Con la discusión del Paquete Económico 2024 en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 64 Legislatura, queda bastante claro que en materia presupuestal, la cobija presupuestal es muy chica para las necesidades de Zacatecas, pero hay gandallas que estiran de más y descobijan.
De una estimación presupuestal por 38 mil 671 millones 799 mil 379 pesos para el próximo ejercicio fiscal, el 70.9% de los recursos se concentrarían en el Poder Ejecutivo; el 16.8% en los 58 municipios; el 9.6% en organismos autónomos; el 1.6% en el Poder Judicial y el 1.2% en el Poder Legislativo.
La variación en la distribución de los recursos no es muy diferente al reparto que hubo para este ejercicio fiscal: 70.4% para el Ejecutivo; 17.6% para municipios; 9.2% para organismos autónomos; 1.7% para el Poder Judicial y 1.2% para el Poder Legislativo.
Así que al hablar de «lujos» y «privilegios», habría que voltear a donde se concentran 7 de cada 10 pesos del presupuesto, y no desgastarse tanto buscando con lupa ahí donde están los centavos.
El tema viene a colación porque este miércoles, la comisión legislativa que preside el diputado Lupe Correa dio audiencia a diversos organismos para escuchar sus solicitudes de aumento presupuestal frente a la propuesta que remitiera el Ejecutivo el 30 de noviembre.
En este espacio ya ofrecimos un breve análisis de las variaciones presupuestales en cada ente público para el próximo ejercicio fiscal según el proyecto de Paquete Económico, que ciertamente incluye incrementos marginales para casi todos y en contados casos, algunos recortes.
Y como ya habíamos advertido también en este espacio, el «tema de temas» no parecía hacer justicia en materia presupuestal al ente público responsable de la impartición de justicia: el Poder Judicial.
No fue sorpresa que, en la audiencia ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), en voz de su presidente Arturo Nahle García, expresaran su evidente molestia ante el maltrato presupuestal del que estaban siendo objeto con la «nueva gobernanza».
Porque en esa fórmula de priorizar el «tema de temas», se estaba relegando al último eslabón, que es el que hace justicia precisamente a las víctimas del delito.
Para el Poder Judicial, que acapara apenas el 1.7% del presupuesto total del estado (¡uy, qué vulgares ambiciosos!), es «ilógica e inexplicable» la reducción a su presupuesto para el próximo año, pues la propuesta remitida por el Ejecutivo ni siquiera alcanzaría para el gasto corriente.
Si bien en el proyecto de Presupuesto de Egresos se contempla una partida por 630 millones 833 mil 254 pesos para el Poder Judicial, que representarían un 2.56% más que lo aprobado para este año; no hay que perder de vista que al 30 de septiembre ya habían recibido ampliación presupuestal por más de 29.2 millones de pesos. De ahí que el proyecto de presupuesto para el próximo año sí represente una reducción de más del 2.1% respecto al monto ejercido este año.
En las cifras alegres del gobernador David Monreal, la «nueva gobernanza» se estaba viendo muy generosa al otorgar un incremento presupuestal al Poder Judicial por 15.7 millones de pesos para el próximo año, cuando el anteproyecto remitido por el TSJEZ al Ejecutivo había sido por 739 millones 69 mil 710 pesos, es decir, un 20.1% más que lo aprobado para este año.
Y la justificación de este incremento tiene sus fundamentos, no sólo por lo que demanda la implementación del nuevo sistema de justicia civil y familiar sin que se destinaran recursos federales extraordinarios para ello (lo que obligaba a todos los estados a asignar recursos a los Poderes Judiciales locales para dicha finalidad).
También está la presión por transitar a la justicia digital y renovar los equipos de cómputo en todos los juzgados. Y ya ni siquiera hablamos de los «lujos » y «privilegios» de garantizar el aumento salarial a los trabajadores y jueces del Poder Judicial. ¡Ni pensarlo! Porque eso sería quitarle al Ejecutivo algo así como 12.5 millones de pesos al año para su nómina secreta, o más bien, esos «estímulos por responsabilidad en el cargo» de quienes no desquitan su quincena en el gabinete de florero.
Siendo el Poder Judicial de Zacatecas el peor pagado en todo el país, pero el tercero mejor evaluado a nivel nacional, el magistrado Arturo Nahle fue firme en la petición de un incremento del 5% respecto al presupuesto real ejercido durante este año (o sea, algo así como 32.2 mdp de aumento), porque la carga de trabajo es mucha y el respaldo financiero, muy poco, considerando que cada año ingresan 30 mil nuevos juicios, y se atienden de manera simultánea 100 mil casos en los 73 juzgados y 4 calas de apelación.
Más ambiciosos (ellos sí) se vieron en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), cuyos consejeros solicitaron en audiencia ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública unos 70 millones de pesos adicionales a la propuesta remitida por el Ejecutivo, que ya de por sí implicaba incrementarle 182.9 millones de pesos respecto a lo asignado este año.
Porque, claro está, el próximo año hay comicios y hay que garantizar las elecciones a como dé lugar, especialmente si se considera la advertencia que hiciera el secretario de Finanzas, Ricardo Olivares, de que la elección del 2024 es uno de los riesgos que enfrentaría Zacatecas (y todo el país) en materia presupuestal.
Ya se verá lo que decidan los diputados locales respecto a las solicitudes recibidas en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y más si en su decisión va impresa la opinión de los zacatecanos a quienes dicen representar.
En esta discusión no hay que olvidar que para el próximo año se está considerando una inversión de 572 millones 267 mil 637 pesos en tres compromisos plurianuales: el dichoso C5, el viaducto elevado en el bulevar (cuyo costo total se estima en más de 3 mil 600 millones de pesos) y un proyecto denominado «Gobierno digital».
Usted, estimado lector, ¿qué preferiría: un segundo piso en el bulevar, gastar más en un proceso electoral, o que se haga justicia a las víctimas del delito? Qué buena oportunidad para hacer una consulta ciudadana y elaborar presupuestos participativos, ¿no?
