Desde enero del 2015, el Servicio de Administración Tributaria ha dado cumplimiento a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación para hacer públicas las listas de contribuyentes incumplidos en los diversos supuestos que ahí se detallan.
En estos supuestos se encuentran las personas físicas y morales con créditos fiscales firmes (que se han retrasado en el pago de sus impuestos); exigibles (con retraso sostenido, pese a las notificaciones de ponerse al corriente); con sentencias (es decir, que reiteradamente se les ha notificado y no se han puesto al corriente); así como aquellas que han sido beneficiadas con la reducción de multas y recargos, cancelados de concurso mercantil o incluso canceladas en su totalidad (cuando se trata de montos menores a los 5 mil pesos).
De entonces a la fecha, es la primera ocasión que en los reportes del SAT sobre contribuyentes incumplidos hay una larga lista de quienes fueron beneficiados con la reducción de multas, especialmente de organismos públicos, según la última actualización del 19 de octubre y que corresponde al periodo septiembre-octubre.
En total, según el informe del último bimestre, el SAT habría reducido hasta 5 millones 599 mil 692 pesos en multas, provenientes de 107 créditos fiscales, tan sólo para 20 organismos públicos estatales y municipales.
Por supuesto que hay montos significativos, como el caso del Sistema de Agua Potable de Teúl de González Ortega, que en este periodo fue beneficiado con la reducción de 1 millón 74 mil 799 pesos provenientes de 22 créditos fiscales. Una señal de que había un enorme rezago en el pago de impuestos y ante la inminencia de otra medidas más drásticas (como el congelamiento de cuentas bancarias), se hizo el esfuerzo por ponerse al corriente.
Tampoco pasa desapercibido el caso del municipio de Río Grande, que tan sólo en dos créditos fiscales registrados fue beneficiado con una reducción de 927 mil 219 pesos en multas. Y es el municipio que registra el mayor monto de beneficio en el periodo que se informa.
La lista de organismos públicos beneficiados en el último bimestre con la reducción de multas, según lo establecido en el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, se integra de la siguiente manera:
– COBAEZ: 66 mil 260 pesos (3 créditos fiscales)
– Issstezac: 740 mil 92 pesos (11)
– Tecnológico Loreto: 242 mil 400 pesos (3)
– Benito Juárez: 212 mil 630 pesos (11)
– Genaro Codina: 274 mil 543 pesos (2)
– Francisco R. Murguía: 422 mil 6 pesos (8):
– Pánfilo Natera: 138 mil 39 pesos (2)
– Miguel Auza: 17 mil 99 pesos (1)
– Río Grande: 927 mil 219 pesos (2)
– Susticacán: 135 mil 204 pesos (3)
– Teúl de González Ortega: 3 mil 449 pesos (2)
– Villa de Cos: 69 mil 636 pesos (2)
– Villa García: 276 mil 175 pesos (13)
– Villa Hidalgo: 64 mil 868 pesos (2)
– SEFIN: 368 mil 566 pesos (1)
– Sistema de Agua Potable Tepechitlán: 138 mil 515 pesos (1)
– Sistema de Agua Potable Teúl de González Ortega: 1 millón 74 mil 799 pesos (22)
– Sistema de Agua Potable Villa García: 205 mil 111 pesos (11)
– Sistema de Agua Potable Nochistlán: 121 mil 400 pesos (2)
– Universidad Politécnica de Zacatecas: 101 mil 631 pesos (5)
Aunque en los listados que publica el SAT no se desglosan los impuestos en los que hay moratoria entre personas físicas y morales, para el caso de los organismos públicos en el último informe bien se pudo deber a retrasos en el pago del Impuesto sobre la Renta principalmente, pues se sabe que una parte de este recurso es retornado a los contribuyentes y hoy más que nunca hay que estirar los pesos y centavos para que rindan.
Por lo pronto, una estrellita para quienes a pesar de la moratoria se pusieron al corriente en el pago de sus impuestos, pues de ahí se financian los servicios públicos que demanda la población, esa que sí o sí cumple con sus obligaciones fiscales.
Eso sí, mucho ojo hay que poner en el municipio de Concepción del Oro, que figura en el último listado de contribuyentes incumplidos con créditos fiscales firmes, pues a nada de cerrar el año, no se descartaría un adelanto de participaciones para ponerse al corriente.
Que comparezca el fiscal
Por falta de quórum, tuvo que ser suspendida la sesión ordinaria de la 64 Legislatura convocada para este miércoles y según el orden del día aprobado, únicamente faltaba por dar lectura al dictamen relativo a diversas reformas a las leyes de Transporte; de instituciones policiales de la SSP y la del Sistema de Seguridad Pública del estado, y que básicamente van enfocadas en regular el marco normativo que regirá al Centro de Sanciones Administrativas mejor conocido como el «Torito» zacatecano.
Como se recordará, el proyecto habría iniciado en la administración de Alejandro Tello; sin embargo, gran parte del retraso para la puesta en marcha de este centro se debió al impacto de la pandemia por el COVID-19, lo que no deja de lado el pendiente de actualizar la norma en la materia.
Y hasta donde se sabe, no parece haber consensos en la 64 Legislatura respecto al dictamen aprobado en comisiones, por lo que su lectura fue pospuesta para la sesión del próximo lunes, a ver si en estos días se da el cabildeo necesario para su eventual aprobación o rechazo.
No fue el único tema que llamó la atención en la sesión legislativa de este miércoles. Esta mañana trasciende que el fiscal Francisco Murillo Ruiseco presentó su renuncia al cargo, la cual se haría efectiva a partir del último día de octubre, en caso de admitirse.
La noticia se da luego de que los diputados Ernesto González Romo y Enrique Laviada presentaran una iniciativa conjunta, aprobada por unanimidad de urgente y obvia resolución, para citar a comparecer al fiscal y que rinda cuentas sobre el caso del homicidio del abogado Raúl Calderón Samaniego, considerando que la FGJEZ no tomó las medidas preventivas necesarias para evitar que el hoy señalado como coatuor del homicidio (y sujeto a un proceso de desafuero) se evadiera de la justicia.
No sólo esto, también tendría que explicar el estado de impunidad en el caso de delitos como homicidio doloso, extorsión, secuestro, feminicidio, desaparición forzada, leva, desplazamiento forzado, entre otros.
Y aunque la iniciativa fue aprobada, con la condición de que la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) que preside la diputada Gaby Pinedo fijara la fecha de comparecencia antes del 15 de noviembre, la renuncia del fiscal cambiará los planes.
No quisiéramos pensar que esta renuncia se da para evitar el escrutinio de los diputados ante las omisiones (muy evidentes) en el caso de Raúl Calderón, pues desde el inicio existió la sospecha de una presunta protección e inmunidad para el hoy expresidente municipal de Guadalupe y que a más de seis meses de su desafuero, sigue prófugo de la justicia, junto a otros implicados que no requerían de proceso de desafuero.
¿Y qué sigue? En caso de que la renuncia de Murillo Ruiseco sea admitida, se tendrá que designar a un fiscal general provisional, como lo marca la Constitución Política del Estado de Zacatecas. Luego, el Poder Legislativo tendrá 20 días para integrar una lista de cinco aspirantes que será remitida al Ejecutivo para que de ahí se seleccione una terna de la que el Legislativo, finalmente, designará al fiscal general que permanecería en el cargo durante 7 años.
Pero como en el Legislativo no parece haber gobernabilidad, la designación de un próximo fiscal bien podría recaer únicamente en el Ejecutivo, lo que dejaría abierta la posibilidad a un «fiscal carnal», que tampoco cambiaría mucho respecto a la gestión que ha caracterizado a Murillo Ruiseco. ¿Confiamos para bien o esperamos lo peor?
