¡Vaya hervidero en la política local! Y eso que aún faltan cinco días para el arranque formal del proceso electoral 2023-2024 en Zacatecas, según la reforma aprobada por diputados de la 64 Legislatura.
Entre bastones de caramelo y letras chiquitas de convocatorias para quienes aspiran a un cargo de elección popular, MORENA a nivel nacional ha marcado el paso a todos los partidos, coaliciones, alianzas y sectas que aspiran (porque suspiran) a estar en la boleta de la próxima elección, no sin muestras claras de evidentes actos anticipados de proselitismo o violaciones a la norma electoral, como ya ocurrió con la visita de la «corcholata» Claudia Sheinbaum al Pueblo Mágico de Jerez.
Y lo que sucede en la esfera nacional vaya que tendrá repercusiones en el escenario político local. Los indicios no sólo están en la decisión tardía de Marcelo Ebrard para mantenerse en las filas de la 4T, luego del berrinche por las dichosas encuestas que dieron a Sheinbaum Pardo la presidencia de los Comités de Defensa de la 4T.
La reciente designación de Clara Brugada como «corcholata» para la jefatura de Gobierno de la CDMX, por encima de Omar García Harfuch que encabezaba las llevadas y traídas encuestas, dejó ver un poco de las diferencias que hoy existen entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, lo que sin duda repercutirá en los escenarios electorales en todo el país para MORENA y sus aliados.
Y mientras el dirigente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo, se entretenía repartiendo tinacos en lugar de atender las mesas de trabajo de la coalición PRI-PAN-PRD, dejando plantados en varias ocasiones a sus homólogos del blanquiazul y el Sol Azteca, en MORENA les llevaban ventaja con la publicación de convocatorias y el posterior registro de aspirantes a una senaduría, diputación federal, local o fórmulas en ayuntamientos para el próximo proceso.
Ya en otra ocasión advertimos de las letras chiquitas en las convocatorias, que son la misma trampa legal que ya se había documentado en el proceso electoral 2020-2021. Pero el chiste es hacer ruido jugándole al tío Lolo con las dichosas encuestas para generar percepción. ¡Ter-nu-ri-tas!
La realidad es que los números en las mediciones realizadas hasta el momento dejan muy mal parados a varios que aspiran a lograr una candidatura, lo que ha derivado en un arranque paralelo de campañas negras en contra de quienes encabezan dichas mediciones.
El caso más emblemático es el del exalcalde Ulises Mejía Haro, de quien se ha revivido la acusación de haber sido expulsado de MORENA en el proceso 2020-2021 a fin de dejarlo fuera de la actual contienda.
Sin embargo, tribunales federales tumbaron en aquel entonces la decisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, corrigiéndole la plana a MORENA y dejando a salvo los derechos político electorales de Mejía Haro y sus aliados que en su momento migraron al PES.
Pero no es el único caso. Desde páginas anónimas en redes sociales ha habido otros actores políticos víctimas de estos ataques sin firma (es un decir, pues apestan al tufo del secretario general de MORENA, Mariano Casas Valadez), como el caso de la senadora Geovanna Bañuelos o su homóloga, la senadora Soledad Luévano, y hasta figuras de la oposición como el diputado federal Miguel Varela o la senadora Claudia Anaya.
Si tan seguros están de lograr la candidatura, ¿por qué recurrir, entonces, a estas campañas de ataques anónimos desde páginas apócrifas para restar puntos a quienes lideran las mediciones?
Si estos ataques se ejecutan o no «por instrucciones» de quienes no figuran en el golpeteo, como Saúl Monreal o Verónica Díaz Robles, la realidad es que los números que resten a sus contrincantes tampoco se traducen necesariamente en puntos a su favor (menos cuando estos ataques están prohibidos en los documentos básicos de MORENA).
Lo que hayan hecho o dejado de hacer en los últimos cinco años (el primero, dos veces presidente municipal de Fresnillo; y la segunda, como delegada de Programas para el Desarrollo), será evaluado primero por el Comité Nacional de Elecciones de MORENA para avalar sus respectivos registros, y luego por la población, en caso de que se avale más de un registro en las candidaturas al Senado, lo que traería como consecuencia el levantamiento (ahora sí) de las dichosas encuestas, lo cual se ve poco probable.
Saúl Monreal tiene más cosas que presumir que quien hasta este martes apenas anunció su registro en la convocatoria correspondiente (cuyo plazo cerró el pasado 3 de noviembre) y de aquí al día de la jornada electoral podría remontar los números para consolidar una ventaja irreversible en la votación.
No es el caso de Díaz Robles, quien en mediciones públicas o la mandada a hacer por la secta se coloca en el sótano de las preferencias y difícilmente logrará revertir esos números en los próximos meses si no lo hizo en los últimos cinco años. Ahora se entiende el enojo en la secta por haber filtrado esta última medición y, hasta donde se sabe, las consecuencias se conocerán en los próximos días hasta dar con el soplón.
Lo cierto es que, ante su ausencia en la Delegación de Programas para el Desarrollo, tomó su lugar Adilene Rosales Romero, quien ya es presentada en eventos oficiales como «la representante del gobierno federal» y que ha sido la mano derecha de Verónica Díaz (por decir lo menos). Así que pocos cambios se esperan en la Delegación y en el actuar de los Servidores de la Nación.
No deja de llamar la atención la aparente distancia que tomó Saúl Monreal de su compañera de fórmula (es un decir), Verónica Díaz Robles, pues en las mediciones que se conocen hasta el momento la del Bienestar representa más una resta que una fórmula ganadora. Y hablamos sólo de la eventual candidatura al Senado, pero este fuego amigo ya se empieza a extender a otros cargos que se renovarán en el próximo proceso.
Del otro lado, en la oposición, ya hay quienes levantan la mano para buscar un lugar en la boleta en la próxima elección. Este martes el diputado Enrique Laviada dio a conocer su renuncia al cargo de delegado político del PRD, a unos días de haber sido designado, porque aspira a ser postulado para una diputación federal por el Distrito 3.
Lo que no dice en su oficio es que la pretendida coalición PRI-PAN-PRD pende de un hilo por la poca seriedad del dirigente estatal del tricolor, Carlos Peña Badillo, y su ausencia en las mesas de trabajo de la coalición ha complicado los acuerdos para la eventual postulación de quienes podrían contender en la próxima elección.
En Movimiento Ciudadano también empiezan a saltar los nombres de quienes se apuntarán en el siguiente proceso, como el caso de Arnoldo Rodríguez que busca ir en fórmula con la diputada federal y exgobernadora Amalia García Medina, mientras que en Fresnillo ya levantó la mano el empresario Chuy Badillo; en Guadalupe ha hecho lo propio Chuy Contreras, mientras el chef Pastor Pérez y Tomás Torres Torres buscarán hacerse con la candidatura a la diputación federal por el Distrito 3.
¿Qué tendrá la Capital que hay más apuntados que en el municipio de Guadalupe?, ¿acaso el prófugo Julio «N» revolvió las aguas y nadie se anima a contender por este Pueblo Mágico?
Se les hizo punto el asterisco
Sin mayor explicación, en la sesión legislativa de este martes no se incluyó en el orden del día la votación del dictamen correspondiente a la enajenación de un bien inmueble en el Cerro San Simón para la construcción del cacareado C5, dictamen que ya había sido leído en la sesión del pasado 8 de noviembre.
Ciertamente, el proyecto envuelve un cochinero en todo el procedimiento previo a que llegara la solicitud de enajenación a la 64 Legislatura, como ya referimos en este espacio. Sin embargo, no deja de llamar la atención la decisión de la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal de último minuto para echar atrás la discusión y votación del dictamen correspondiente.
Porque como se recordará, según el contenido del dictamen, ya habían sido subsanadas todas las observaciones y se trataba de una iniciativa que prácticamente no requería mayor cabildeo (¿quién se opondría a una iniciativa que en esencia busca fortalecer la estrategia de seguridad en Zacatecas [si es que existe]?).
¿Será que las eventuales observaciones de la Auditoría Superior de la Federación hubieran alcanzado al Legislativo en caso de aprobar la solicitud de enajenación? Y lo más importante: si desde este momento ya hay visos de irregularidades en «el proyecto más importante en materia de seguridad en los últimos años», ¿dónde está el zar anticorrupción para denunciar las anomalías?
