Para el ruinoso espectáculo vivido en el pleno de la 64 Legislatura este miércoles, nada le costaba a la secretaria de Educación, Maribel Villalpando, haber asistido a la comparecencia a la que fue citada en 2022 con motivo de la glosa del primer informe de gobierno, porque de haberlo hecho hoy no estaría enfrentando un juicio político en su contra por presunta violación grave a la Constitución.
Porque aunque hubo quienes juraran casi casi por los clavos de Cristo que le sostuvieron el bolso, o que ingresó a sus cubículos a esperar el llamado del pleno, no hubo evidencia de ningún tipo que confirmara que el año pasado se presentó en el recinto legislativo para atender el citatorio a comparecer ante los diputados locales.
Y como dice la canción: «y todo para qué«. Porque al final, en la comparecencia a la que sí asistió la funcionaria este miércoles, los diputados continuaron con la misma dinámica de las comparecencias previas: sin preparación, improvisados, con mensajes políticos bastante pobres (a la altura de pobres políticos), o rayando en el ridículo de enumerar calificativos para referirse a su desempeño al frente de una dependencia que concentra el 30% del presupuesto anual de todo el estado.
Ciertamente tampoco ayudó que a su llegada, Clara Verónica Delgado Venegas, coordinadora Técnica del despacho de la secretaría, también coordinara a los aplaudidores que al grito de «tenemos secretaria» parecían convocados más a un mitin de una pre pre pre candidatura que a un acto de rendición de cuentas donde se evaluaría no sólo el desempeño de la titular, sino de todos quienes integran este ente público.
No se sabe si, mañosamente, en el calendario de comparecencias se programó una segunda convocatoria para cuestionar a la titular del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas, Laura Elvia Bermúdez, a fin de limitar los cuestionamientos durante la primera comparecenica programada para evaluar el trabajo realizado en la SEDUZAC.
Porque a eso de las 4 de la tarde, hora citada para la segunda comparecencia del día, se rompió el quórum en el pleno con la presencia de únicamente 12 diputados y se dio por satisfecha la comparecencia de Maribel Villalpando, cuando aún faltaba un quinto bloque de intervenciones con la participación de los diputados Juan Mendoza, Zulema Santacruz, David González y Cuquita Ávalos, que seguían en el recinto legislativo.
En esta ocasión, pocos fueron los cuestionamientos repetidos. Más bien faltó tiempo para alcanzar a cuestionar todo el trabajo desempeñado por la dependencia más grande y con el mayor presupuesto en el Ejecutivo.
Subejercicios; regreso de recursos a la Tesorería de la Federación; protocolos de prevención y atención en casos de acoso y abuso sexual, suicidio y bullying; protocolos ante hechos delictivos en zonas escolares (una realidad innegable); federalización de la nómina magisterial y el déficit hasta el momento; contrataciones y despidos; infraestructura educativa; apoyos escolares (y sobrecostos); falta de maestros en algunos planteles; estrategias de atención a migrantes que retornan o los que se encuentran en tránsito por el estado; cuotas escolares «voluntariamente obligatorias»; licitaciones y adquisiciones por adjudicación directa; entre muchos, muchos otros temas acapararon los cuestionamientos de los diputados que tuvieron la oportunidad de intervenir mientras se mantuvo el quórum en el pleno.
Y para responder, no ayudó mucho una Maribel Villalpando con voz temblorosa, insegura, revuelta en sus apuntes, desconociendo incluso las gráficas que había presentado al inicio de su comparecencia, sin contestar gran parte de las preguntas de los diputados, pero eso sí, muy firme cuando insistía en que ha sido «una fiel convencida de que nos estamos conduciendo con toda la transparencia, honestidad y responsabilidad«.
Tampoco ayudó que, entre porra y porra (pese al reiterado llamado de la presidenta de la Mesa Directiva, Georgia Miranda, para conservar el orden), la deficiente lectura de la secretaria confundiera más sobre los montos informados, pues a veces hablaba de miles de pesos cuando se trataba de millones, o señalaba miles de millones de pesos cuando sólo se trataba de miles de pesos. Y en contados casos apenas se distinguió si hablaba de inversión acumulada en lo que va de la «nueva gobernanza» o sólo lo relativo al último año, o únicamente al presente ejercicio fiscal.
Por lo demás, evadió cuestionamientos sobre presunto nepotismo en la dependencia (invitó a poner la denuncia correspondiente); asignación irregular de claves (o duplicidad y sin sustento); sobrecostos en apoyos educativos (echó la bolita a la Secretaría de Desarrollo Social); el señalamiento de que la SEDUZAC se ha convertido en una extensión de la Delegación de Programas para el Desarrollo (quedó bastante claro con el ejército de Servidores de la Nación conectados en la transmisión de la Legislatura); o la justificación para ausentarse en la primera comparecencia a la que fue citada, en la glosa del primer informe de gobierno.
En su defensa salieron los diputados Roxana Muñoz, Nieves Medellín y Violeta Cerrillo, quienes abandonaron su papel de legisladores (¿cuándo la han asumido?) para convertirse en voceros y promotores de la «nueva gobernanza», en un recuento de cifras reportadas en el documento del informe de gobierno y, de paso, descalificando a los pocos, muy pocos detractores durante la comparecencia.
Porque, como se recordará, desde el año pasado en que Maribel Villalpando fue bautizada como la «funcionaria fantasma» por no haber atendido la convocatoria a comparecer, tiro por viaje buena parte de los diputados insistió en iniciar juicio político a la titular de la SEDUZAC, iniciando por Ernesto González Romo, entonces presidente de la Mesa Directiva.
Pero en esta ocasión, únicamente destacaron las intervenciones de los diputados González Romo, Enrique Laviada y Priscila Benítez. El primero, solicitando una disculpa pública de la funcionaria hacia los trabajadores de la dependencia, al movimiento (¿monrealista?, ¿obradorista?, ¿de la 4T?, ¿de la secta?, ¿de la nueva gobernanza?), y al Congreso del estado, por haber fallado y no haberse presentado a la primera comparecencia a la que fue citada. Porque a su parecer, «fue penoso llevarla a juicio político, es la primera funcioanria en llevarla a juicio político y hoy usted tiene un amparo para no proceder en su contra; ¿para qué?, ¿qué necesidad?«.
Priscila Benítez tampoco le batalló, pues al igual que hizo el diputadon Jehú Salas en la comparecencia del secretario general de Gobierno, dio lectura al posicionamiento que presentó en sesión del 28 de marzo, cuando se discutía la procedencia del juicio político en contra de Villalpando Haro, en una retahíla de acusaciones que no tuvieron respuesta de la funcionaria (pero sí de sus voceros que hasta acusaron violencia política de género).
Enrique Laviada, para variar, se desvivió en calificativos y una tras otra, repetía que la secretaría estaba tomada por «el grupo político del malestar», señalando directamente a la delegada Verónica Díaz como cabeza de un grupo que aprovechaba a la SEDUZAC como «brazo electoral». Y advirtió que a pesar del amparo, el juicio político seguirá su curso.
Menos reflectores tuvo la comparecencia de la titular del INZACE, Laura Elvia Bermúdez, realizada en el quinto piso del recinto legislativo en comisiones, no ante el pleno. A diferencia de su primera glosa, cuando se desempeñaba al frente de la SEDUVOT, en esta ocasión se le vio más preparada (incluso en la parte técnica). También sobresalieron los cuestionamientos en torno a los subejercicios, el retraso en licitaciones (o la presunta opacidad en estos procesos de asignación de obras), la ejecución tardía de las obras programadas, las fuentes de financiamiento, o la insistencia en la construcción de muros perimetrales y otras medidas de infraestructura educativa para blindar los planteles escolares frente a hechos delictivos cada vez más frecuentes en zonas escolares.
Con cuatro comparecencias ya desahogadas en el calendario de la glosa al segundo informe de gobierno, no se esperan muchas sorpresas este jueves que rendirá cuentas el secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, quien cargará a cuestas no sólo las estadísticas de homicidios dolosos, sino las «herencias malditas» de los secretarios que le precedieron al frente de la dependencia, la cuestionada estrategia de seguridad, el limbo en el que ha quedado el C5 (y las acusaciones de presunto acoso sexual), las medidas para revertir la escalada de casos de personas desaparecidas y no localizadas, sin olvidar «lo que dicen que alguien dijo«.
Muy tarde, señor gobernador
Qué pronto se olvidó la «nueva gobernanza» de los dichosos «ejes tractores» donde «el campo es solución y no problema», a tal grado que el gobernador David Monreal recientemente declaró que este año agrícola hay que darlo por perdido.
Y muy tarde se puso a supervisar el estado que guarda la entidad y los efectos que ha tenido la sequía que hoy azota a los campesinos olvidados de la «nueva gobernanza», tal como fueron olvidados por los «gobiernos neoliberales» (dirías José Luis Figueroa El Cepillo y el Chile Yahualica, Armando Delgadillo).
Este miércoles, David Monreal tuvo gira de supervisión en las presas Leobardo Reynoso y El Cazadero, y según el boletín de la taquería de Comunicación Social, hoy se estaría en una sequía como no se había vivido en las últimas dos décadas. Se les olvidó la contingencia del 2012, que fue más grave que la situación actual, pero entonces sí se actuó incluso con seguros catastróficos y declaratorias de emergencia.
Eso sí, hoy se anuncia que el gobernador buscará reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador para exponerle el diagnóstico de la contingencia por la que atraviesa Zacatecaz (un diagnóstico que apeeeenas se estaría realizando, cuando desde mayo se tenían los indicios de la gravedad que vendría en los meses posteriores).
Porque, claro, David Monreal no tuvo oportunidad de plantearle el problema el 24 de mayo que se reunió con el Presidente para revisar «temas prioritarios para la política social en beneficio de México y Zacatecas». Tampoco el pasado 1 de septiembre, cuando le acompañó en Campeche a rendir su quinto informe de gobierno. Mucho menos el pasado 7 de septiembre (un día antes de su propio segundo informe de gobierno) para la entrega del «bastón de mando» a Claudia Sheinbaum.
El resultado es previsible, como ya adelantábamos en este espacio, con la iniciativa remitida por el Presidente a la Cámara de Diputados para que los estados se rasquen con sus propias uñas cuando se trate de contingencias. Y ni hablar de solicitar recursos extraordinarios. ¿Hasta cuándo seguirán haciéndole al tío Lolo?
