Pues se llegó el martes y del mentado anuncio tan anunciado de MORENA sobre las candidaturas al Senado por Zacatecas, nomás nada. Y con cada plazo vencido llega oootro anuncio para realizar oootra encuesta, ahora sí la definitiva, la de a deveras, la versión 5.0, la última, la final.
Lo cierto es que, mientras más tiempo pase, el dirigente nacional, Mario Delgado, el CEN de MORENA y su cacareado método de encuestas para definir candidaturas pierde más credibilidad y se va confirmando lo ya dicho por la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum: que se privilegiará el acuerdo por encima de las encuestas (si es que existen).
Esta opacidad ya sintomática de la Cuarta Transformación ha quedado de manifiesto con el último paquete de reformas constitucionales que ha dado a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, y si bien algunos puntos corresponden a una segunda etapa de reformas ya vigentes, otros parecen más encaminar el terreno para la próxima jornada electoral con una fórmula populista.
Para no variar, gobernadores de cuarta… digo, de la 4T, firmaron (o fueron obligados a firmar sin ser consultados) un posicionamiento de respaldo al paquete de iniciativas de reformas constitucionales anunciado por el Presidente, incluyendo al gobernador de Zacatecas (eso dice), David Monreal.
Qué contradicción que mientras López Obrador, en su paquete de iniciativas, plantea consultar a pueblos indígenas y afromexicanos sobre las obras y proyectos a emprender (como las consultas a mano alzada para el Tren Maya), en Zacatecas el «viaducto elevado» va porque va, sin consultar a los zacatecanos (ya no digamos a los pueblos indígenas y afromexicanos).
Con mayor cautela habría que observar la propuesta de utilizar los 18 mil kilómetros de vías férreas concesionados y destinados a transporte de carga para ser utilizados por trenes para pasajeros, no sea que ocurra como con el nuevo sistema de justicia civil y familiar, cuyo impacto presupuestal recae en las entidades federativas debido a que la Federación no destinó un solo peso para su implementación.
Así que la añeja demanda de sacar las vías del tren de la mancha urbana en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe seguirá ahí, esperando esa inversión cercana a los 3 mil 600 millones de pesos que se gastarán en un segundo piso que nadie pidió.
Más preocupante resulta la iniciativa de reforma electoral, que aunque plantea reducir gastos para campañas y partidos políticos (algo que de verdad se aplaude), también propone reducir el número de regidores en ayuntamientos; eliminar las candidaturas plurinominales; reducir el Congreso de 500 a 300 diputados y de 128 a 64 senadores; que los consejeros y magistrados de organismos electorales sean electos por el voto ciudadano; además de reducir del 40% al 30% el porcentaje de participación vinculante en consultas populares y la revoación de mandato (qué padre, ya cuando termina su sexenio).
Y esto del voto ciudadano no termina ahí, porque también va la iniciativa para que jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos por el pueblo bueno y sabio y ya no sean a propuesta del Ejecutivo y nombrados por los legisladores. ¿También tendrán que hacer campaña y repartir despensas y tinacos?
Para rematar el paquete de iniciativas, López Obrador también contempla eliminar todas las dependendias y organismos «onerosos y elitistas, supuestamente autónomos», en una guerra ya declarada contra entes públicos como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), porque para la 4T no aplica eso de que «la transparencia sale cara, pero sale más cara la corrupción«.
De hecho, eso de dejar en manos de los poderes ejecutivos la tutela del derecho a la información y la protección de datos personales debería ser un escándalo, considerando la reciente filtración de datos personales de periodistas que asisten a la mañanera desde la oficina de Presidencia.
Tampoco es secreto que durante la actual administración, todas las dependencias del Ejecutivo federal parece que comparten el mismo machote para dar respuesta (es un decir) a solicitudes de información, pues en todos los casos la primera respuesta es buscar la justificación legal para negar la información solicitada, obligando al ciudadano a interponer recursos de revisión una y otra vez.
Y hay otros ejemplos igual de elocuentes sobre la opacidad de la 4T. Habrá que recordar que desde enero de 2014 entró en vigencia una nueva disposición en el Código Fiscal de la Federación para que de manera trimestral el Servicio de Administración Tributaria (SAT) diera a conocer el listado de contribuyentes incumplidos con el pago de sus impuestos.
Esta disposición comenzó como una estrategia del gobierno para evitar la contratación de personas físicas y morales que caerían en el supuesto de «evasión fiscal» por no estar al corriente en el pago de sus contribuciones, y como una forma de ejercer presión para que pagaran sus impuestos.
En aras de abonar a esta transparencia, desde la llegada de López Obrador a la Presidencia hubo una nueva disposición para dar a conocer el listado de personas físicas y morales que se habían beneficiado de la condonación de créditos fiscales por decreto, del 2015 a la fecha.
Pues bien, desde que gobierna la 4T eso de informar trimestralmente las disposiciones del Código Fiscal de la Federación quedó en el olvido, no sea que entre los contribuyentes incumplidos figuraran los nombres de los patrocinadores del movimiento.
Pero vayamos a la última actualización, del pasado 19 de enero (aunque su publicación fue hasta este fin de semana), en la que encontramos sendas sorpresas en los listados de contribuyentes incumplidos con el pago de sus impuestos.
Porque entre los 170 contribuyentes incumplidos con créditos fiscales firmes, en el caso de Zacatecas, figuran los nombres de actuales funcionarios de la «nueva gobernanza», como el sceretario de Economía, Rodrigo Castañeda Miranda; o el secretario de Salud, Uswaldo Pinedo Barrios. Pero también aparece el diputado local Enrique Manuel Laviada Cirerol, así como Uriel Márquez Cristerna, exmagistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. Seguramente sus austeros ingresos no les dieron para estar al corriente con el pago de sus impuestos.
Más interesante resulta el listado de contribuyentes beneficiados con la condonación de multas, según las disposiciones del artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, pues en el último trimestre estas condonaciones habrían ascendido a 4 millones 162 mil 691 pesos con los que se benefición a 109 personas físicas y morales.
De ese monto, 1 millón 946 mil 845 pesos corresponden a 53 personas morales, de los cuales 40 son entes públicos a quienes les condonaron 1 millón 534 mil 149 pesos:
- Municipio de Trinidad García de la Cadena, 490 mil 312 pesos (16 créditos fiscales)
- Municipio de Apozol, 390 mil 185 pesos (10 créditos fiscales)
- Municipio de Río Grande, 285 mil 89 pesos (1 crédito fiscal)
- Municipio de Momax, 188 mil 854 pesos (5 créditos fiscales)
- Municipio de Noria de Ángeles, 65 mil 761 pesos (3 créditos fiscales)
- CECYTEZ, 54 mil 397 pesos (1 crédito fiscal)
- Municipio de Chalchihuites, 16 mil 306 pesos (1 crédito fiscal)
- Sistema de Agua Potable de San Antonio del Ciprés, Pánuco, 15 mil 325 pesos (1 créditos fiscal)
- Sistema de Agua Potable Villa García, 14 mil 230 pesos (1 crédito fiscal)
- Municipio de Susticacán, 13 mil 990 pesos (1 crédito fiscal)
Además, en el mismo listado hay 56 personas físicas a quienes en el último trimestre les habrían condonado 2 millones 215 mil 846 pesos en multas, aunque el mayor monto en condonación corresponde a Salomón Ramos Aldaba, por 1 millón 125 mil 356 pesos.
Del listado de créditos fiscales exigibles, por la negativa reiterada en el pago de sus impuestos, mejor ni hablar porque figuran empresarios bien conocidos entre los medios de comunicación y que hoy están vetados por la «nueva gobernanza».
Así las cosas en Zacatecas deslumbrante…
