Nuevamente, quedó evidenciado que cuando existe presión social, la autoridad actúa, aunque en este caso el resultado haya tenido un desenlace trágico. Porque de los siete jóvenes plagiados el pasado fin de semana en la comunidad de Malpaso, Villanueva, sólo uno fue encontrado con vida.
La noticia trascendió mientras en el pleno de la 64 Legislatura se realizaba sesión solemne con motivo del informe de labores del magistrado Arturo Nahle, en su último año como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas.
Y mientras el riograndense destacaba en tribuna que el Poder Judicial de Zacatecas se había posicionado como el quinto con mayor eficiencia a nivel nacional, según cifras del INEGI, la noticia sobre el hallazgo de seis cuerpos sin vida y un joven herido distrajo a gran parte de los invitados.
Horas más tarde, ya en sesión ordinaria, la diputada Marimar de Ávila subió a tribuna en Asuntos generales para hablar de los siete jóvenes plagiados y exhortar al Estado a dar una respuesta de Estado ante esta lamentable situación.
Y en otras latitudes, no faltaron los posicionamientos o minutos de silencio, como el del diputado Miguel Varela Pinedo (acusado en su paso por la presidencia municipal de Tlaltenango por la CDHEZ de violar los derechos humanos del ciudadano Rubén Ibarra de la Cruz), la senadora Claudia Anaya, el comité estatal del PRI, el diputado federal Miguel Torres, o la diputada federal Amalia García Medina, y hasta del propio Poder Legislativo del estado de Zacatecas.
¿Hubo dolo en sus pronunciamientos? No en todos los casos, pero sí se puso en evidencia que politizar un tema así de delicado puede considerarse un acto de mezquindad contra las familias de las víctimas (parafraseando a Gabriela Pinedo), más cuando el Poder Legislativo pertenece a uno de los tres Poderes en los que se divide el Estado (así, con mayúscula).
Y vaya que el Legislativo también ha quedado a deber (baste recordar la no ratificación hasta en dos ocasiones de quien fuera designada como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimnas).
Sin embargo, el llamado a la autoridad va más allá de cualquier posicionamiento (politizado o no), pues hoy se trata de un reclamo generalizado de la sociedad que clama justicia y seguridad.
El «tema de temas» no es reciente, por supuesto. Y sería impreciso afirmar que todo inició en el sexenio de Felipe Calderón, cuando ya en la hegemonía priísta había visos de complicidad con grupos criminales.
La violencia por la que ha atravesado nuestro país en las últimas décadas tampoco ha sido estática, sino que ha cambiado en sus manifestaciones durante este tiempo, a tal grado que hoy cuenta entre sus principales víctimas a nuestros jóvenes, con grupos criminales inteligentes y organizados que ya no sólo realizan actividades de narcotráfico, pues han penetrado en diversas actividades económicas y sin duda han incidido en un incremento en la desaparición forzada de personas.
Esta realidad debería plasmarse en el marco legal (una de las atribuciones del Legislativo) que permita a las diversas instituciones actuar en consecuencia, en una realidad cambiante, pero también compete al Ejecutivo el diseño de políticas públicas eficaces para prevenir, antes que lamentar hechos como los vividos en la comunidad de Malpaso, Villanueva.
Se trata de un tema en el que la «nueva gobernanza» ha quedado a deber, y de ello han dejado constancia diversos colectivos ciudadanos que han cuestionado el cacareado plan de prevención del delito con participación ciudadana, calificado más como simulación que como verdadera guía y documento eje para incidir en el «tema de temas».
¿En qué situación se encuentra Zacatecas? Este jueves el INEGI nuevamente da cuenta de estadísticas que deben poner en alerta con la publicación del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2023.
Porque resulta que durante el año pasado, Zacatecas fue la segunda entidad con mayor número de robos o asaltos en carreteras y puentes, con 400 casos documentados. Y la diferencia es abismal si se compara con el vecino de Aguascalientes, donde apenas habrían registrado dos casos.
Zacatecas también ocupó el cuarto lugar a nivel nacional con mayor número de enfrentamientos en los que participaron corporaciones estatales, con 53 casos. Además, ocupa la séptima posición en el país con el mayor número de personas desaparecidas o no localizadas, con 703 en cada caso.
Malos números también se registran en el caso de las personas puestas a disposición de una autoridad, pues el año pasado Zacatecas fue la segunda entidad con el menor número (apenas 418 personas).
No es novedad que nuestra entidad se encuentre por debajo de la media nacional en el número de policías por cada 100 mil habitantes; sin embargo, la distribución de sus tareas también muestra las deficiencias en nuestras corporaciones.
Según el Censo referido, 29 elementos desempeñan funciones de proximidad social; 429 tareas de prevención; 587 labores de reacción; y 86 elementos realizan tareas de investigación. Y este desequilibrio impacta en la procuración e impartición de justicia «pronta y expedita».
A ello se suma el hecho de que tan sólo el año pasado 190 elementos renunciaron (Zacatecas es la onceava entidad con mayor número de renuncias); 162 elementos resultaron lesionados; 6 jubilados; y 25 fallecieron.
Por si fuera poco, el 51.1% de elementos estatales percibe entre 5 mil y 10 mil pesos mensuales; 5.6% percibe menos de 5 mil; y el 43.3% percibe entre 10 mil y 15 mil pesos al mes.
Y si a todo lo anterior se agrega la desconfianza en las corporaciones estatales y municipales, seguiremos teniendo casos como el de Malpaso, Villanueva, que una vez más coloca a Zacatecas en el mapa nacional y no por el «bienestar y progreso» al que tanto se aspira, sino por el malestar y retroceso en el que se vive.
¿Un adiós?
En su mensaje político con motivo de su último informe de labores, el magistrado Arturo Nahle dejó abierta la posibilidad a continuar en la vida pública una vez que termine su presidencia en el TSJEZ en febrero del 2024.
Sin embargo, en el preámbulo del proceso electoral que se avecina, también dedicó unas palabras para los adelantados: «El año que entra iremos nuevamente a las urnas, otra vez al pleito, otra vez a las miles de promesas que no se cumplen, otra vez a la demagogia y el populismo, otra vez al derroche majadero, otra vez a encumbrar a políticos diminutos que al amparo de los recursos públicos se ofertan como los magos que en quince minutos resolverán nuestros añejos problemas estructurales«.
No pocos saltaron de sus asientos (como el gobernador David Monreal) ante la incomodidad de quien usaba la tribuna para enfatizar que «me retiraré de la misma forma en que llegué, limpio, sin cola que me pisen, sin nepotismo que me achaquen, con el orgullo de haber servido a mi Estado y les aseguro que desde cualquier trinchera seguiré luchando, como siempre lo he hecho, por el poder».
Pero ojo, Nahle García aclaró que este poder no es otro que «el poder servir, el poder ayudar, el poder resolver, el poder construir y transformar, ese es el poder al que debe aspirar un político de verdad, un auténtico servidor público de carrera«.
Y remató: «Quien va a todas, quien se postula en todas, quien eternamente se elige y se reelige, evidentemente solo aspira al poder por el poder, incluido el poder económico, no es –dijera Ricardo Monreal– más que un vulgar ambicioso«.
Sólo una aclaración: dicha expresión atribuida al senador de Puebla del Palmar no la dijo él, sino el dirigente nacional de MORENA, Mario Delgado, cuando le levantó la mano a un exalcalde hoy prófugo de la justicia y al que hoy es el peor gobernador no sólo de Zacatecas, sino del país.
