Si alguien se ha encargado de mantener al gobernador David Monreal con la más alta percepción de corrupción en su gobierno en todo el país en las mediciones demoscópicas que se han dado a conocer hasta la fecha, esa ha sido la secretaria de la Función Pública, Humbelina Elizabeth López Loera.
Su discurso, en el que no pasa inadvertido el «por instrucciones del señor gobernador«, lejos queda de la independencia de este organismo encargado de fiscalizar al Ejecutivo estatal en la pretendida lucha contra la corrupción, y en sus acciones, la SFP más bien ha sido tapadera de la cloaca que ha sido la «nueva gobernanza».
¡Pero qué papel! Ya desde el proceso de entrega recepción, muchos recordarán aquellas declaraciones incendiarias en las que se acusaban 639 anomalías en el «quinquenio diferente», de las cuales 240 eran consideradas «graves».
Se dijo que se había detectado el “robo hormiga” de combustible por casi 3 millones de pesos tan solo en unas cuantas semanas de la revisión, sin olvidar los faltantes en los inventarios, entre vehículos, equipamiento, macetas, lápices y hasta un cocodrilo.
Y el show no quedó ahí. En marzo del año pasado se informó de unas 50 denuncias penales interpuestas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (hoy rehén de una secta que deberían combatir) por presuntos delitos cometidos por exservidores públicos, como el caso de Benjamín «N», que sólo sirvió para levantar el rating. Pero de resultados, nada.
Aunque de estas denuncias, seis casos llegaron a judicializarse (y en algunos se esperaba orden de aprehensión) y otros más se encontraban en proceso de vinculación, a la fecha ninguno ha procedido en tribunales.
De hecho, este frente abierto contra enemigos de la secta (en el que la Fiscalía se puso de tapete para seguir instrucciones) se topó con pared una vez que hizo su aparición el exmagistrado Armando Ávalos Arellano y les ha ganado un asunto tras otro.
A qué grado llegarían las cosas que hoy López Loera tiene prohibido mencionar el nombre del reconocido penalista, más cuando el gobernador David Monreal se fue contra jueces que beneficiaban a las víctimas del terrorismo laboral y otras vendettas de la «nueva gobernanza».
Y el show no quedó ahí. Porque en su momento hasta se ofreció una «Conferencia por la Transformación» en la que se anunció que había diversos procesos de inhabilitación contra ocho exservidores públicos cuyas sentencias originalmente sumarían más de 171 años en conjunto, pero que días antes del primer informe de gobierno se multiplicaron hasta 273 años, ocho meses y ocho días de inhabilitaciones. De las sentencias, nada.
Ah, pero es que sí ha habido resultados. Se nos olvidaba que casi el 100% de los servidores públicos cumplió con su declaración patrimonial, esa en la que algunos funcionarios reportan créditos hipotecarios por 350 pesos (¿dónde venden esas casas a precios de risa?) o que, de un año a otro, mostraban un incremento patrimonial incompatible con sus ingresos declarados.
En su momento, López Loera también dio cuenta de 13 multas económicas a contratistas y/o prestadores de servicios por hasta 8 millones 273 mil 676 pesos. De hecho, en el portal sobre el Registro Único de Proveedores y Contratistas Validados (RUPCOVA) se informa de 14 personas físicas y/o morales sancionadas por la «nueva gobernanza», con multas por más de 8.4 millones de pesos en conjunto, así como inhabilitaciones por 22 años seis meses y 50 días para poder participar en alguna licitación pública.
Además, la SFP no se ha quedado cruzada de brazos en el combate a la corrupción de las «herencias malditas», a tal grado que en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) ahora sí se dan a conocer los resolutivos de los procedimientos que se han seguido en la «nueva gobernanza».
Sólo que, de los 15 asuntos que se dan a conocer en el portal (uno del año pasado y 14 de este año), todos se han declarado «sobreseídos» al no haberse encontrado la falta que se acusaba. Igualito que se están cayendo los asuntos en tribunales.
El problema es que, a unos días del segundo informe de gobierno, se acaba el discurso de las «herencias malditas» y poco o nada se ha dicho sobre la corrupción del presente, por mucho que el diputado Ernesto González Romo insista en crear la Comisión Especial para Investigar la Corrupción del Pasado.
Porque si en algo ha quedado a deber la titular de la SFP es en la investigación de la «nómina secreta» con la entrega de «estímulos por responsabilidad en el cargo» (y que López Loera también recibe, según lo que se reporta en la PNT), o la simulación de licitaciones y el presunto desvío de recursos en diversas contrataciones, los aviadores del malestar, la duplicidad de funciones, conflictos de interés, abusos de autoridad y lo que se acumule en el expediente del gabinete de florero de la «nueva gobernanza».
No hay que olvidar que hoy pesa sobre López Loera la acusación sobre el presunto cobro de cuotas a los titulares de Órganos Internos de Control y los cambios al interior de la dependencia que encabeza luego de la salida del Ángel de la Muerte como subsecretario de Responsabilidades poco abonan a estabilizar y dar certeza al papel que debería jugar en la fiscalización del Ejecutivo estatal.
Porque por lo menos en la Subsecretaría de Control han pasado Víctor Hugo Hernández Reyes (hoy titular del OIT en la Jefatura de Oficina del Gobernador); José Luis Carrillo Delgado y Carlos Eduardo Torres Muñoz. Todos, emanados del mismo equipo, pero a estas alturas del sexenio, no han sacado un buey de la milpa.
¿Sabemos ya si se abrió investigación contra Jeú Moches en su tiempo al frente de la Coordinación Estatal de Protección Civil?, ¿conocemos ya si existe un expediente por la disparidad en los reportes de ingresos de gestión del SEDIF (ahí donde el tufo de corrupción se extiende a la contratación de Don Cacahuato)?, ¿hay plena certeza sobre la aplicación (o no) de recursos públicos en el proyecto del C5i cuando no se tenía la propiedad del Cerro San Simón?
Dudas, muchas dudas siguen quedando en el papel de la SFP en el pretendido combate a la corrupción. ¿Usted qué opina, estimado lector?
