Tiro por viaje, la realidad de Zacatecas contradice los otros datos de la «nueva gobernanza» que justifican la declaratoria del 2024 como «Año de la Paz», una declaratoria duramente cuestionada por la oposición en la 64 Legislatura, excepto por la diputada Karla Valdez.
La legisladora votó a favor de la iniciativa presentada por el grupo parlamentario de MORENA, en un berrinche por habérsele negado el registro para contender como candidata a la presidencia municipal de Sombrerete por el PRI, luego por el PAN, y en el PRD no había una sola alma en el comité estatal para recibirle su solicitud. Bien rara la coalición «Fuerza, corazón, tripas y lengua por Zacatecas» (o algo así).
Este jueves fue una jornada complicada para quienes debían trasladarse por la carretera federal 45, pues fue bloqueada por una manifestación de transportistas ante la inseguridad de la que han sido víctimas incluso a plena luz del día en el cacareado «Año de la Paz».
¿Y quién los atendió? Sólo Obama lo sabe, pues el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, estaba más ocupado en los preparativos para la Primera Carrera Incluyente por la Paz que se realizará el 25 de febrero en conjunto con la Guardia Nacional, la misma que en Zacatecas y otros puntos del país azotados por la violencia (especialmente en carreteras) no está en lo que debe estar.
Y más tarde, el mismo secretario de Gobierno ofreció café y galletas a los colectivos de búsqueda de familiares desaparecidos para seguir jugándoles el dedo en la boca, luego de las desafortunadas declaraciones del comisionado local de búsqueda, Everardo Ramírez Aguayo, donde acusaba a un académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas de «malinformar» a los colectivos para cuestionar las acciones (si es que las ha habido) de la autoridad, declaraciones que ya tuvieron su respuesta por parte de los universitarios. Y soporten…
Mientras en Aguascalientes se daba a conocer el asesinato del empresario minero Oscar Octavio Aguilar, oriundo de Fresnillo, en el restaurante Las Costillas de Sancho, en lo que se aprecia en videos de cámaras de seguridad como un ataque directo (¿los zacatecanos ya ni siquiera están seguros fuera de Zacatecas?), el gobernador (eso dice él) David Monreal concentraba su agenda en seguirle haciendo el caldo gordo a una secta que aspira a perpetuarse en cargos y oficinas en este proceso electoral.
No acudió a la entrega de más de 45 millones de pesos del programa federal La Escuela es Nuestra para beneficiar a planteles de Guadalupe (en su lugar acudió el precandidato… perdón, el secretario de Desarrollo Social, Sergio Casas), y optó por irse de largo hasta el Pueblo Mágico de Jerez a entregar escrituras y supervisar obras, para luego verificar los avances en la construcción de la Terminal 1 del Platabús, ese proyecto que parece maldito porque no se ve para cuándo…
Siguiendo con la tónica de la 4T, para el gobernador David Monreal no fue prioridad atender a los transportistas que bloquearon la carretera federal 45, pero tampoco para hacerse presente en el Informe Anual de Actividades del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI).
Bueno, si ni siquiera asistió a la toma de protesta del magistrado Carlos Villegas como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), y mucho menos al último informe del magistrado Arturo Nahle como presidente del organismo, ¿qué se podía esperar de una «nueva gobernanza» tan opaca como sus negras intenciones de imponer un «viaducto elevado» que nadie pidió?
En su lugar asistió la secretaria de Administración, Verónica Yvette Hernández López de Lara, luego de unas merecidas(?) vacaciones en Europa (pese a no ser periodo vacacional), para seguir con el cuento de que para la «nueva gobernanza» la transparencia es una prioridad.
Tan transparentes como los tantos y tantos procesos de licitación donde una y otra vez se ha demostrado un esquema de simulación para beneficiar a un pequeño grupo de empresas. Y el ejemplo más elocuente es la licitación del «viaducto elevado». Pero, pues, cada quién…
No quisiéramos pensar que este vacío que le hizo el gobernador David Monreal al IZAI, pero especialmente a la comisionada del INAI, su amiga Norma Julieta del Río, fue más bien para ir en sintonía con esa reforma constitucional remitida por el presidente Andrés Manuel López Obrador para extinguir organismos autónomos como el INAI.
Y mientras en el auditorio del Poder Judicial se emitían nuevos pronunciamientos en torno al derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, en riesgo con la citada reforma constitucional del gobierno más opaco de la historia del país, en el pleno de la 64 Legislatura poco les faltó para agarrarse del chongo.
No es para menos. Como es bien sabido, pocos están en lo que deben estar, y en la sesión de este jueves algo pasó que rechazaron considerar de urgente y obvia resolución la iniciativa de punto de acuerdo presentada por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) que preside la diputada morenista Gaby Pinedo, respecto del procedimiento para integrar una lista de aspirantes a ocupar una magistratura del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática.
Con 11 votos a favor (incluyendo el de la diputada panista Karla Valdez), 9 en contra (de la oposición) y la abstención de la panista Marimar de Ávila, la iniciativa no reunió los votos necesarios para ser sometida a discusión y, en su caso, aprobación.
Fue francamente hermoso ver a los diputados declarar receso «permanente» cuando se dieron cuenta del tremendo error en el que cayeron por no estar en lo que deben estar, pues de inicio, la presidenta de la Mesa Directiva, la aliancista Martha Elena Rodríguez, ya ni siquiera sabía a dónde darle turno a la iniciativa.
Lo mejor (o peor) del caso es que el periodo extraordinario fue convocado expresamente para desahogar el asunto del Tribunal Laboral, y al haber rechazado la discusión de la iniciativa «de urgente y obvia resolución», hubiera concluido el periodo convocado, lo que hubiera dado paso a que el Ejecutivo designara en la magistratura vacante a quien se le viniera en gana, incluso si esa persona no es elegible.
Porque el fondo del asunto es la integración de la lista de los cinco aspirantes a integrar la terna de la cual se elegirá dicha magistratura, y que según la Gaceta Parlamentaria incluye a J. Guadalupe Chiquito Diaz de León; Érica del Carmen Velázquez Vacio; Oscar Gabriel Campos Campos; Elizabeth Jiménez Castro y Olivia María Cabrera Ramírez.
Dicha lista también divide a los 30 diputados, pues la propuesta del oficialismo no incluye la pretendida imposición del gobernador David Monreal, mientras la oposición está dispuesta a negociar la citada lista, excepto un solo perfil: Norma Esparza Castro.
Ahí, todas las bancadas se niegan a incluiren la lista a la actual directora de Asuntos Legislativos en la Coordinación General Jurídica debido a que se le atribuye la responsabilidad en el «terrorismo laboral» del que han sido objeto los miles de trabajadores cesados por la «nueva gobernanza» y que, en el remoto caso de ser designada magistrada del Tribunal Laboral, le obligarían a excusarse sí o sí del 90% de los asuntos.
La jornada de este jueves concluyó con el rechazo a la huelga en la UAZ, con 1 mil 88 votos a favor y 1 mil 128 votos en contra, y una participación del 78% del padrón de profesores, salvando el pellejo del rector Rubén Ibarra Reyes, que sigue en un frente abierto (y misógino) contra la secretaria general del SPAUAZ, Jenny González Arenas.
Al final, todo pasa en el pueblo donde no pasa nada…
