Boquete de $147 millones

La semana pasada, en este espacio dábamos a conocer que, según los informes financieros de la Secretaría de Finanzas, al 31 de diciembre del año pasado la «nueva gobernanza» acumulaba subejercicios por 1 mil 881 millones 717 mil 857 pesos, de los cuales 1 mil 116 millones 790 mil 428 pesos correspondían únicamente al Capítulo 6000.

Con documentos en mano, se demostraba una vez más la falta de planeación en la correcta ejecución del presupuesto, pues en el último trimestre del año las dependencias que integran la administración pública estatal pretendían erogar todo lo que no gastaron de enero a septiembre.

Pues bien, los informes financieros de la SEFIN también daban cuenta de que el Poder Legislativo había tenido una ampliación presupuestal por 32.2 millones de pesos durante el cuarto trimestre del año, justo en el periodo de la glosa por el segundo Informe de Gobierno y la discusión del Paquete Económico 2024.

Pero ¿qué cree, estimado lector? Que nos quedamos cortos. Sí, porque según los informes financieros de la SEFIN, durante el 2023 se habrían hecho transferencias al Poder Legislativo por un total de 484 millones 85 mil 503 pesos (ya incluyendo la ampliación por 38 millones 360 mil 969 pesos durante todo el año).

Sin embargo, vaya sorpresa cuando revisamos los informes financieros del propio Poder Legislativo, que indican que recibieron en transferencias presupuestales algo así como 336 millones 903 mil pesos (con todo y ampliación presupuestal por 14 millones 53 mil 327 pesos y un subejercicio de 6 millones 47 mil 539 pesos en Capítulo 3000).

Lo anterior implica una discrepancia entre informes financieros por la nada insignificante cantidad de 147 millones 182 mil 503 pesos.

Esta discrepancia, no obstante, se venía arrastrando desde el inicio de 2023. Por ejemplo, en el primer trimestre (cuando la diputada Ana Luisa del Muro presidía el Órgano de Administración y Finanzas) la discrepancia entre el informe financiero de la SEFIN y el del Poder Legislativo ascendió a 46 millones 185 mil 877 pesos.

Durante el segundo trimestre, cuando concluyó el periodo de la diputada petista al frente del OAF, esta discrepancia entre informes aumentó a 80 millones 272 mil 453 pesos. Y ya en el tercer trimestre, cuando la diputada priísta Gaby Basurto asumió la presidencia del OAF, la discrepancia había alcanzado los 111 millones 741 mil 668 pesos.

Y aunque los dos entes públicos (la Secretaría de Finanzas y el Poder Legislativo) cumplen con esta obligación de transparencia para publicar sus informes financieros, ¿cuál documento tiene la razón: las transferencias que la SEFIN reporta haber hecho al Poder Legislativo?, ¿o las transferencias que el Poder Legislativo reporta haber recibido de la SEFIN?

Porque la discrepancia no es menor. De hecho equivale al 100% del presupuesto que le fue asignado a la Secretaría de Economía; o casi el doble de lo aprobado para la Secretaría de Turismo; el triple de lo que recibieron dependencias como la SEMUJER o la SEZAMI, y así le podríamos seguir con tantos ejemplos.

Pero supongamos que tiene razón el informe financiero del Poder Legislativo. Su informe relativo al cuarto trimestre revela que de octubre a diciembre los diputados habrían recibido 7 millones 660 mil 233 pesos de ampliación presupuestal, aunque el mayor incremento habría sido en el Capítulo 3000 de Servicios generales, algo así como 13 millones 530 mil 79 pesos, además de que hubo un recorte importante por 5 millones 507 mil 942 pesos en el Capítulo 1000 de Servicios personales.

Además, el informe muestra que hubo movimientos importantes en el Capítulo de Servicios generales. Por una parte, se recortó casi la totalidad de lo etiquetado para la contratación de servicios profesionales (precisamente la partida de la llamada «Estafa legislativa»), unos 15 millones 43 mil 533 pesos, de los cuales únicamente 8 millones 945 mil 872 pesos corresponden al cuarto trimestre, pues de enero a septiembre ya habían recortado 6 millones 97 mil 661 pesos en esta partida.

Por otro lado, también hubo incrementos sustanciales en las partidas de Servicios oficiales por 19 millones 98 mil 696 pesos (al 30 de septiembre habían tenido ampliaciones por 12 millones 330 mil 252 pesos); y en Servicios de traslado y viáticos algo así como 5 millones 526 mil 817 pesos .

Pero en este caso, no hay que olvidar que al 30 de septiembre los diputados habían tenido ampliaciones por 5 millones 638 mil 221 pesos, lo que significa que en un solo trimestre prácticamente duplicaron lo que ya habían recibido de ampliación en los primeros nueve meses del año.

Estas dos últimas partidas, estimado lector, es donde los diputados justifican sus gastos por los que se ausentan de las sesiones convocadas por el pleno o en comisiones, en eso que llaman «actividades propias de su distrito», y que luego en la relación de comprobantes observamos montones de facturas por consumo de gasolina, ese concepto por el cual (se sabe) han hecho su guardadito nuestro legisladores porque «año de Hidalgo».

Y algunos todavía tienen la audacia de pretender participar en este proceso electoral. Sea por Dios…

Amalia va

A propósito del proceso electoral, la exgobernadora Amalia García Medina, actual diputada federal por Movimiento Ciudadano, dio a conocer su decisión de aceptar la invitación para ser candidata plurinominal al Senado de la República por la ola naranja.

Al menos no tendrá que ir en fórmula con Arnoldo Rodríguez Reyes, quien va en la fórmula de mayoría relativa por MC. Lo incómodo será promover al zacatecano Jorge Álvarez Máynez en su aspiración a la Presidencia de la República.

Siendo Amalia García uno de los activos más importantes de MC a nivel nacional, junto a Patricia Mercado, su experiencia y trayectoria fácilmente le pueden garantizar un escaño en el Senado para seguir trabajando en una agenda feminista y en favor de los derechos de los migrantes, temas que han distinguido su activismo político.

Por lo pronto, adelanta su compromiso de trabajar en todos los proyectos que sean necesarios para Zacatecas y en la gestión de recursos ante la federación. ¿Eso incluirá el financiamiento del «viaducto elevado»?