Apenas el lunes, en su comparecencia ante la 64 Legislatura con motivo de la glosa del segundo informe de gobierno, el secretario del Campo, Jesús Padilla Estrada, daba cuenta de las «dificultades» (así le llamó a la ineptitud) para lograr la declaratoria de desastre (¿o era emergencia?) por la sequía severa por la que atraviesa la entidad.
Y para dejar en claro que la «nueva gobernanza» actúa más de forma reactiva que preventiva, diputados locales también cuestionaron por qué no se previó la contratación de seguros catastróficos para hacer frente a la situación que hoy tiene en vilo a Zacatecas.
Ya de antemano, el secretario del Campo había señalado que difícilmente se lograría la citada declaratoria, más cuando la CONAGUA reportaba algunas lluvias en la región de los Cañones, y respecto a los seguros catastróficos, explicó que el 70% de la prima correspondía a la Federación y el resto al estado, pero como no había recurso asignado por la 4T, pues no había posibilidades de contratarlos.
Hoy el escenario pinta todavía peor para Zacatecas y entidades que padecen las consecuencias de la sequía atípica, y de las decisiones erráticas emanadas de Palacio Nacional, pues este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador remitió a la Cámara de Diputados una iniciativa por la que se propone que los estados y municipios ahora tengan la obligación de asignar recursos para atender destrastres y contratar seguros catastróficos para cubrir los daños causados por un fenómenos natural.
Así, de un plumazo, se delega a estados y municipios (que dependen en más de un 80% de las participaciones federales) una obligación que hasta hoy sigue siendo de la Federación, pero que no se ha asumido desde la desaparición del dichoso Fonden o del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden).
Lo anterior obligará a que, en el proyecto de presupuesto de egresos que presente en próximas fechas la Secretaría de Finanzas a la 64 Legislatura para el ejercicio fiscal 2024, ya se prevea una asignación presupuestal para este rubro, mientras en la Cámara de Diputados se discute la iniciativa enviada por el Presidente para expedir la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, con disposiciones que implicarán un severo golpe a las finanzas de los estados.
Si Jesús Padilla esperaba contar con recursos extraordinarios para atender la crisis por la que atraviesa nuestra entidad derivado de la sequía, que de una vez vaya aplicando el Plan B porque el Presidente ya advirtió que no habrá ampliaciones presupuestales para que los estados y municipios atiendan esta nueva obligación.
Lo bueno es que con la 4T nos iba a ir mejor, ¿no?
Una de cal por las que van de arena
Mientras en el recinto legislativo se desarrollaba la comparecencia del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, el gobernador David Monreal daba a conocer la liberación de al menos 15 personas privadas de su libertad en el municipio de Fresnillo. Algo así como lo que ocurrió durante el informe del magistrado Arturo Nahle, presidente del TSJEZ, cuando encontraron los cuerpos de 6 jóvenes desaparecidos en Malpaso, Villanueva, pero esta vez con resultados positivos.
Horas más tarde, ya en rueda de prensa, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, dio cuenta de las acciones en las que se logró esta liberación en el que es hasta el día de hoy el municipio con mayor percepción de inseguridad en el país, aunque le pese al aspirante a senador, el alcalde Saúl Monreal, y por mucho que reniegue de las cifras del INEGI.
Aunque esta vez no se reportan personas sin vida, en una acción que se pueda calificar como positiva, sí preocupa que en un solo hecho se hayan reportado tantas víctimas (entre las cuales habría al menos cuatro menores de 15 y 16 años). Y es justamente la existencia de este tipo de hechos los que alarman a la población: que estos delitos sigan ocurriendo.
Porque entre la baja en la estadística de incidencia delictiva y los índices de percepción de inseguridad que han ido a la alza, sigue prevaleciendo un vacío informativo que sólo genera desconfianza e incertidumbre entre los zacatecanos, más cuando la cifra negra de delitos supera el 90%; es decir, sólo se denunciaría 1 de cada 10 delitos.
Eso sí: con la llegada de Medina Mayoral a la SSP se percibe mayor dinamismo en una dependencia que hoy lleva a cuestas el principal lastre de la «nueva gobernanza»: la inseguridad. Y apenas llegó en febrero, cuando ya había transcurrido un año y medio de la actual administración, lo que ya es mucho decir.
Hay de farsantes a farsantes
En qué patético espectáculo se ha convertido eso que han denominado glosa del segundo informe de gobierno. Y más porque buena parte de los diputados evidencia en tribuna su falta de preparación para comparecencia, inclinándose más por la declaración incendiaria que por una verdadera rendición de cuentas.
Originalmente, se había aprobado un protocolo donde cada legislador dispondría de hasta tres minutos para hacer sus cuestionamientos y luego un minuto para realizar su réplica a lo respondido por el funcionario en turno. Pues ese tiempo a varios no les pareció suficiente para hacer el ridículo y, a propuesta de la diputada Priscila Benítez secundada por su homóloga Marimar de Ávila, por mayoría se aprobó que en todas las comparecencias ahora dispondrán de hasta cinco minutos para sus intervenciones. Y ayer mismo demostraron que esos minutos adicionales sirvieron para dos cosas.
Como ya se había previsto, durante la comparecencia del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, los cuestionamientos se centraron en el «tema de temas», la desaparición de personas y las acciones de prevención del delito. Por ahí se mencionó algo de Protección Civil y del SIPINNA. Y párele de contar.
El compareciente no negó los indicadores negativos que aún hoy enfrenta la «nueva gobernanza» y más que desenvainar la espada, apeló a la suma de esfuerzos entre poderes para atender el «tema de temas», porque omisiones ha habido en el Ejecutivo y el Legislativo (y hasta en el Judicial).
Y mientras la diputada Priscila Benítez desperdiciaba sus cinco minutos en leer el extenso currículum del secretario de Gobierno, o la diputada Karla Valdez que se desvivió en elogios hacia el funcionario emanado de las oficinas del Senado (hasta lo bautizó como «Lord Multitask«), o la diputada Gaby Basurto echando a la basura el documento impreso que les fue entregado el pasado 8 de septiembre, o la diputada Marimar de Ávila preguntando por el estado del embovedado del Centro Histórico (¿qué pedo?); hubo otros que optaron por nadar de muertito, como el diputado Jehú Salas, que no le batalló e hizo las mismas preguntas que en la glosa del primer informe, cuando en el cargo se desempeñaba (eso dice) Gabriela Pinedo Morales, que hoy ocupa su curul en la 64 Legislatura.
Por si no hubieran hecho suficiente ridículo, se autorizó por mayoría una segunda ronda de preguntas y respuestas, pero ante la falta de quórum, la presidenta de la Mesa Directiva, Georgia Miranda, dio por satisfecha la comparecencia. Porque la verdad sea dicha, uno tras otro los diputados repetían los mismos cuestionamientos, que tenían evidentemente las mismas respuestas.
En este desfile de cínicos (Enrique Laviada dixit) no se podían quedar atrás quienes optaron por las declaraciones incendiarias, sin abordar el motivo de la comparecencia, como el diputado Juan Mendoza que centró su intervención en lo que dicen que alguien dijo; o el diputado Enrique Laviada, que le sobraban calificativos para vociferar sandeses.
A diferencia de sus entrevistas en días pasados, Rodrigo Reyes conservó la paciencia y serenidad durante la comparecencia, y toreó los embates y declaraciones incendiarias con astucia, sin entrar en polémicas ni «herencias malditas» (como pretendía el diputado Ernesto González Romo).
Una cosa quedó muy clara: para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Y los diputados se hicieron locos ante la responsabilidad que aún tienen para ratificar a la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque van dos veces que rechazan el nombramiento de Mónica Zárate y aunque ésta sigue desempeñando su trabajo, la falta de nombramiento impide bajar recursos federales para aplicarlos en lo que hoy es una urgencia: la atención a víctimas.
El desfile de cínicos se prevé que continúe hoy con las comparecencias de Maribel Villalpando, secretaria de Educación (cuyo juicio político sigue en trámite y ya hace un año del lamentable espectáculo en la glosa del primer informe de gobierno); y de Laura Elvia Bermúdez al frente del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas.
Ya veremos si en esta ocasión hay necesidad de que alguien jure por los clavos de Cristo que le sostuvo la bolsa a una funcionaria fantasma.
Por lo pronto, algo de razón tenía la diputada Gaby Basurto al tirar a la basura el documento del segundo informe de gobierno. Baste revisar los supuestos testimoniales de las páginas 23 y 26, como si fueran sacados del guión para los videos promocionales de la «nueva gobernanza». Ya lo de las fotos a página completa es lo de menos. Lo relevante es desmentir o confirmar las cifras reportadas en un informe que, en su segundo año de gobierno, ya tiene que recurrir a cifras acumuladas en lo que va de la administración ante la falta de resultados. Hasta aquí el reporte.
Fuerza por México Capítulo Zacatecas
A partir de julio de este año comenzaron a recibir la primera ministración de sus prerrogativas (o financiamiento público) como partido político local, pero hasta esta semana (casi tres meses después) Fuerza por México Zacatecas apenas designó a su Comité Directivo Estatal que será presidido por Amellalli Carrillo Ortiz.
Con dos municipios en su cartera (Genaro codina y Enrique Estrada), el «partido rosa» hoy tiene el reto de conservar su registro luego de la contienda que se realizará en el 2024 y para ello contará con Javier Cabral Hernandez en la Secretaría de Organización; Danucia Acuña Meza en la Secretaría de la Mujer; Gerardo de la Torre en la Secretaría de la Juventud; Nancy Vargas Gallegos, en Elecciones; Juan Diego García Cruz, en Asuntos Jurídicos y Transparencia; Omar Andrade, en Vinculación; Guadalupe Arellano Serrano, en Finanzas; Liz Carrillo, en Prensa e Imagen, y como vocero del partido Ivan Castillo. ¡Ánimas!
