Así como el oficialismo ya anda en actos anticipados de proselitismo con las «corcholatas» que buscan encabezar los Comités de Defensa de la 4T, la oposición busca la manera de replicar este ejercicio que les permita posicionar a algún cuadro rumbo a la elección presidencial del 2024.
Así surge el denominado Frente Amplio por México, que aglutina suficientes logos como si fuera una playera de patrocinadores para la F1 o para algún equipo de futbol. Si existe alguna plataforma política de este Frente que vaya más allá de cuestionar como retórica barata al presidente Andrés Manuel López Obrador lo desconocemos aún, porque ciertamente no son los tiempos para hacer propuestas de campaña (pese a estar francamente en campaña).
En teoría, este Frente Amplio por México no sólo integra a perfiles emanados de la coalición Va por México (PRI-PAN-PRD), sino que también se recogen voces ciudadanas que no coinciden con el proyecto de la 4T y buscan alguna alternativa política que no sea el esquirol de Movimiento Ciudadano.
Y para elegir a quienes encabezarán los esfuerzos se ha organizado un proceso interno que justifique en la práctica los actos anticipados de proselitismo en los que está incurriendo el oficialismo, a propósito de los vacíos legales que permite la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Pues bien, en esta primera etapa sólo 13 perfiles de 33 aspirantes reunieron los requisitos para pasar a la siguiente fase, al haber cumplido, entre otros requisitos, con la presentación de su 3 de 3 en materia de transparencia y su 3 de 3 contra la violencia, los cuales hasta donde se sabe no han sido considerados por el oficialismo y sus «corcholatas» para los Comités de Defensa de la 4T.
Estos 13 perfiles son nada más y nada menos que Silvano Aureoles, Santiago Creel, el zacatecano José Jaime Enríquez Félix, Xóchitl Gálvez Ruiz, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Ignacio Loyola Vera, Miguel Ángel Mancera, Beatriz Paredes, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Gabriel Quadri, Israel Rivas y Sergio Iván Torres Bravo.
Como quien dice, hay de chile, de dulce y de manteca. Porque así como hay sábanas muy orinadas, también hay perfiles que sólo en su casa los conocen (y eso todavía está en duda) y serían pocos, muy pocos, los cuadros semifinalistas que han hecho carrera política sin entrar en controversias.
De todos los anteriores, no ha pasado desapaercibida la saña con la que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dedicado tiempo de su talk show llamado «mañaneras» para referirse a la senadora panista Xóchitl Gálvez, con tal insistencia que hoy prevalece la impresión de que se trata de un perfil que ha destanteado al oficialismo y podría cimbrar la seguridad con la que ya se veían continuando en la silla presidencial en el 2024.
Y es que ante la figura gris de la exjefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, considerada la «corcholata favorita» de la 4T, la senadora Xóchitl Gálvez ha tenido el tino de aprovechar en su favor cada denostación del Presidente, que la va posicionando no sólo entre el rancio conservadurismo en México, sino también en aquellos sectores populares, de la clase trabajadora y de la cultura del esfuerzo que ya envidiaría López Obrador para «su corcholata».
Pues siguiendo con estos actos adelantados de proselitismo, mientras el Presidente sigue posicionando a Xóchitl Gálvez como la alternativa de la oposición, el Frente Amplio por México pasa a su siguiente fase para la elección de quien representará sus esfuerzos.
A partir de ayer miércoles 12 de julio y hasta el próximo 5 de agosto estará abierta una plataforma digital para el registro de firmas y que cada uno de los 13 aspirantes que reunieron los requisitos puedan juntar hasta 150 mil firmas de respaldo, pero que deberán sujetarse a lineamientos como el hecho de que estas firmas sean en al menos 17 entidades federativas y sólo 20 mil firmas como máximo por estado.
Una vez cerrada la plataforma, el 9 de agosto se daría a conocer la lista de aspirantes que cumplieron con la meta y que pasarían a la segunda etapa. Es decir, tendrían a su posible aspirante presidencial casi un mes antes que el oficialismo, considerando que las encuestas para elegir a la «corcholata» que encabezará los Comités de Defensa de la 4T (nombre rimbombante para «aspirante presidencial») se levantarán del 28 de agosto al 3 de septiembre, para tener un nombre definitivo el 6 de septiembre de este año, en el preámbulo del inicio del proceso electoral.
Se trata de dos métodos diferentes, con condiciones diferentes para la fiscalización por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), pero que tampoco se traducirían en un triunfo anticipado rumbo a la elección del 2024, pues no hay que olvidar que las dichosas 150 mil firmas que deberán reunir los aspirantes del Frente Amplio por México muy apenas representan el 0.5% de los más de 30 millones de votos que obutvo Andrés Manuel López Obrador en la elección del 2018.
Y mientras las cúpulas de todos los colores y sabores siguen en la rebatinga de posiciones para el próximo proceso electoral, las cifras de horror por la violencia continúan en el país (pese a la insistencia de que todo marcha requetebien), un factor que sin duda podría incidir en la próxima elección presidencial.
No quieren otro «Chilpancingo» en el 2024
A propósito de violencia y elecciones, se sabe que la recién nombrada secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, se enfrenta a los infiernitos que le heredó otra «corcholata» presidencial: el tabasqueño Adán Augusto López Hernández.
Hasta donde se sabe, la extitular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recién comienza con la integración de su equipo de trabajo de confianza que le permita cumplir con la encomienda del presidente Andrés Manuel López Obrador para garantizar la gobernabilidad en el país, una tarea nada sencilla luego de la bienvenida a Alcalde Luján con los hechos violentos que se han desatado en Chilpancingo, Guerrero.
Sin embargo, días antes de que la nueva secretaria comenzara con la integración de su equipo de trabajo, los funcionarios heredados por Adán Augusto López en la SEGOB habrían hecho movimientos al interior de la dependencia a espaldas de la nueva titular.
Entre estos movimientos no solo se encuentra la reasignación de trabajadores a otros espacios, sino también irregularidades en los procesos de entrega recepción, sin actas donde conste lo que pasa de unas manos a otras en esta transición, además de la destrucción de evidencias y archivos con información relevante que implicaría hasta los datos de juegos y sorteos, como la famosa rifa del avión presidencial.
Detrás de estos movimientos anómalos se dice que hay dos principales responsables: el expanista José Antonio de la Vega Asmitia y su fiel escudero William Sebastián Castillo Ulín. Ambos aún trabajan en la SEGOB, desde que llegó Adán Augusto López, pero ya habían estado en el gobierno de Tabasco, también en la Secretaría de Gobierno.
A ambos se les atribuyen actos de intimidación y amenazas contra políticos de la oposición y en sus manos estaba prevenir hechos de violencia como los que hoy marcan al estado de Guerrero, hechos que podrían repetirse en otras entidades en la próxima elección presidencial.
Hasta donde se sabe, habría la instrucción de Luisa Alcalde para integrar un equipo de confianza que documente información en todo el país, dividido en diferentes regiones, con la finalidad de evitar otro «Chilpancingo» de aquí al 2024. Esa es la principal encomienda del presidente Andrés Manuel López Obrador para la nueva titular de la SEGOB. ¿Cómo actuarán en el caso de Zacatecas?
