Vaya forma de cerrar una semana de terror en Zacatecas. El operativo desplegado en el primer cuadro de la Capital para cuidar una puerta de la manifestación con motivo del 28S (día de lucha por la despenalización del aborto) ya lo desearían las comunidades y municipios que viven la ausencia de la autoridad y los embates de la violencia.
Mientras la Marea Verde marchaba por el bulevar hasta llegar a la Explanada del Congreso, en la insistencia de acceder a una interrupción del embarazo de manera segura, legal y gratuita, sin consecuencias por un Código Penal anacrónico y obsoleto, en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado autoridades daban a conocer más detalles sobre el caso de los siete jóvenes plagiados en la comunidad de Malpaso, Villanueva.
Porque una parte de la exigencia ciudadana es conocer qué pasó para que seis de los siete jóvenes fueran privados de la vida, seis jóvenes que tenían entre 14 y 18 años de edad. La otra parte de la exigencia es justicia, que este caso no quede impune y que se castigue a los responsables con todo el peso de la ley.
Sólo que la citada conferencia arrojó más dudas que certezas, sobre todo porque las autoridades ofrecieron declaraciones encontradas. Mientras el subsecretario de Seguridad Pública, Óscar Alberto Aparicio Avedaño, sugería que los menores fueron privados de la vida al estar involucrados en el delito de narcomenudeo (y pertenecer a un grupo delictivo), el fiscal Francisco Murillo precisó que sólo se trata de una línea de investigación y que hasta el momento no se pueden sacar conclusiones, mucho menos revictimizar.
En el llamado «Operativo Malpaso», se dio a conocer sobre la liberación de dos menores originarios de Durango que fueron privados de su libertad, así como la detención de otras cuatro personas (una mujer y tres hombres). En los testimonios de los menores liberados en Genaro Codina, éstos referían pertenecer a una célula delictiva y haber estado con los siete jóvenes plagiados de la comunidad de Malpaso, coadyuvando a su localización.
Este sesgo informativo por supuesto que fue aprovehado por la taquería de Comunicación Social, más cuando el propio gobernador David Monreal, después de repartir mochilas y loncheras en el municipio de Guadalupe en medio del luto que vive Zacatecas, declaró que estos hechos son producto de las «herencias malditas», de gobiernos que dejaron de atender la responsabilidad en el «tema de temas» y permitieron que éste creciera.
Sí: a estas alturas del sexenio de la «nueva gobernanza» seguimos hablando de «herencias malditas», el pretexto de quien dice ser autoridad, pero no ejerce. Es la misma autoridad que, evadiendo su responsabilidad, recurre al gastado argumento (de los gobiernos de las «herencias malditas») de la «pugna entre cárteles» para rehuir a los cuestionamientos.
No es gratutito que desde la taquería de Comunicación Social se difundiera este extracto de la entrevista realizada al gobernador David Monreal, o los fragmentos de lo declarado por el subsecretario de Seguridad Pública, Óscar Alberto Aparicio Avedaño, para reforzar la narrativa de criminalizar a las víctimas, mientras sus familiares enterraban a sus deudos sin las condolencias de la autoridad.
El problema de esta narrativa es que, según lo que informa la Fiscalía, las pruebas de dopaje a los cuerpos de los jóvenes encontrados arrojaron un resultado negativo.
Y no está de más recordar que el argumento de la «pugna entre cárteles» queda rebasado cuando hoy los jóvenes son las principales víctimas del reclutamiento forzado de los grupos delictivos, especialmente los menores de edad, y se trata de un delito que aún no ha sido tipificado en el Código Penal del Estado de Zacatecas, cuyas iniciativas de reforma siguen pendientes en la congeladora legislativa.
Ante este escenario, resulta difícil creer que con mochilas, loncheras o becas del bienestar se podrá abatir el reclutamiento forzado de nuestros niños y jóvenes, mucho menos revertir el pretexto de las «herencias malditas».
Hoy, seis jóvenes zacatecanos ya no están con sus familias como consecuencia de una «nueva gobernanza» que, además de darles la espalda, les revictimiza. Y esta indolencia vaya que alimenta la exigencia ciudadana de una revocación de mandato.
Pero vayamos más allá, que los pronunciamientos de una «oposición de papel» tampoco abonan cuando, en medio del luto por el que atraviesa Zacatecas, se dedican a repartir tinacos y boilers «en defensa de la economía familiar». Para vociferar, también hay que ser congruentes.
