Vaya lío el que se ha armado por la solicitud de donación de un terreno para la asociación civil Inclusión Zacatecas con la finalidad de construir una guardería subrogada al IMSS por los rumbos de La Escondida.
Lo que debió discutirse privilegiando el interés superior de la niñez terminó en la (no tan sorpresiva) grilla política, previo al proceso electoral 2023-2024.
Mientras la senadora Claudia Anaya era designada como secretaria de la Mesa Directiva en el Senado de la República para el actual periodo ordinario, el diputado local Ernesto González Romo le acusaba de ambición por pretender apropiarse de bienes públicos para fines particulares. Y de ahí vino la bola de nieve.
Porque al mismo tiempo, en la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal que preside la diputada Priscila Benítez fue aprobada por unanimidad (incluyendo el voto de diputados del oficialismo) la solicitud del Ayuntamiento de Zacatecas para proceder a la donación del predio correspondiente.
El tema habría iniciado desde el pasado 4 de enero, cuando Mariana Anaya, hermana de la senadora y presidenta de la mencionada asociación, remitió al presidente municipal Jorge Miranda Castro la solicitud de donación de un terreno con los fines ya mencionados, sin especificar dimensiones, ni valores catastrales, ni ubicación, ni algún otro detalle más allá de que fuera en una zona de alta densidad poblacional para que el beneficio de la guardería llegara a la mayor cantidad de trabajadoras posible.
El 31 de enero de este año, el Cabildo de la Capital aprobó por unanimidad (otra vez, de todas las bancadas) la solicitud de Mariana Anaya, y de ahí se remitió la solicitud de donación a la 64 Legislatura, turnada a la Comisión de Hacienda desde el pasado 8 de febrero.
Más de siete meses después, una vez declarado el inicio del proceso electoral 2023-2024, surgen las voces en contra de la solicitud de donación. Y el tema parece atribuírse únicamente a la senadora Claudia Anaya, cuyo nombre no figura en ninguno de los documentos del largo expediente que integra la solicitud.
El tema alcanzó tal nivel que la propia senadora se vio obligada a emitir su postura respecto al tema, deslindándose de cualquier participación que le habían pretendido atribuir (especialmente lo del «tráfico de influencias») y exhortando a los diputados locales a votar en contra de la solicitud si tantas dudas les generaba.
Porque en el fondo, la exigencia del diputado Ernesto González Romo no tenía razón de ser, pues de inicio, quien realizó todos los procedimientos fue Mariana Anaya como presidenta de la citada asociación, no la senadora Claudia Anaya, quien nada tenía que ver con la petición de «desistir» de una solicitud que ella no había hecho, sino su hermana.
En cambio, no pasa desapercibido el hecho de que el dictamen de la Comisión de Hacienda en la 64 Legislatura, una vez aprobado, ni siquiera ha sido leído ante el pleno, máximo órgano en quien recae la responsabilidad de aprobar o rechazar la mencionada solicitud de donación. Pero como ya está en marcha el proceso electoral, hay costos políticos que hoy se buscan capitalizar.
Es ante el pleno que los diputados podían autorizar o rechazar la solicitud, pero exigiendo el desistimiento únicamente trasladaban el costo político a los solicitantes, sin asumir su responsabilidad.
En medio de esta polémica que ya ha sido politizada (y no lo suficiente, por lo que se ve), quien sale perdiendo son las madres trabajadoras que no contarán en lo inmediato con el servicio de guarderías, una política pública que abona a la inserción laboral de las mujeres y a abatir las desigualdades.
El tema fue discutido en asuntos generales en la sesión ordinaria de este miércoles, y el diputado Ernesto González Romo insistió en su postura, alegando que la familia Anaya Mota se quedaría con un patrimonio público de 2 mil metros cuadrados, con valor catastral superior a los 3 millones de pesos, y agradecía a la senadora Claudia Anaya por haber desistido de la solicitud de donación.
Sin embargo, el posicionamiento de la senadora en ningún momento expresa este desistimiento; por el contrario, invita a los diputados a asumir su responsabilidad y votar en contra del dictamen, si así lo consideran.
¿Qué justifica la solicitud? Hasta donde se sabe, el predio en disputa ya había sido cedido a otra asociación civil en pasadas administraciones, también para un proyecto de beneficio social, pero cumplido el plazo éste nunca se llevó a cabo, por lo que el terreno volvió a manos del municipio, que viendo las necesidades de la Capital ante el crecimiento de la mancha poblacional, debió evaluar qué proyecto era más conveniente.
Bien raro que no se cuestiona esta decisión del Cabildo de Zacatecas, sino que únicamente se atribuye el tema a la familia Anaya Mota, y especialmente a la senadora Claudia Anaya.
Lo que parece más grave es que hayan surgido visos de posible violencia política de género, al sugerir que Mariana Anaya no puede por sí sola encabezar las gestiones de la asociación que preside, sino que se atribuyen estas decisiones a su hermana la senadora.
Lo anterior es como pensar que el alcalde Jorge Miranda Castro; el secretario de Turismo, Le roy Barragán, o el exdiputado Chema González tienen que responder por las decisiones que toman los diputados Georgia Miranda, Susana Barragán o David González como legisladores tan sólo por su parentezco.
Eso sí, mucho agradeceríamos que el diputado Ernesto González Romo, también presidente de la Comisión legislativa del Sistema Estatal Anticorrupción, le diera una revisada al Ejemplar Número 1 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha 4 de enero de 2023, donde se publican dos avisos interesantes relativos al desistimiento de dos predios propiedad de Florentino Monreal Solís y Cándido Monreal Ávila, en Puebla del Palmar y El Refugio, ambos en el expredio San Gabriel, en Fresnillo, en favor del Gobierno del Estado de Zacatecas.
Porque sí da mucho qué pensar que se trata de una «buena intención» eso de desprenderse de más de 10 hectáreas cada uno para cederlas a la «nueva gobernanza». No vaya siendo que sea una estrategia para invertir recurso público en propiedad privada, ¿verdad?
¿Y dónde está Julio César «N»?
A cinco meses del desafuero del de la «honestidad y acciones firmes», el diputado Enrique Laviada llevó a la tribuna legislativa la exigencia al fiscal Francisco Murillo Ruiseco para que rinda cuentas del por qué a la fecha no hay avances en el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Julio César Chávez Padilla, exalcalde de Guadalupe, acusado por su presunta coautoría en el homicidio de Raúl Calderón.
Ya de paso, le recordó a la presidenta de la Mesa Directiva, Georgia Miranda, que el tema de la solicitud de procedencia para retirar la inmunidad procesal (comunmente conocida como «desafuero») no se incluyó en el informe presentado horas antes, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la 64 Legislatura, pese a ser un hecho histórico para Zacatecas.
Y para variar, por enésima vez se solicitó la comparecencia del fiscal Murillo Ruiseco para que rinda cuentas sobre este y muchos otros casos que quedan pendientes en materia de procuración de justicia. ¿Hasta cuándo?
El Oso Medina, ¿al Senado?
Mediante un breve comunicado, José Luis Medina Lizalde, exdiputado local y uno de los fundadores de MORENA en Zacatecas, dio a conocer su intención de participar en el proceso interno de selección de candidaturas para el Senado.
Ya en el 2021 había participado en la contienda interna para elegir candidato a la gubernatura de Zacatecas y con una impugnación tras otra al proceso interno, demostró cuáles eran las letras chiquitas de las convocatorias que emite el CEN de MORENA.
Así que al menos en el oficialismo, en Zacatecas ya hay varios apuntados para ocupar un escaño en el Senado, desde Saúl Monreal en fórmula con Verónica Díaz Robles, delegada de Programas para el Desarrollo; pasando por Ulises Mejía Haro y hoy, el «histórico» Luis Medina Lizalde. ¿Habrá encuestas?
