El incremento en el indicador mensual de la actividad industrial para el mes de junio que presumió el «gobierno de la transformación» desde este martes es un logro pírrico si se toma en cuenta que desde el inicio de la actual administración Zacatecas se ha mantenido estancado en el mismo indicador que elabora el INEGI.
Por supuesto, algo había que destacar luego de los pésimos resultados durante el mes de julio en materia de empleos formales, de lo cual ya dimos cuenta en este espacio. Sin embargo, la parálisis parece sintomática en esta gobernanza que no ve la O por lo redondo y eso aplica en buen parte de la administración pública.
Baste revisar los informes financieros del segundo trimestre del año para darse cuenta de cómo se está ejerciendo el recurso público y si de verdad se está aplicando en tiempo y forma, los movimientos en el presupuesto aprobado por la 64 Legislatura y el impacto a las finanzas por el recorte en participaciones.
Porque sí, en efecto, el prodigio de las finanzas (que sí lo es) Ricardo Olivares Sánchez ha sabido sortear con astucia e inteligencia el bache derivado de la recaudación federal participable y ese déficit de ingresos federales se ha podido compensar hasta el momento con recaudación propia.
Lástima que el gobernador David Monreal cuenta con un gabinete que no sigue el mismo ritmo y ese marasmo de verdad impacta en la población. Los últimos informes financieros con corte al 30 de junio son la última radiografía que tendremos del estado que guarda la administración previo al Segundo Informe de Gobierno y hay temas que preocupan en serio.
Al analizar los movimientos presupuestales se advierten las prioridades de la «nueva gobernanza» y que no precisamente se concentran en acciones porel «bienestar y progreso» de la población.
Veamos el caso de la obra pública en bienes de dominio público. En esta partida, la Secretaría de Obras Públicas que encabeza Guillermo Carrillo Pasillas ha devengado al 30 de junio algo así como 94.6 millones de pesos de los 638.1 millones de presupuesto. Y eso que durante el segundo trimestre del año sufrió un recorte de 11.8 millones de pesos a su presupuesto autorizado.
Lo anterior significa que a esta dependencia le quedan por devengar unos 543.5 millones de pesos, es decir, más de 85.1% de su presupuesto. Y ya va más de la mitad del año. Eso explicaría la ausencia de licitaciones en el portal de la Secretaría de la Función Pública (SFP), pero seguimos sin entender por qué siguen calentandon el dinero en las cuentas bancarias en lugar de aplicarlo en tiiempo y forma.
Otro ejemplo significativo está en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que hoy dice encabezar un tal Sergio Casas. Esta dependencia tuvo una ampliación presupuestal por 50 millones de pesos en la partida de Obra pública en bienes de dominio público y al 30 de junio, cuando su presupuesto modificado ascendía a 59 millones, no había devengado un solo peso.
Una situación similar se presenta en la Secretaría de Desarrollo Urbano (SEDUVOT) que dirige Luis de la Peña, luego del enroque con Laura Bermúdez ante una gris gestión. Sin embargo, el cambio no se ha traducido en mayor eficiencia en el gasto público, pues en el segundo trimestre del año la dependencia tuvo una ampliación por 11.6 millones de pesos y al 30 de junio no había devengado un solo peso de los 75.8 millones de los que disponía en su presupuesto modificado.
¿Será que las obras que ahora se están entregando corresponden apenas al ejercicio fiscal 2022?
¿Seguimos con las «prioridades»? Veamos el caso de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), encabezada por Susana Rodríguez Márquez y quien tiro por viaje recibe reclamos del alcalde fresnillense Saúl Monreal. Esta dependencia tuvo una ampliación por 9.5 millones de pesos en la partida de Obra pública en bienes propios, pero al 30 de junio solo había devengado la grandiosa cantidad de 141 mil 520 pesos de los 163.5 millones de pesos de presupuesto modificado. Eso significa que en la segunda mitad del año tendría pendientes por devengar 163.4 millones de pesos, es decir, el 99.9% de su presupuesto modificado.
Un caso similar se presenta en la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza Arturo Medina Mayoral. La dependencia tuvo una ampliación presupuestal por 12.4 millones de pesos en la citada partida de Obra pública, pero al 30 de junio no había devengado un solo peso.
En contraparte, sí se ve un incremento significativo en el gasto en otras partidas durante el segundo trimestre del año, como es el caso del Gasto en combustible. Ahí, la Secretaría de Seguridad Pública devengó de abril a junio de este año algo así como 14.6 millones de pesos, mientras que en el primer trimestre apenas habría gastado unos 8.7 millones de pesos.
Por supuesto, en esta dependencia se entiende el gasto en combustible luego de la última entrega de nuevas patrullas a las corporaciones. Sin embargo, no se explica el incremento más que significativo en otras dependencias como la Secretaría de Educación (SEDUZAC), que en el primer trimestre habría devengado (no se ría) la grandiosa cantidad de 10 mil 389 pesos en combustible, pero durante el segundo trimestre se chupó unos 2.1 millones de pesos en la misma partida. ¿Se fueron a Dubai en carro o qué onda?
Y aunque menos significativo, otro caso de incremento en el gasto de combustible se registró en la Jefatura de Oficina del Gobernador donde dicen que despacha un tal «Zuñi«. Ahí, en el primer trimestre del año habrían devengado 386 mil 547 pesos, pero de abril a junio este gasto se duplicó hasta alcanzar los 735 mil 500 pesos en un trimestre. ¿No estarían entregando comprobantes ficticios?, ¿o de dónde tanto gasto en combustible?
Y las incosistencias continúan en la partida de Ayudas Sociales. Por ejemplo, en la SEDESOL, aunque le habían recortado unos 136.3 millones de pesos en este concepto, al 30 de junio apenas había devengado 6.9 millones de los más de 158.1 millones que tenía en presupuesto modificado.
Por si fuera poco, la Secretaría General de Gobierno que encabeza Rodrigo Reyes disponía de 18.4 millones de pesos en esta partida y al 30 de junio no había devengado un solo peso. En tanto, en la Jefatura de Oficina del Gobernador apenas llevaban devengados unos 2.1 millones de los 24 millones de pesos autorizados para esta partida. Y el tiempo sigue corriendo…
En cambio, en el mismo periodo la mayor erogación en Ayudas Sociales se registró en la Secretaría de Educación, pues con 104.9 millones de pesos de presupuesto modificado (tuvo una ampliación por 52.6 millones en los primeros seis meses del año), al 30 de junio ya había devengado poco más de 48 millones de pesos.
Un caso que llama la atención es el de Servicios de arrendamiento, pues en este espacio dimos cuenta de algunas inconsistencias en el presupuesto estatal, sobre todo en lo que compete a la SSP, dependencia que durante el segundo trimestre del año había sufrido un recorte de 46.6 millones de pesos.
Sin embargo, esa disminución quizá se compensa con la ampliación presupuestal por 160.2 millones de pesos en Vehículos y equipo de transporte, de los cuales al 30 de junio ya se habían devengado 73.6 millones, que corresponden más o menos con la inversión realizada en la última entrega de patrullas a las corporaciones.
Eso sí: siguiendo con las políticas de «austeridad republicana» y atendiendo a la baja en las participaciones, durante el segundo trimestre del año la Jefatura de Oficina del Gobernador tuvo un recorte de 11.1 millones de pesos en gastos de Comunicación social y publicidad. ¿Quiénes serán los privilegiados que conservarán sus convenios intactos y a quiénes les darán las gracias?
Así las cosas en materia presupuestal en una nueva gobernanza muy lenta y rara.
