La semana pasada cerró con la noticia de la inminente salida de Francisco Murillo Ruiseco de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ). El trascendido sería confirmado por el propio fiscal, quien habría adelantado que dejaría el cargo a partir del 31 de octubre.
Su relevo, una vez admitida su renuncia (no se ven motivos para rechazarla), quedaría primero en manos del Poder Legislativo para integrar la lista de aspirantes, que luego sería recortada por el Ejecutivo estatal, para finalmente elegir de una terna el perfil que encabezaría la FGJEZ por los próximos siete años, según lo que establece la Constitución Política del Estado de Zacatecas.
Independientemente de que se agoten los plazos constitucionales o se anticipe el proceso de designación (se ve difícil, ante las divisiones en el Legislativo y la próxima discusión del Paquete Económico 2024), antes de que concluya el año la Fiscalía estrenará nuevo fiscal y hasta donde se sabe, podría tratarse de un perfil externo a Zacatecas, tal como el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral.
La salida de Murillo Ruiseco tampoco está exenta de polémica. El anuncio de su renuncia coincidió con el punto de acuerdo presentado por los diputados Enrique Laviada y Ernesto González Romo (sí: el agua y el aceite se pusieron de acuerdo en algo) para citar a comparecer al hoy todavía fiscal por el «estado de impunidad» en Zacatecas.
Y en su iniciativa no sólo se referían a las omisiones en el proceso contra el exalcalde Julio César «N», prófugo de la justicia luego de un procedimiento de desafuero por su presunta coautoría en el homicidio del abogado Raúl Calderón Samaniego. También por otros delitos que en mucho han contribuido a que la percepción de inseguridad en la entidad se mantenga por las nubes.
A eso agréguele el descontento de los colectivos de búsqueda de familiares desaparecidos, o las manifestaciones de los propios trabajadores de la Fiscalía exigiendo certeza laboral y una mejora salarial, o aquellos casos donde la FGJEZ a todas luces sirvió de brazo armado para una secta dedicada a emprender vendettas contra sus enemigos políticos (incluyendo periodistas y medios de comunicación), como que Murillo Ruiseco no precisamente se encontraba en su mejor momento para ejercer su función como fiscal.
Sin embargo, en los pasillos de Ciudad Administrativa hay otra versión sobre la salida de Francisco Murillo, a quien el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, no podría ver ni en pintura por diferencias irreconciliables en torno a la política de seguridad en Zacatecas. ¿Esas diferencias sugieren la complicidad del fiscal con presuntos criminales?, ¿o será más bien la política de procuración de justicia a modo?
Lo importante es que este lunes 30 de octubre, Murillo Ruiseco será recibido por los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) que preside la diputada Gaby Pinedo y se especula que será una reunión a puerta cerrada, pero no precisamente por temas de seguridad.
Hasta donde se sabe, antes de firmar su salida, el todavía fiscal pretende planchar con los diputados locales el próximo presupuesto para la FGJEZ, cuyo anteproyecto ya se habría presentado ante la Secretaría de Finanzas para ser considerado en el Paquete Económico 2024.
No obstante, esta reunión ante la JUCOPO no le eximiría del punto de acuerdo aprobado por unanimidad, de urgente y obvia resolución, en la última sesión ordinaria en la que se le cita a comparecer ante el pleno de la 64 Legislatura.
Más importante será saber si Murillo Ruiseco volverá a su plaza como docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas o si se ve obligado a salir del país por motivos de seguridad. ¿Hasta dónde alcanzará la protección de la capita roja del Santo Niño de Plateros?
Laviada, a la presidencia del PRD
Pues sí. Quien llegó por MORENA, y que en las primeras horas como legislador brincó a Movimiento Ciudadano, para luego declararse independiente, pero pegado a la ubre del Sol Azteca para pertenecer a una bancada (y presidir la JUCOPO en su momento), hoy rendirá protesta en la Ciudad de México como delegado político del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Zacatecas en funciones de presidente.
Esta decisión atiende a la eventual salida de Raymundo Carrillo de la dirigencia estatal del PRD, por acusaciones en su contra por presunto acoso sexual. Sobra decir que durante su gestión el Sol Azteca tampoco brilló en esa cosa que denominaron Va por Zacatecas.
Mucho menos en devolverle al instituto político la fuerza y la estructura de la que alguna vez gozaron, sobre todo cuando su antecesor Arturo Ortiz Méndez le dejó (él sí) «herencias malditas» que hoy tienen súper comprometidas las finanzas del PRD debido al pago de multas del INE y a laudos millonarios.
Así pues, el diputado Enrique Laviada no estará en la reunión que sostendrá el fiscal Francisco Murillo con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), porque se encontrará en la Ciudad de México rindiendo protesta para dirigir los destinos del PRD estatal, en lo inmediato, para el próximo proceso electoral, que en lo local arranca ya el próximo 20 de noviembre.
Si su conducción al frente del Sol Azteca se distingue por los acuerdos que caracterizaron a la JUCOPO cuando presidió este organismo, Laviada Cirerol podría lograr equilibrios en las fórmulas a postular dentro de la coalición Va por Zacatecas (y mayor justicia para el PRD, que sólo ha servido de tapete en dicha coalición). Y eso implicaría hacerse de cuadros que fortalezcan al partido más allá de los diputados Juan Mendoza y Miguel Torres.
Si, por el contrario, incurre en los mismos errores que hoy lo tienen disminuido en la 64 Legislatura como parte de la chiquillada legislativa que no picha, ni cacha, ni deja batear, Enrique Laviada bien podría hacerle el favor al oficialismo, al ricardismo o a la secta del malestar, dividiendo aún más a la ya de por sí fracturada oposición.
¿Qué opinarán los dirigentes estatales del PRI, Carlos Peña Badillo; y del PAN, Verónica Alamillo, de este cambio en la fórmula del Va por Zacatecas, en el preámbulo del proceso electoral 2023-2024?, ¿estarán dispuestos a ceder con tal de conservar sus registros, o firmarán su sentencia de muerte?
Fracturas en MORENA
Eso de lograr el llamado Plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador ya está enfrentando resistencias al interior de MORENA y sus partidos aliados en el proceso electoral 2023-2024.
No es gratuito que el dirigente nacional, Mario Delgado, postergara para el 10 de noviembre el anuncio de los resultados de las encuestas levantadas para elegir a los coordinadores de los comités de defensa de la 4T que renovarán sus gubernaturas el próximo año. Porque esos resultados debían darse a conocer este lunes.
El principal desencuentro al interior de MORENA parece darse en la eventual candidatura para la Jefatura de Gobierno de la CDMX: por un lado, Omar García Harfuch como la «corcholata» de la «corcholata» Claudia Sheinbaum; y por el otro, Clara Brugada, la «corcholata» del Presidente.
Estas diferencias se extenderían hasta otras posiciones, en un estira y afloja que bien podría abrir un escenario de oportunidad para que Ricardo Monreal vuelva al Senado, en una operación para no dejar cabos sueltos que pongan en riesgo el llamado Plan C.
También con retraso se publicó la convocatoria correspondiente para la elección de perfiles que serían postulados en el próximo proceso electoral para senadurías y diputaciones federales. Porque las bases abrieron cancha a los aspirantes de partidos aliados para ser postulados como «externos», a fin de no desgastar aún más a un movimiento que hoy exige lo que en Zacatecas se repite cada semana: «amor con amor se paga«.
Así pues, del 1 al 3 de noviembre se abrirá la plataforma para los registros en línea de quienes aspiran a lograr la candidatura al Senado por el principio de mayoría relativa; y del 20 al 25 de noviembre para quienes buscarán un lugar en las listas de plurinominales. Los resultados de la primera etapa de selección se darán a conocer hasta el 18 de enero.
Y ahí es donde viene una de las trampas de la convocatoria, pues como se recordará, en el proceso electoral 2020-2021 no se transparentó dicho proceso de selección en el que se avaló un solo registro en la mayoría de las postulaciones, dejando fuera a otros aspirantes.
Hoy las condiciones son otras. El compromiso de llevar a Andrés Manuel López Obrador ya se cumplió en 2018 y se repitió en el 2021 (con algunas mermas) dándole margen de operación en el Congreso de la Unión. Pero hoy «el proyecto» parece estar sujeto a acuerdos internos en los que MORENA tiene que ceder, sí o sí, a lo que exijan sus aliados para conservar la coalición con el PT y el PVEM.
Por eso no resulta raro ver a un Ulises Mejía Haro en la CDMX dando cumplimiento a la base Cuarta de la convocatoria, en su fracción VI, que requiere haber acreditado o estar inscrito en el curso de formación política que establecen los estatutos.
Junto a él también se pudo ver a Samuel Herrera, Oscar Novella y hasta Raymundo Cárdenas Vargas. Sí, el asesor de la Jefatura de Oficina del Gobernador que en sus ratos libres también la hace de director de La Jornada Zacatecas.
En cambio, fueron notorias las ausencias de otros aspirantes en el Instituto Nacional de Formación Política de MORENA, como el caso de Saúl Monreal Ávila, de la senadora Soledad Luévano, o incluso de la delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz Robles, pese a que sus campañas de promoción anticipada siguen y siguen tapizando bardas y espectaculares por doquier.
O la tienen muy segura, o la estrategia cambió este fin de semana. Lo importante es que esta semana sólo tendremos dos días hábiles porque la burocracia se va de megapuente a partir del miércoles, gracias al SUTSEMOP. Sea por Dios…
