No molestar

/ La Chirimba / Por /

Ya desde agosto pasado, el colectivo Sangre de mi Sangre exponía la indolencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para atender la problemática de las personas desaparecidas en la entidad.

Para entonces se estimaba en más de 3 mil 700 el número de personas en esta condición en Zacatecas, tan sólo en los registros oficiales, pues hay casos que no llegan ni siquiera a la emisión de una ficha de búsqueda, sin contar el desfase en la base de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de la Comisión Nacional de Búsqueda.

El tema llegó a otros niveles cuando el 16 de septiembre diversos colectivos se sumaron al desfile conmemorativo por el inicio de la lucha de Independencia y encararon al gobernador David Monreal ante la problemática de la desaparición forzada de personas.

Escoltado por servidores públicos, el mandatario se evadió de los reclamos que finalmente habrían sido atendidos por el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, quien ha dado seguimiento a los acuerdos con los colectivos de familiares de personas desaparecidas.

En el «tema de temas», este parece ser uno de los principales delitos que hoy aquejan a los zacatecanos, un delito del cual no hay evidencia de resultados en lo que fue el segundo informe de labores de David Monreal (o al menos su «mensaje ciudadano» en Palacio de Convenciones, porque ni siquiera fue para apersonarse en el recinto legislativo, como le obliga la Constitución).

Según los registros oficiales, desde que llegó la «nueva gobernanza» se han acumulado 1 mil 282 casos de personas desaparecidas y no localizadas en Zacatecas que no han corrido la misma suerte que las 640 personas localizadas con vida en el mismo periodo, pero ya ni siquiera el de las 145 personas que ya fueron localizadas sin vida, porque es fecha que esas familias siguen teniendo una silla vacía en sus hogares.

El tema no ha de ser cosa menor cuando hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne con gobernadores para «intensificar la búsqueda de desaparecidos y seguir ayudando a familiares y a las organizaciones que llevan a cabo esta noble y humana misión».

Bien raro que el Presidente sólo se haya reunido con gobernadores de la 4T, esa de los «abrazos y no balazos», incluyendo a los delegados de Programas para el Bienestar y Servidores de la Nación, justo cuando en el diario El País se publica un estudio del Complexity Science Hub de Viena que da cuenta de que la delincuencia inteligente y bien organizada es el quinto mayor empleador de nuestro país, con un promedio de hasta 175 mil personas.

Será que la 4T sigue pensando que mermará las fuerzas del narcotráfico con apoyos del Bienestar como las becas Jóvenes Construyendo el Futuro, cuando el estudio referido (que aún tiene sesgos en su metodología) sugiere entre sus conclusiones que el principal reto para abatir la violencia en México es combatir el reclutamiento de los cárteles, un reclutamiento que no se da vendiendo espejitos, sino que coincide con la desaparición forzada de personas.

Ya en semanas anteriores el caso de los jóvenes asesinados en Lagos de Moreno, Jalisco, había cimbrado al país con la crueldad de los hechos ocurridos y dejaban en claro que la Estrategia Nacional de Seguridad, enfocada en el reparto de apoyos para prevenir el delito abatiendo (supuestamente) las brechas de desigualdad, no estaba funcionando (¿cuándo funcionó?).

En Zacatecas, los colectivos de búsqueda lo saben muy bien, pues el propio gobernador David Monreal repite como merolico el discurso de Palacio Nacional, pero se niega a sentarse con los familiares de las víctimas, aunque sea por mera atención.

La emergencia y el surrealismo llegan a tal grado que mientras el gobernador se recuperaba de los efectos de «la boda del siglo» (para la cual se dispuso de un fuerte dispositivo de seguridad), la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) emitía las cédulas de búsqueda de siete jóvenes de entre 14 y 18 años de edad privados de su libertad en Malpaso, Villanueva; todos en la misma fecha: Oscar Ernesto Rojas Alvarado; Diego Rodríguez Vidales; Sergio Yobani Acevedo Rodríguez; Gumaro Santacruz Carrillo; Héctor Alejandro Saucedo Acevedo; Jorge Alberto René Ocón Acevedo y Jesús Manuel Rodríguez Robles.

A estas alturas ya no sabemos si hay más cédulas de búsqueda de personas desaparecidas o bardas pintadas con la leyenda «#EsSaul» y «#EsVero» (y se suman las bardas con las pintas «#EsChole» y «#EsUlises») porque, claro, en medio de esta violencia la 4T sigue pensando en el próximo proceso electoral, o en ver cuáles felicitaciones por onomástico son obligadas o sinceras. Así las frivolidades de la «nueva gobernanza».

¿Y la declaratoria de emergencia?

Transcurrido un tercio del sexenio de la «nueva gobernanza», los zacatecanos se siguen preguntando ¿para cuándo? No importa el tema, porque para todos aplica la misma incógnita: para cuándo el abasto de medicinas, la obra pública, la generación de empleos, la seguridad, la federalización de la nómina educativa, el rescate del Issstezac y una larga lista de temas pendientes sobre los cuales ya comparecerá el gabinete de florero.

Por si el estado no tuviera suficiente, pasa el tiempo y no se ve que la «nueva gobernanza» reaccione ante las emergencias por las que atraviesa la entidad. Este lunes, por ejemplo, se prevé una manifestación en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) ante la sequía severa que ya afecta a miles de campesinos, sin que obtengan del gobierno más que pretextos.

Decían que «el campo es solución y no problema», pero a estas alturas no se ve que arranquen los «ejes tractores», por mucho que se nos pretenda vender el taco de lengua de que, en la reunión con el Presidente el jueves pasado, el gobernador David Monreal también haya planteado el problema de la sequía en Zacatecas.

Baste recordar que desde mayo de este año, el diputado local Armando Delgadillo había presentado un punto de acuerdo, aprobado por unanimidad, para exhortar a autoridades federales a emitir la declaratoria de emergencia correspondiente y que fluyeran los apoyos.

Y como no funcionó, el pasado 19 de septiembre (cuatro meses después) el diputado local José Luis Figueroa insistió con otro punto de acuerdo, igualmente aprobado por unanimidad de urgente y obvia resolución, para realizar el mismo exhorto a autoridades federales.

Así que a cuatro meses de la sequía extrema que azota a Zacatecas, seguimos sin declaratoria de emergencia porque apenas se habría solicitado a la Secretaría de Gobernación, en una responsabilidad que compete al Ejecutivo estatal, pero a la cual nunca se dirigieron los exhortos.

Lo importante es que el gobernador David Monreal está trabajando bien mucho por los zacatecanos y en su reunión con el Presidente también le solicitó apoyos para adquisición de semilla «para garantizar la siembra del próximo año» y «un programa alimentario» para atender a los habitantes de las comunidades afectadas y para mantener el ganado con la dotación de forrajes.

Porque en palabras del gobernador, este ciclo de cultivo ya es pérdida y no hay forma de que se recupere. Como quien dice, a resignarse y encomendarse a Dios, como aquel 6 de enero trágico. Sea por Dios…

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