Ante la inminente extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, unos 40 mil agremiados al Sindicato Nacional de Renovación iniciarán un paro de labores parcial este martes 17 de octubre a partir de las 8 de la mañana en todo el país, incluyendo Zacatecas.
En la propuesta presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la integración del paquete económico 2024, se plantea un recorte por más de 15 mil millones de pesos al Poder Judicial (respecto a los 85 mil millones solicitados en el anteproyecto) a fin de canalizar ese recurso a los dichosos programas del bienestar y a proyectos de infraestructura.
El recorte ya fue aprobado por la mayoría oficialista en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, y se prevé una discusión álgida cuando el dictamen pase a votación en el pleno, donde difícilmente se podrá revertir la decisión.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mediante un comunicado, ya ha advertido que la extinción de estos 13 fideicomisos afectaría a más del 60% de la plantilla del Poder Judicial que corresponde a personal operativo, principalmente por prestaciones laborales vinculadas con dichos fideicomisos (pensiones y prestaciones de salud, vivienda y retiro), pese a que el Presidente ha insistido en que este recorte va contra los privilegios «de los de arriba» y que «en nada se afecta a los trabajadores».
No pasa desapercibido el hecho de que este recorte se presenta en medio de notorias diferencias entre el Ejecutivo federal y el Poder Judicial, contra el cual ha arremetido López Obrador en cada oportunidad y tal como en otros casos donde se decidió extinguir fideicomisos, se recurre a la fórmula de criminalizar alegando «privilegios» (que sí los hay, incluyendo en el Ejecutivo), pero desconociendo el funcionamiento y aplicación de los dichosos fideicomisos.
De estas decisiones ya hemos visto los desastrozos resultados que han impactado a los estados, como ya ocurre en Zacatecas con la extinción del Fondo Minero (sólo por mencionar un ejemplo), y si bien se argumenta un retorno del recurso mediante los programas del bienestar, en una estrategia de redistribución de la riqueza, esto no se traduce necesariamente en mejores condiciones de bienestar.
De hecho, representa limitantes para los estados que se ven obligados a fortalecer su recaudación propia (de ello dará cuenta el secretario de Finanzas, Ricardo Olivares, en su comparecencia de este martes ante la 64 Legislatura), con recortes en participaciones que traen como consecuencia reajustes presupuestales o cancelación de proyectos. Eso deja la centralización de las decisiones y del ejercicio del recurso público.
Este recorte al Poder Judicial de la Federación también se ha entendido como una represalia en contra de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que han controvertido las decisiones del Presidente. Pero bien lo señaló el magistrado Arturo Nahle, presidente del TSJEZ: «la Constitución está por encima del Presidente».
Porque para el riograndense, «hay autoridades arbitrarias a las que no les gusta nuestra función, quisieran jueces a modo que les validen sus abusos«. Y remató: «quien pretende someter al Poder Judicial a través del presupuesto en realidad es un dictador que atenta contra nuestro sistema Republicano al pretender concentrar todo el poder«.
Estos intentos de intervencionismo del Poder Ejecutivo hacia el Judicial no están exentos de la dinámica local, donde el Poder Judicial del Estado de Zacatecas ya enfrentó un primer recorte desde el primer año de la «nueva gobernanza», lo que obligó a apretarse el cinturón y asumir la «austeridad republicana» que tanto predica la secta, pero no la aplica.
Y ante los juicios (de todo tipo) que se han caído en los tribunales locales, no han faltado las declaraciones del gobernador David Monreal y de algunos integrantes del gabinete de florero criminalizando las decisiones de jueces y magistrados. Lo dicho: «quisieran jueces a modo«.
Pues Arturo Nahle no sólo enfrentó este recorte presupuestal con «austeridad republicana», en un lamentable episodio de presunta violencia de género contra una «mecanógrafa imaginaria» que implicó hasta una disculpa pública en el recinto legislativo.
También ha tocado puertas en la Federación para garantizar la funcionalidad de todas las áreas del Poder Judicial, el órgano encargado de la impartición de justicia y que es uno de los eslabones más importantes cuando se trata de la cacareada estrategia de seguridad.
Porque la «nueva gobernanza» y la secta en particular están muy puestos para autorizar recortes presupuestales de un plumazo, pero luego acusan una elevada impunidad que atribuyen a jueces del Poder Judicial.
Sin embargo, no olvidemos los laudos dictados en tribunales laborales que hoy impactan en las finanzas estatales, producto del cochinero en los procesos de despido con la llegada de la «nueva gobernanza» y el último ejemplo lo dio el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión (SIZART).
Tampoco los amparos ganados contra las vendettas políticas emprendidas desde la Secretaría de la Funión Pública (SFP) y sobre los cuales la titular Humbelina Elizabeth López Loera dijo estar «impedida para hablar». Es eso, o más bien ya hay sentencias firmes que hoy controvierten el cochinero de sus expedientes.
El pretendido control sobre el Poder Judicial federal y local no termina ahí, pues Nahle García también ha advertido desde su último informe de labores que con la reciente reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, se requerirá presupuesto adicional desde la Federación para garantizar su aplicación, ya que implica la construcción de áreas específicas, la adquisición del equipamiento necesario (más el gasto que se deriven de los servicios básicos, por decir lo menos), sin olvidar la contratación de personal adicional para atender lo que representa el 70% de los casos en todos los juzgados.
No en balde Arturo Nahle ya ha puesto manos a la obra con la inauguración de los Centros de Convivencia Familiar Supervisada en Fresnillo, Río Grande y Zacatecas. Y está a la expectativa de lo que decidan nuestros diputados locales con la próxima discusión del Paquete Económico 2024, que será presentado ante la 64 Legislatura el 30 de noviembre. ¿Se respetará la solicitud presupuestal del TSJEZ o nuevamente lo tendrán a raya, en un nuevo intento de someterlo a las decisiones de la secta?
Un desfile de cínicos… y mentirosos
Arrancó esta semana con las comparecencias de los secretarios de Economía, Rodrigo Castañeda Miranda; y de Turismo, Le Roy Barragán Ocampo; en un episodio más del «desfile de cínicos» al que hacia referencia el diputado Enrique Laviada al inicio de la glosa del segundo informe de gobierno.
Pero particularmente la comparecencia de este lunes estuvo repleta de mentiras, cifras mal interpretadas o sacadas de contexto, y mucha, pero mucha demagogia. Porque el que dice ser secretario de Economía casi casi asegura que gracias a él y sólo él Zacatecas hoy es punta de lanza en todo el país, con los mejores niveles de desarrollo económico, y que todo marcha requetebien.
Vaya, hasta la diputada Gaby Basurto felicitó al presunto autor del libro «Zacatecas: una esperanza» por tener los mejores resultados en empleo, en inversión, en todos los indicadores, «el informe les quedó chulísimo«.
Y por si no se hubiera entendido su sarcasmo, exigió la renuncia del secretario de Economía porque «le hace más bien a Zacatecas estando fuera que dentro de la Secretaría«. Y desmintió los «otros datos» de Castañeda Miranda también con cifras oficiales, ya sea en materia de empleo, inversión extranjera directa, del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal y hasta del Producto Interno Bruto.
Muy tierno resultó el secretario que por momentos presumía el estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, que posicionó a Zacatecas en el 22 por el PIB per cápita, y luego se entrampaba en su demagogia cuando alegaba que dicho estudio medía los años previos a la «nueva gobernanza». ¿Entonces es motivo para presumir o no?
Porque hasta donde se sabe, a la fecha sólo existe información disponible del PIB hasta 2021, cuando a la «nueva gobernanza» apenas le tocó el último trimestre; y de entonces a la fecha el ITAEE ha mostrado un estancamiento económico para Zacatecas (por no hablar de los retrocesos, sobre todo en el sector industrial y en la minería en particular).
De la generación de empleos formales, vaya manera de mentir alegando más de 16 mil empleos generados desde el pico de la pandemia, cuando en lo que va de la «nueva gobernanza» Zacatecas ha tenido sus peores niveles de desempeño, estando en los últimos cuatro lugares en los últimos dos años.
De hecho, al mes de septiembre de este año, hay actividades que registran decremento de plazas laborales respecto a septiembre de 2021, como el sector de la construcción (más de 3 mil empleos perdidos) o de la industria de la transformación (van unos 300 empleos menos que al inicio de la administración).
Ni qué decir sobre las grandes inversiones cacareadas, que finalmente se trata de «memorándum de entendimiento» o «cartas de intención» que difícilmente se podrán concretar en esos miles de millones de pesos que recitó como letanía Castañeda Miranda, si continúan los casos como el de la mina La Colorada, que tuvo que cerrar operaciones temporalmente por hechos delictivos.
Eso sí, parece que en el informe que rindió el titular de SEZAC (eso dice él) no existe la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal o la Dirección de Comercio Interior, pues en la comparecencia no hubo una sola mención de lo realizado por dichas áreas para impulsar el trabajo de maestros artesanos de nuestra entidad, o para el desarrollo de marcas, la introducción de productos locales en cadenas comerciales, el apoyo en estudios nutricionales para darle valor agregado a los productos del campo, y así nos podríamos seguir.
Finalmente, al chofer de los «ejes tractores» parece que se le durmió el gallo porque a la fecha, de desarrollo económico, sólo abundan las malas noticias para Zacatecas. Del turismo, mejor ni hablamos.
