Desde el inicio de la glosa del segundo informe de gobierno, el secretario del Campo, Jesús Padilla, aseguró casi casi por la capita roja del Santo Niño de Plateros que al 30 de septiembre ya se había devengado el 96% de su presupuesto.
En lo que fuera la primera comparecencia de la citada glosa, el titular de SECAMPO así lo reiteró varias veces a la diputada Gaby Basurto, quien durante todas las comparecencias centró gran parte de sus cuestionamientos en el análisis de los informes financieros y de avance de gestión que publica la Secretaría de Finanzas.
Y una y otra vez, los funcionarios del gabinete de florero se montaron en su macho para asegurar que al 30 de septiembre ya estaba comprometido gran parte de su presupuesto, principalmente en lo relativo al Capítulo 4000, que es de donde se financian los programas y apoyos sociales.
Hoy que se publican los informes financieros al tercer trimestre de este año queda claro que mintieron vilmente, a pesar de que juraron decir la verdad al rendir protesta al inicio de cada comparecencia.
No sólo eso, pues los informes financieros también revelan que, en el uso de sus facultades, la Secretaría de Finanzas quitó recursos a las dependencias que sólo calentaron los dineros en cuentas bancarias, y los canalizó a otras partidas urgidas de suficiencia presupuestal.
Tan sólo en el caso del Capítulo 4000, durante el tercer trimestre del año se hicieron recortes a dependencias por 175 millones 340 mil 546 pesos. En el mismo periodo, únicamente a la SAMA, SECAMPO y SEMUJER les autorizaron ampliaciones presupuestales que en conjunto sumarían unos 10 millones 371 mil 596 pesos.
En contraparte, durante el tercer trimestre del año se autorizaron ampliaciones presupuestales por 266 millones 906 mil 359 pesos para cinco dependencias, en lo relativo al Capítulo 6000 de Inversiones públicas (de donde se financian los proyectos de infraestructura): Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Obras Públicas, SEDESOL, SEDUVOT y SAMA.
El problema es que, a pesar de los recortes en el Capítulo 4000, hay al menos ocho dependencias en la «nueva gobernanza» que al tercer trimestre del año, aún tienen sin devengar más del 50% de su presupuesto, aunque el caso más grave es el de la Secretaría de Economía que dice encabezar Rodrigo Castañeda Miranda, pues al 30 de septiembre aún tenía sin devengar el 99.6% de su presupuesto en este Capítulo; es decir, algo así como 21 millones 453 mil 92 pesos. Porque seguía reportando sólo 16 pesos devengados (no es broma).
Otro caso emblemático es el de la SEDUVOT que hoy encabeza Eugenia Pérez Haro, pero cuyo antecesor Luis de la Peña (hoy titular de Obras Públicas) le heredó subejercicios hasta por 35.5 millones de pesos (97.6%) en el Capítulo 4000.
Mayor cinismo tendría Jesús Padilla al mentir sobre el presupuesto devengado en la SECAMPO en este capítulo. No sólo no comprometió el 96% de su presupuesto, como aseguró en comparecencia, sino que al 30 de septiembre aún tenía pendientes de ejercer 276.4 millones de pesos (algo así como el 75.2% de lo asignado en este Capítulo).
En total, entre 11 dependencias de la administración pública centralizada acumularían subejercicios por 627.7 millones de pesos tan sólo en el Capítulo 4000.
Las cosas tampoco pintan mejor cuando se trata de la obra pública, pues entre las cinco dependencias con presupuesto asignado en el Capítulo 6000 acumularían subejercicios por 897.8 millones de pesos al 30 de septiembre; de los cuales poco más de 533 millones corresponden a la Secretaría de Obras Públicas, que durante el tercer trimestre devengó 198.4 millones de pesos, pero en el mismo periodo tuvo una ampliación presupuestal en esta partida hasta por 187.9 millones de pesos. ¿En los últimos tres meses del año tendrán la capacidad para comprometer ese recurso?
El polémico «Torito» zacatecano
En la sesión ordinaria convocada para este martes en la 64 Legislatura se espera una álgida discusión en torno al dictamen con diversas reformas a la Ley de Transporte, la Ley de Instituciones Policiales y la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, centradas principalmente en adecuaciones a la normatividad para poner en marcha (por fin) el Centro de Sanciones Administrativas mejor conocido como «Torito» zacatecano, donde se castigará a las personas que conduzcan en estado de ebriedad.
O al menos así se plantea en la iniciativa remitida por el gobernador David Monreal que fue presentada ante el pleno el 18 de mayo de 2022. Y más de un año después, por fin se lleva su discusión al pleno.
El proyecto habría iniciado desde la administración del exgobernador Alejandro Tello, y aunque se esperaba que antes de concluir el quinquenio se pondría en marcha, hubo retrasos que a la fecha lo tienen inactivo y a las corporaciones, sin facultades para utilizarlo.
Sin embargo, el dictamen que hoy podría votarse en el pleno ya enfrenta resistencias, pues el diputado Ernesto González Romo ya ha advertido que en los términos en los que se plantea el documento con las reformas, queda al arbitrio de la autoridad imponer las sanciones que se establecen en la normatividad, y que podrían ir desde un arrestro de entre 8 y 36 horas, hasta sanciones que rebasarían los 24 mil pesos.
El legislador de MORENA (o al menos todavía de dicho grupo parlamentario), llevándole la contra al gobernador David Monreal, ya adelantó que presentará una reserva al dictamen, en el que se plantean diversas precisiones cuando se trate de detenciones de menores de edad; la protección a la integridad de las mujeres que sean detenidas; controles de seguridad para evitar actos de corrupción, así como reducir los periodos de detención y el monto de las sanciones.
Y a pesar de que González Romo en parte tiene razón en sus planteamientos (no en todos, menos los que carecen de fundamento jurídico), tampoco es que cuente con los votos necesarios para que dicha reserva sea aprobada, lo que no exentará al pleno de entrar en un debate parlamentario donde la palabra «corrupción» estará a la orden del día.
Además, hay que considerar que para el dictamen que hoy se discutirá ya existe un dictamen técnico financiero sobre un posible impacto presupuestal, y la reserva del diputado de MORENA sí implica costos, como la adquisición de las cámaras de solapa que deberán portar los elementos que participen en el operativo Alcoholímetro, entre otros gastos, por lo que entrarían en una controversia que podría echar atrás la propuesta de González Romo. ¿Sí le tantearon el agua a los camotes?
