Siguiendo con la discusión del proyecto de Paquete Económico 2024, y luego de la comparecencia del secretario de Finanzas, Ricardo Olivares Sánchez, ante el pleno de la 64 Legislatura, tenemos clara la perogrullada de que la seguridad es el «tema de temas» también en el ámbito presupuestal.
Después de la Secretaría de Educación (SEDUZAC), que concentra prácticamente una tercera parte del presupuesto de todo el estado, los entes públicos con mayores asignaciones de recursos para el próximo año serían los Servicios de Salud de Zacatecas (4,081 mdp); la Secretaría de Finanzas (2,565.9 mdp); la Universidad Autónoma de Zacatecas (2,439.1 mdp); y en quinto lugar la Secretaría de Seguridad Pública (2,053 mdp).
Según la exposición de Olivares Sánchez ante los diputados locales, en la propuesta de Presupuesto de Egresos 2024 se plantea una inversión de unos 3 mil 636 mdp a las tareas de seguridad pública, que representarían un incremento del 7% respecto a lo aprobado para este año: 2,053 mdp para la SSP; 769 mdp para la FGJEZ; 630 mdp para el Poder Judicial; y 184 mdp para la Secretaría General de Gobierno (que para el próximo año tendría recorte de. 4.75%, algo así como 9.2 mdp).
A simple vista, la SSP que encabeza Arturo Medina Mayoral acapararía el 56.4% del presupuesto que se asignaría el próximo año a las tareas de seguridad pública. De hecho, en lo que va de la administración de David Monreal, la «nueva gobernanza» ha dado trato preferencial a esta dependencia en materia presupuestal, volvemos a la perogrullada, porque la seguridad es el «tema de temas».
Si bien desde el 2021 la SSP ha tenido un incremento del 61.4% (algo así como 781.2 mdp) durante la «nueva gobernanza», este incremento no se compara porcentualmente con la variación obtenida durante el «quinquenio diferente», de un 87.7 por ciento. Sin embargo, en valores nominales, sí ha invertido más la actual administración que los 594.2 mdp que tuvo de incremento la dependencia durante la administración de Alejandro Tello.
Estos números, no obstante, poco se reflejan en los demás organismos que participan en las tareas de seguridad pública. Veamos el caso de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ), que para el próximo año tendría una asignación por 769.4 mdp, un crecimiento del 8.1% respecto a lo que recibió en 2021 y que es muy inferior al incremento presupuestal del 49.4% (unos 235.2 mdp) durante el «quinquenio diferente», al que le tocó la transición de Procuraduría a Fiscalía y el cambio al nuevo sistema de justicia penal.
La situación no ha mejor para el Poder Judicial. Durante el «quinquenio diferente» tuvo incremento presupuestal del 44.1% (algo así como 179.1 mdp), en gran parte debido a recursos federales para la implementación del nuevo sistema de justicia penal.
Sin embargo, en lo que va de la «nueva gobernanza», el Poder Judicial ha tenido un crecimiento presupuestal de apenas 7.7% (unos 45.5 mdp, sin considerar el recorte que sufrió en el presupuesto de 2022, con aquel lamentable episodio de «una mecanógrafa» que no ha alzado la voz).
Tan sólo en el último año, comparando la propuesta del 2024 con lo aprobado para este ejercicio fiscal, el Poder Judicial tendría un incremento presupuestal de apenas 2.56% (unos 15.7 mdp), un incremento marginal, de risa (porque a estas alturas de nada sirve llorar), comparado con los más de 250 mdp que se requieren únicamente para cumplir con las disposiciones del nuevo sistema de justicia civil y familiar.
Por eso se entiende la postura del magistrado Arturo Nahle García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, en el sentido de que la «nueva gobernanza» paradójicamente no ha hecho justicia al ente público responsable de la impartición de justicia.
Y ahí es donde se resuelven el 70% de las denuncias que judicializa la FGJEZ (que corresponden a asuntos de lo familiar), pero que, sin recursos federales extraordinarios para la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia civil y familiar, con un plazo menor a cuando se implementó el sistema de justicia penal, difícilmente podrá cumplir con estas nuevas disposiciones.
Lo bueno es que, en palabras de Olivares Sánchez, para el gobernador David Monreal es una prioridad garantizar las elecciones del próximo año y existe total disposición para replantear el monto propuesto para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (que tendría incremento de 135.5% respecto a este año) y el Tribunal de Justicia Electoral (38.5%).
Y aunque la propuesta de incremento para la FGJEZ se dijo que ya incluyen los compromisos firmados con los trabajadores que se manifestaron hará cosa de un par de meses, para el Poder Judicial este incremento marginal no incluye el incremento salarial a trabajadores, mucho menos para la implementación del nuevo sistema de justicia civil y familiar. Si acaso unos 5 mdp para equipamiento.
Como quien dice, el presupuesto 2024 para el Poder Judicial no alcanzará ni para los cimientos de al menos uno de las casi 50 salas que tendrán que abrirse con el nuevo sistema de justicia civil y familiar. Mucho menos para transitar a la justicia en línea.
Ya se verá si, efectivamente, el «tema de temas» también es «tema de temas» al interior de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que preside el diputado Lupe Correa durante la discusión del Paquete Económico 2024. Por lo pronto, durante la comparecencia del secretario de Finanzas, Ricardo Olivares, nos quedó muy claro quiénes sí analizaron la propuesta y quiénes subieron a tribuna a «hacer como que hacen».
