Tarde, muy, muy tarde, reaccionó la sociedad civil organizada ante el proyecto denominado «Viaducto elevado boulevard Adolfo López Mateos y Calzada Héroes de Chapultepec», mejor conocido como el «Segundo Piso».
Porque apenas este domingo, en conferencia de prensa, Juan Francisco Valerio Quintero, Rodolfo García Zamora, Gilberto del Real Ruedas, Rubén Méndez Félix, Pedro Padilla González y Francisco Javier Calzada, hicieron un llamado al gobernador (eso dice él) David Monreal con tres peticiones fundamentales: que haga público el proyecto; que haya foros de discusión y análisis de los pros y contras; y que se realice una consulta ciudadana con resultado vinculante al reunir una participación del 30% y no del 40%, como establece la normatividad actual.
Y decimos que muy tarde (tardísimo) llegó su petición porque este fin de semana, para ser exactos el 27 de enero, se habría firmado el contrato correspondiente a la Licitación Pública Estatal No. 932063953-SOP055-2023 para el dichoso proyecto, que se adjudicó a las empresas Calzada Construcciones SA de CV, en asociación con Construcciones y Dragados del Sureste SA de CV, por una inversión de hasta 3 mil 652 millones 536 mil 850.08 pesos.
Y seguimos insistiendo en que fue demasiado tarde (súper tardísimo) porque desde el pasado 30 de junio de 2023, en este mismo espacio, habíamos advertido que el proyecto del Segundo Piso va porque va, con la publicación del Decreto que establece las Bases para la Constitución de un Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Fuente de Pago para la Ejecución del Proyecto, en el Suplemento del Periódico Oficial de fecha 28 de junio de 2023.
Por si no fuera suficiente, ya en diciembre del año pasado, en el pleno de la 64 Legislatura el dichoso proyecto fue uno de los pocos temas a discusión para la aprobación del Presupuesto de Egresos 2024 y por el cual sólo cinco diputados votaron en contra, pese a los intentos del PRIMOR por poner candados al financiamiento del proyecto, ese que no fue incluido en la cacareada Agenda por la Paz 2024.
Si bien la petición al gobernador es legítima, pues se fundamenta en dudas que aún rodean al proyecto (y que, raramente, no ha hecho en voz alta el sector empresarial, ese de la campaña «Todos Somos Zacatecas» con el rostro de la conductora Rebeca de Alba), hacerla en este momento, concluido el proceso de licitación y firmado el contrato correspondiente, ya resulta ocioso y hasta una mera simulación.
Pero vayamos a lo que arroja la información pública disponible en torno al proyecto, porque para empezar, era evidente que se relegaría a empresas locales con los candados establecidsos en las bases.
Por ejemplo, el capital contable mínimo de 900 millones de pesos que se establece en la base V, inciso a), con el cual deberían contar las empresas que participaran en la licitación. ¿Cuántas constructoras locales cuentan actualmente con ese capital, considerando que el sector de la Construcción en Zacatecas ha ido en picada desde el inicio de la «nueva gobernanza» (y este lunes lo confirma el INEGI con la publicación del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal)?
No sólo eso, también era imposible que las constructoras locales cumplieran con lo establecido en la base VI.1, sobre la experiencia y capacidad de los licitantes, pues muy difícilmente podrían haber acreditado una experiencia de cinco años y al menos ocho contratos de puentes vehiculares, viaductos elevados o puente superior vehicular, en los últimos 10 años y que en conjunto sumaran una inversión de al menos 1 mil 500 millones de pesos.
El resultado de estos candados fue la participación de únicamente cuatro empresas (dos de ellas, asociadas), todas foráneas: La Peninsular Compañía Constructora SA de CV; ICA Constructora SA de CV; así como Calzada Construcciones SA de CV, en asociación con Construcciones y Dragados del Sureste SA de CV.
Sin embargo, según el acta del fallo a la licitación, se descartaron las propuestas económicas de las primeras dos por exceder del monto del techo presupuestal autorizado. La Peninsular presentó una propuesta por 4 mil 31 millones 540 mil 794.80 pesos; mientras que ICA Constructora, por 4 mil 460 millones 367 mil 406.70 pesos. La primera, 379 millones 3 mil 944.72 pesos más cara que la propuesta ganadora; la segunda, superior por 807 millones 830 mil 556.62 pesos.
El problema es que bien podríamos estar ante otro ejemplo de simulación de licitaciones, pues ICA Constructora (una de las dos rechazadas) ya ha participado (y ganado) en otras licitaciones en la última década en proyectos conjuntos con Calzada Construcciones y Dragados del Sureste; ambas, de Grupo Hycsa.
Y resulta que Calzada Construcciones es propiedad de Alejandro Calzada Prats, hijo de Feliciano Calzada Padrón, exsecretario particular y excolaborador del exgobernador de Tabasco, Roberto Madrazo, quien fue uno de los primero «padrinos políticos» de Alejandro «Alito» Moreno.
Madrazo Pintado y su grupo, se sabe, ha mantenido una histórica relación con la familia Hank. De hecho, Carlos Hank González fue el principal líder del Grupo Atlacomulco al que pertenecen el expresidente Enrique Peña Nieto y el exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.
Por lo que respecta a La Peninsular, se trata de una empresa filial de Grupo Hermes, cuyo presidente Carlos Hank Rhon, es hijo del excabecilla del Grupo Atlacomulco, Carlos Hank González. ¡Todo queda entre amigos!
Pues bien, firmado el contrato el pasado fin de semana (eso suponemos, que sí se firmó el dichoso contrato), las empresas ganadoras de la licitación contarán con 807 días naturales para concluir el proyecto; es decir, la obra debió empezar el 28 de enero de este año, para concluir el próximo 13 de abril de 2026.
La «nueva gobernanza» podrá destacar que se trata de una mega-obra financiada sin contratar deuda pública, mediante un contrato plurianual (esos eufemismos…); sin embargo, no hay que olvidar que el proyecto se financiará a partir del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Fuente de Pago para la Ejecución del Proyecto, el cual se integra con ingrsos propios del estado, recursos federales gestionados ex profeso, la contratación de financiamientos que se requieran, así como productos o rendimientos productos de las inversiones realizadas.
También se plantea que este fideicomiso se alimente de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), y de los recursos asignados al Fondo de Inversión Pública Productiva del Estado de Zacatecas que se establezcan en los presupuestos de egresos para el estado.
Lo más interesante es que este Fondo de Inversión (con un saldo cercano a los 1 mil 400 millones de pesos) se alimenta básicamente de dos fuentes: economías internas y subejercicios de las dependencias.
Ahora entendemos por qué el gabinete de florero erogó tardíamente sus presupuestos (y el ejemplo más elocuente son los 16 pesos gastados por la Secretaría de Economía de su Capítulo 4000 en los primeros tres trimestres del año). Eso explicaría por qué en las últimas dos semanas del 2023 y en lo que va del mes de enero de este año la «nueva gobernanza» ha tenido tanta actividad repartiendo los recursos y apoyos que no entregó durante todo el 2023.
La gran pregunta es: ¿a dónde fueron a parar los rendimientos generados por esos millones en cuentas bancarias durante todo el año pasado?
