A quien alegue que la transparencia sale cara, resulta que a los mexicanos nos ha salido más cara la corrupción. De ahí la importancia de que el órgano garante, el INAI, tenga las condiciones para que el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales estén garantizados.
En aras de aplicar a la mala eso de la «austeridad republicana» a rajatabla, la 4T ha pretendido extinguir o doblegar a instituciones que atenten contra lo que diga su dedito. Porque «por el bien de todos, primero los pobres», aunque en esta administración se haya incrementado el número de pobres en el país.
Esta política emprendida desde Palacio Nacional y replicada en el Congreso de la Unión ha tenido su freno temporal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le ha corregido la plana en diversas ocasiones a la 4T, con el vergonzoso episodio de imponer como ministra a la plagiaria de tesis Yasmín Esquivel.
Sobra decir que en eso del combate a la corrupción, la transparencia es la columna vertebral porque permite a la población conocer en qué se está aplicando el recurso público y quiénes se benefician del erario.
El hecho de pretender declarar los «proyectos prioritarios» de la 4T como reservados por cuestiones de «seguridad nacional» poco abona a la transparencia y al combate a la corrupción, mucho menos cuando los sujetos obligados del orden federal responden con un machote a cuanta solicitud de información llegue a sus unidades de transparencia para negarse a responder las demandas de la ciudadanía.
Por ello, la sesión del pleno de la SCJN realizada este jueves tuvo gran relevancia, pues entre los asuntos sometidos a discusión estuvo la controversia interpuesta por el pleno del INAI respecto a las omisiones del Senado para nombrar a los comisionados faltantes y así estar en condiciones de poder sesionar.
Y es que, hasta ayer, iban ya 469 días desde que estos espacios quedaron vacantes sin que el Senado mostrara el mínimo interés en garantizar que el pleno del INAI tuviera las condiciones para continuar con la tutela del derecho a la información y la protección de datos personales, quién sabe si en aras de seguir postergando la transparencia respecto a los temas de interés nacional en el manejo del recurso público.
El proyecto original elaborado por la ministra Loretta Ortiz fue desechado y returnado a otro ministro, pues al menos ocho ministros consideraron que esos 469 días con comisiones vacantes en el INAI ha sido un plazo más que razonable para que el Senado resuelva sobre el asunto, mientras que los ministros Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Arturo Zaldívar señalaban que estas omisiones no constituían una violación a la Constitución.
Lo cierto es que en dos ocasiones el Senado ha sometido a votación la designación de comisionados faltantes en el INAI, con un veto presidencial de por medio, sin que a la fecha exista voluntad para convocar a periodo extraordinario y hacer los nombramientos de una vez por todas.
Lo anterior ha derivado en la acumulación de alrededor de 7 mil asuntos que no ha podido resolver el pleno del INAI porque la ley establece que las sesiones serán válidas con la presencia de al menos cinco de los siete comisionados que deben integrar el pleno del INAI, y a la fecha sólo hay cuatro con su nombramiento vigente.
Lamentablemente, la SCJN se va de periodo vacacional y este asunto podrá ser retomado hasta la primera semana de agosto, cuando se pueda someter a discusión un nuevo proyecto, en el que también se plantearía la posibilidad de autorizar al INAI que sesione con los comisionados que hasta hoy integran el pleno.
¿Qué interés puede haber en obstaculizar el trabajo del órgano garante en materia de transparencia?, ¿demorar el acceso a la información en los «proyectos prioritarios» como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, o para seguir documentando la corrupción en la «Estafa de SEGALMEX»? El que nada debe, nada oculta…
Ese dicho también puede aplicar al «gobierno de la transformación», pues en la reciente evaluación de obligaciones en materia de transparencia, el IZAI otorgó reconocimientos a los sujetos obligados que cumplieron al 100%, una meta que pocas, muy pocas dependencias cumplieron.
Porque de 51 sujetos obligados correspondientes a dependencias centralizadas y descentralizadas del Ejecutivo estatal, únicamente recibieron este reconocimiento las secretarías General de Gobierno, de la Función Pública, de Economía, de Finanzas, de Turismo, del Agua y Medio Ambiente, de Obras Públicas, así como la Jefatura de Oficina del Gobernador y el Sistema Estatal DIF.
Sin embargo, como hemos reiterado tantas veces en este espacio, no basta con cumplir con la carga de información en las obligaciones de transparencia cada trimestre, también es preciso evaluar la calidad de la información y si ésta cumple con los requisitos mínimos en formatos estandarizados, un tema en el que la SFP que encabeza Humbelina Elizabeth López Loera ha quedado a deber.
Sólo hay que revisar los informes financieros trimestrales de los sujetos obligados para darse cuenta que no están homologados y que cada dependencia entrega la información que se le ocurre, con sendos vacíos que impiden la adecuada vigilancia en la aplicación del recurso público.
Tampoco se queda atrás la carga selectiva de contratos de adquisiciones y de obra pública, en sus modalidades de adjudicación directa o licitación, pues es larga la lista de proyectos (como el dichoso C5i) cuyos contratos no obran en los registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, o simplemente se duplican (y hasta quintuplican) los registros de una misma adquisición y que complican el análisis de la información, como en el caso de la Secretaría de Salud.
No se quedan atrás otras omisiones en las obligaciones de transparencia, como la publicación regular de padrones de beneficiarios de todos los programas que existen en la administración pública, sin olvidar los gastos en comisiones oficiales cuyos enlaces para la comprobación de gastos con frecuencia están caídos o son de acceso restringido. Eso de la transparencia proactiva ya es lo de menos.
Estos estándares mínimos también se esperarían con los Poderes Legislativo y Judicial (que recibió por sexta ocasión consecutiva su reconocimiento por cumplir al 100%), en los 58 municipios, en los organismos operadores de agua potable y la JIORESA, sin olvidar nuestra Máxima Casa de Estudios, partidos políticos y principalmente los sindicatos, que han sido los más omisos en materia de transparencia. Hasta entonces podremos hablar de un efectivo combate a la corrupción.
¿Quién reconstruirá el puente de Río Grande?
Los habitantes de Río Grande siguen a la espera de que se retiren por completo los escombros del histórico Puente Hidalgo que colapsó en días pasados, pues se corre el riesgo de que con la temporada de lluvias y la creciente del Río Aguanaval, ocurra otra tragedia.
En voz del propio alcalde Mario Córdova se sabe que los trabajos se han demorado debido a que por dicho puente también cruzaba una de las principales tuberías de agua potable, lo que ha complicado los trabajos debido a que implicaría realizar dos proyectos de manera simultánea: el retiro de escombros y la reconstrucción del puente, así como la construcción de otra línea de conducción.
Se trata de una situación emergente y de carácter extraordinario que amerita acelerar los trabajos para evitar una tragedia inminente, pues el riesgo no ha terminado. Sin embargo, más allá de que se pongan de acuerdo en quién aporta los recursos (el «gobierno de la transformación», el municipio o hasta las gestiones de la secretaria de Energía, Rocío Nahle), queda la duda sobre quién ejecutaría las obras.
Porque, a la fecha, en el portal de la SFP no se ha publicado la convocatoria de licitación correspondiente, y al ser una situación de carácter extraordinario, existe la posibilidad de que estas obras se adjudicen de manera directa con un dictamen de excepción, lo que no evitaría la sospecha de «favoritismo» y posible desvío de recursos, poniendo en riesgo la calidad de las obras.
Pero sigamos pregonando que el «gobierno de la transformación» está comprometido con la transparencia y el combate a la corrupción…
NOTA: Como la burocracia se va de vacaciones, en este espacio también nos tomaremos unos días de descanso (no sabemos si justo, pero sí necesario). ¡Nos leemos hasta agosto!
