priscila Benítez y Cuquita Ávalos, así como el diputado Xerardo Ramírez.
A favor de reducir las penas a deudores alimenticios se pronunciaron diputados como Ernesto González Romo o Enrique Laviada, éste último calificando de «desafinado» (o «desatinado», no se le alcanzó a entender) el discurso feminista respecto a este tema y que ha caído en la demagogia.
Y aunque el dictamen en general incluía reformas positivas en las que la mayoría de los legisladores estaba de acuerdo, se rechazó con 16 votos en contra y sólo 11 a favor, en lugar de presentar una reserva para no modificar las penas a deudores alimenticios, como había planteado la diputada Gaby Pinedo y cuya propuesta contaba con el respaldo mayoritario, o de regresar el dictamen a comisiones, como había solicitado el diputado Manolo Gallardo.
Por lo demás, fue una sesión que oootra vez dejó en claro que esta 64 Legislatura es un desastre. Sea por Dios…
