Que el gobernador David Monreal se encuentre en primer lugar en diferentes mediciones con mayor percepción de corrupción en su gobierno, y que todavía le entreguen un reconocimiento por «cumplir con sus obligaciones de transparencia», vaya que resulta en una paradoja incomprensible, pero a la que mucho ha abonado la actual secretaria de la Función Pública, Humbelina Elizabeth López Loera, aunado a las «herencias malditas» que atraviesan administraciones en materia de opacidad.
Desde este espacio y en otros medios de comunicación, especialmente los que se dedican a hacer periodismo de investigación, hemos dado cuenta de que por mucha información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la opacidad sigue prevaleciendo en buena parte de los sujetos obligados en Zacatecas, porque a nivel federal ha quedado claro la negativa de la 4T a transparentar, sí o sí, lo que está obligado por ley.
Hablamos no sólo de las dependencias centralizadas y organismos públicos descentralizados del Ejecutivo. Porque ahí entran también los Poderes Legislativo y Judicial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, sindicatos, sistemas de agua potable, subsistemas educativos, ayuntamientos y la lista sigue y sigue con todos aquellos entes que utilizan recurso público y que se enmarcan como «sujetos obligados» según lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, incluyendo a la opaca Universidad Autónoma de Zacatecas.
Y así como en un salón de clases los docentes deben recurrir a «incentivos» para estimular a los alumnos más rezagados, el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) contempla cada año la entrega de reconocimientos a los sujetos obligados que cumplen al 100% en las diferentes evaluaciones programadas para cada año.
Porque más allá de la utilidad de la PNT para consultar el salario de los servidores públicos o sus declaraciones patrimoniales (cuando se llegan a publicar), los sujetos obligados deben transparentar por ley su infomación financiera; sus contratos de obra, bienes o servicios; contratos por honorarios, sus gastos en publicidad, gastos en comisiones oficiales, padrones de beneficiarios, catálogo de programas que ofrecen a la ciudadanía, servidores públicos sancionados, informes estadísticos, informes de resultados, organigramas y mucha, pero mucha más información de manera trimestral, incluyendo la no existencia de tal o cual información.
Y de todo ello, el IZAI contempla evaluaciones durante todo el año en las que el 100% de cumplimiento es la única calificación aprobatoria, porque así hayan logrado un 99% de cumplimiento, los sujetos obligados se hacen acreedores a medidas de apremio.
En este espacio también hemos reconocido la labor del IZAI y sus comisionados Fabiola Torres, Nubia Barrios y Samuel Montoya para socializar el derecho a la información y la protección de datos personales.
Porque en la medida en que un ciudadano ejerce estos derechos, en esa medida los sujetos obligados contribuyen al ejercicio de otros derechos, y ya de paso abonan a que incremente la percepción de transparencia.
Sin embargo, más allá de los incentivos que otorgue el IZAI mediante sendos reconocimientos por lograr el 100% de las obligaciones de transparencia, el actuar de los comisionados sigue siendo limitado por una Ley de Transparencia que se ha quedado rezagada frente a la evolución de los actos de corrupción camuflados en la transparencia.
En palabras llanas: a estas alturas ya no se cuestiona la cantidad de información que transparenten los sujetos obligados, sino la calidad de dicha información. Porque se ha vuelto recurrente que ante una solicitud de información, los sujetos obligados agoten los plazos legales para responder, y todavía se valgan de prórrogas y otras argucias legales para demorar por meses la entrega de la información solicitada.
Por eso no es gratuito el exhorto que presentara en la última sesión de la Comisión Permanente la diputada Marimar de Ávila a fin de que el IZAI modificara sus criterios para la entrega de reconocimientos a los sujetos obligados.
Porque a estas alturas del ejercicio del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales, ya no resulta tan útil para el ciudadano saber que tal o cual sujeto obligado recibió una estrellita por cumplir lo que la ley le obliga, sino que requiere saber si esa información que se carga en la PNT y en los portales de transparencia satisface otros requisitos cualitativos, como la legibilidad de la información, su accesibilidad, la celeridad o demora en los plazos de respuesta, entre muchos otros detalles.
Lo que solicitaba la diputada panista en su punto de acuerdo (que sí tuvo respuesta del IZAI) es que se incluyeran criterios más estrictos en las evaluaciones, como «presentar información proactiva, dar respuesta a solicitudes de información en el menor tiempo posible, solicitantes satisfechos con la respuesta, menor número de recursos de revisión, acudir a capacitación permanente, que de manera posterior no contradigan la información disponible o se denuncien omisiones«.
Porque a su parecer, según lo dijo en tribuna, «los reconocimientos, lejos de inhibir la corrupción, pueden constituir una carta de impunidad para los sujetos obligados que los reciben, toda vez que ofrecen a la ciudadanía la percepción errónea de que se cumple totalmente en materia de transparencia y rendición de cuentas«.
Su posicionamiento no sólo fue aprobado por unanimidad, sino que contó con el respaldo del zar anticorrupción, el diputado Ernesto González Romo, quien coincidió en que deben modificarse los criterios en las evaluaciones para que la información que se transparenta sea actualizada y verídica.
Pues bien, este punto de acuerdo tuvo su respuesta este lunes en sesión del pleno del IZAI, donde los comisionados enfatizaron que estos reconocimientos se han entregado desde el 2006 y es la primera ocasión en que se cuestiona esta acción que pretende incentivar a los sujetos obligados.
La respuesta no quedó ahí, pues en voz de la comisionada Nubia Barrios, se precisó que cada evaluación tiene criterios diferentes que son aprobados en un programa anual por el pleno, en el que se incluyen prácticas como la transparencia proactiva.
En pocas palabras, «gracias por participar, pero ahorita casi no«. Porque en su respuesta, los comisionados remataron al asegurar que «el IZAI no dará marcha atrás en la entrega de reconocimientos«, pese a que no se pide dejar de otorgarlos, sino cambiar los criterios para su entrega.
Por encima de todo, queda entre la larga lista de pendientes legislativos una reforma a la Ley de Transparencia que actualice las facultades del órgano garante, a fin de que estos criterios sobre la calidad de la información transparentada puedan ser incluidos en las diversas disposiciones para los sujetos obligados. ¿O lo dejamos en un mero exhorto?
No es lo mismo bacín que jarro
Si Benjamín «N» se ha convertido en el chivo expiatorio favorito de la «nueva gobernanza», no nos imaginamos qué le espera a la actual coordinadora de la Feria Nacional de Zacatecas, Yaseth Hernández, a quien hoy denuncian penalmente por abuso de autoridad y agresiones y ya arrastra diversos señalamientos de presuntos actos de corrupción desde la edición 2022 de la máxima fiesta de los zacatecanos.
Según la asociación civil ExpresArte y su director, Juan Ángel Dávila López, la funcionaria ha ejercido maltrato y abusos en contra de trabajadores de limpieza, la mayoría mujeres, a quienes les regatean el sueldo y las someten a condiciones de «sobreexplotación». Vamos, hasta la acusan de no instalar un comedor para las hormiguitas asignadas a limpiar el recinto ferial, pese a tener jornadas de 12 horas.
El escándalo no sólo queda ahí, pues los quejosos amenazan también con acudir ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para denunciar los altos costos de los diferentes servicios que se ofrecen en la feria, un tema que ya se viene arrastrando desde la edición anterior de la FENAZA.
Lo cierto es que, más allá del linchamiento público, Yaseth Hernández podría convertirse en la nueva Benjamín «N» luego de la revisión a la Cuenta Pública 2022 y, según los testigos, su inexperiencia le hizo cometer errores garrafales en el manejo de varios millones de pesos que ya se verá si son aclarados con oportunidad.
El tema podría escalar aún más alto, pues como ya documentábamos en este espacio, es bien sabido que en el Sistema Estatal DIF que dice encabezar Humberto de la Torre hay poca transparencia en el manejo de los ingresos de gestión, que no es otra cosa que los recursos que entran a las arcas del organismo por los diferentes servicios que ofrece, como el estacionamiento de la Plaza Bicentenario, el Teleférico, los baños públicos y demás. Y esa fuga de recursos se estima en varios millones de pesos también.
¡Qué cosas con la transparencia!
