Este viernes 15 de diciembre concluye el primer periodo ordinario del tercer (y último) año constitucional en la 64 Legislatura, para dar paso a los trabajos de la Comisión Permanente mientras nuestros diputados gozan de sus muy merecidas vacaciones.
Pero todo indica que se verán obligados a aprobar una ampliación de periodo porque aún quedan muchos, pero muchos temas pendientes antes del 31 de diciembre, como la aprobación del Paquete Económico 2024, así como las leyes de ingresos de los 58 municipios.
El primer paquete de leyes de ingresos sería votado en sesión ordinaria de este miércoles, de no ser porque continúa la dictaminación de iniciativas en la Comisión de Hacienda y Fortalecimiento Municipal que preside la diputada Priscila Benítez, dando audiencia a los ayuntamientos para justificar sus proyectos remitidos al Legislativo.
Eso obligó a reagendar la sesión ordinaria a fin de poder incluir en el orden del día más dictámenes de leyes de ingresos de los municipios, que están a la espera de lo que decidan los diputados para iniciar con la discusión y aprobación de sus respectivos presupuestos de egresos.
El gran tema que hoy concentra la atención en la 64 Legislatura, sin embargo, es el Presupuesto de Egresos 2024 para el estado de Zacatecas, cuyo análisis y discusión apenas comenzó este miércoles en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que preside el diputado Lupe Correa, luego de haber dado audiencia a quienes solicitan una ampliación presupuestal respecto al proyecto remitido por el Ejecutivo.
En esta danza de audiencias ya se escucharon las peticiones del Poder Judicial, de la Fiscalía, de varios organismos autónomos, de asociaciones civiles y demás interesados en ser cobijados en el próximo presupuesto. Que tengan suerte en sus peticiones, ya se verá en los próximos días.
Por lo pronto, la chiquillada legislativa ya dijo que se opone al proyecto remitido por el Ejecutivo el pasado 30 de noviembre, particularmente en uno de los contratos plurianuales al que calificaron como «obra farónica»: el viaducto elevado del bulevar Adolfo López Mateos y calzada Héroes de Chapultepec. Un proyecto mejor conocido como el «segundo piso».
Para los diptuados Enrique Laviada, Marimar de Ávila, Priscila Benítez, Zulema Santacruz, Karla Valdez y Juan Mendoza, en Zacatecas hay otras prioridades más que invertir unos 3 mil 600 millones de pesos para intervenir un tramo de poco más de 3 kilómetros en la principal vialidad de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe. O sea que cada kilómetro costaría algo así como 1 mil 200 millones de pesos. Y sólo hablamos de la primera etapa.
Y mientras en la Secretaría de Obras Públicas ya tienen casi lista la convocatoria para la licitación correspondiente (¿o sera una adjudicación directa con apariencia de licitación?), la chiquillada legislativa insiste en que esos 3 mil 600 millones de pesos serían más útiles para Zacatecas si se invirtieran, por ejemplo, en garantizar suficiencia presupuestal al Poder Judicial, que sufrirá las de Caín si no cuenta con los recursos mínimos para iniciar con la transición al nuevo Sistema de Justicia Civil y Familiar.
Pero también se podría inyectar recursos al campo, que sufrió un impacto severo este año y cuyas consecuencias apenas se verán el próximo año; o tal vez aumentarle un poquito más a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ); o quizás destinar una partida adicional para darle oxígeno al Issstezac.
Podrán tener razón los diputados opositores al proyecto; no obstante, seis votos de los 30 que integran el pleno difícilmente prosperarán para modificar lo que determine la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el dictamen correspondiente, mucho menos si su conferencia se dio una vez agotado el cabildeo con las demás bancadas para respaldar la negativa a la «obra farónica» que costará un 700% más que el elefante blanco del sexenio alonsista: el Centro Cultural «Toma de Zacatecas», el principal argumento del discurso de las «herencias malditas».
En este asunto hay que decir que ya desde este año se integró el fideicomiso correspondiente, con unos mil millones de pesos de financiamiento base (¿entonces hay o no hay dinero en la «nueva gobernanza»?), y para el próximo ejercicio fiscal sólo se están contemplando 450 millones de pesos para el proyecto. Es decir, la inversión proyectada para el próximo año es un monto mayor a lo que se destinaría a la mayoría de los entes públicos.
Eso sí, la chiquillada legislativa deja ver el surgimiento del PRIMOR (PRI, MORENA, Nueva Alianza, PVEM, PT y el panista Lupe Correa) que hoy son mayoría en el pleno y en cuyas manos quedaría la principal responsabilidad sobre aprobar (o no) la «obra faraónica» de la «nueva gobernanza».
Este capricho también ha resultado en un insulto para pensionados y jubilados del Issstezac que este miércoles nuevamente tomaron la sede legislativa para protestar porque siguen pendientes los pagos de pensiones (y en muchos casos, el aguinaldo correspondiente en asuntos ya ganados en tribunales federales).
De hecho, esta manifestación retrasó la sesión solemne programada para rendir homenaje póstumo al arquitecto Héctor Castanedo Quirarte al declararlo «Hijo Predilecto del Estado de Zacatecas», pues en el vestíbulo del Congreso se instaló oootra mesa de trabajo para escuchar los mismos planteamientos de jubilados y pensionados que llevan desde el 2021 exigiendo lo mismo, sin que hayan tenido respuesta desde entonces.
Porque a nada de concluir el 2023, se desconocen los avances en la Comisión Especial de seguimiento a la situación del Issstezac que preside la diputada Cuquita Ávalos, luego de haber escuchado por enésima vez a las partes involucradas en la debacle del iInstituto.
Lo único en lo que coinciden todos es que urge, pero súper urge una reforma a la Ley del Issstezac (o la creación de una nueva) y que lo menos deseable es la extinción del Instituto. Baste recordar que en el Poder Legislativo ya obran al menos dos iniciativas de reforma que duermen en la congeladora, en espera de que la «nueva gobernanza» remita también su propia propuesta a fin de intergarla al análisis de la citada comisión especial.
Sin embargo, seamos realistas: con el proceso electoral ya en marcha, y en el último año constitucional de la 64 Legislatura, se ve harto difícil la aprobación de una eventual reforma al Instituto, pese a que el costo político sea el «rescate del Issstezac». ¿Quién le hace más al tío Lolo?
