El reloj electoral sigue corriendo y no hay plazo que no se cumpla. Hoy, 29 de febrero, es el último día que servidores públicos y representantes populares pueden promover programas y resultados (si es que lo hay) porque a partir del primer minuto del 1 de marzo (mañana viernes) comenzará la llamada «veda electoral».
De hecho, este jueves se vaticina una intensa jornada electoral, pues sesionará el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para aprobar la validez y procedencia (o no) de las candidaturas registradas para cargos federales.
Y es probable que haya damnificados en esta etapa del proceso electoral, lo que obligará a sustituir candidaturas en fast track porque a partir del primer minuto de este viernes comienzan las campañas para cargos federales.
Bien raro que, en el «Año de la Paz» y siendo la cultura uno de los principales pilares para la reconstrucción del tejido social, el gobernador (eso dice él) David Monreal le haya hecho el fuchi a uno de los últimos eventos donde podía «lucirse» antes de la veda electoral: la presentación del programa del Festival Cultural Zacatecas 2024. En su representación estuvo el secretario de Turismo, Le Roy Barragán, que habló de todo menos de la temática del festival: la cacareada paz en el «Año de la Paz».
Mayor mérito hay que darle a quien hoy encabeza la política cultural en el estado, María de Jesús Muñoz Reyes (Dulce Muñoz, como le conocemos en el gremio cultural), pues con un limitadísimo presupuesto (demos gracias a nuestros diputados y sus prioridades) pudo integrar una rica programación para todos los gustos y edades que al menos por dos semanas nos permitirán olvidarnos de tanta propaganda electoral que ya inunda todos los espacios públicos.
¿Se imagina si al Instituto Zacatecano de Cultura le autorizaran una ampliación presupuestal con el 1% de lo que se invertirá en el «viaducto elevado»? Con 36 millones de pesos, bien podrían fortalecer uno de los festivales más importantes del estado y que, año con año, generaban afluencia turística y derrama económica que hoy tanta falta hacen.
Pero volvamos a temas electorales, porque a 93 días para la jornada del 2 de junio, restan sólo tres días para que quienes aspiran a contender por un cargo de elección popular se separen de sus respectivos encargos, si es que ocupan algún espacio de representación popular, con la salvedad de la ambigüedad de la LEGIPE sobre quiénes están obligados a sujetarse a esta disposición.
El calendario electoral también dice que el pasado 26 de febrero inició el registro de candidaturas locales ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) y los partidos políticos que decidieron ir coaligados en esta contienda tenían hasta un día antes (el 25 de febrero) para presentar su solicitud de modificación a sus respectivos convenios de coalición.
Así lo hizo la coalición «La esperanza nos une», integrada por el PT, Nueva Alianza y Encuentro Solidario Zacatecas, cuya solicitud de modificaciones (de último minuto, en el límite del plazo) fue aprobada este miércoles en sesión extraordinaria del Consejo General del IEEZ.
Vaya usted a saber, estimado lector, por qué los partidos coaligados decidieron que ya no irán juntos en Genaro Codina, Juan Aldama, Nochistlán, Ojocaliente, Río Grande, Teúl de González Ortega, Trancoso y Villa Hidalgo.
En cambio, optaron por ir coaligados en Apulco, Atolinga, Cuauhtémoc, Jalpa, Noria de Ángeles, Tepechitlán, Tepetongo y Valparaíso. Además, pidieron cambiar el siglado en Sombrerete y Moyahua, donde la fórmula iría encabezada por el PES y ahora determinaron que no, que en el primero va el PT y en el segundo, Nueva Alianza.
Si la coalición «Fuerza, corazón, tripas y lengua por Zacatecas» (o algo así) que integran PRI, PAN y PRD presentaron en tiempo y forma su solicitud de modificación al convenio de coalición, al menos no se ha llevado el tema al Consejo General del IEEZ, a menos que les hayan ganado los plazos y ahora tengan que soportar ir coaligados con el Sol Azteca, aunque les pese.
De la otra coalición registrada, la de «Sigamos robando más» (o algo así) que integran MORENA y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con mucha antelación ya habían presentado su solicitud de modificaciones al convenio de coalición, donde se ampliaban los espacios para el PVEM.
Finalmente, los nervios ya afloran por la visita de la presidenciable Xóchitl Gálvez para su arranque de campaña en el municipio de Fresnillo a partir del primer minuto de mañana viernes 1 de marzo. Sobre todo por la cálida bienvenida (es un decir) que le dio el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, en el «Año de la Paz». Si así está su carisma, no queremos imaginar sus expresiones si no fuera el «Año de la Paz» (por instrucciones del señor gobernador).
Disciplina financiera
Mañana viernes también se inauguran los trabajos del segundo periodo ordinario del tercer año constitucional en la 64 Legislatura. O sea, la recta final para la que hasta hoy ha sido la peor Legislatura en la historia de Zacatecas. Y la siguiente podría ser peor.
Como varios de nuestros diputados locales creen que han hecho un buen trabajo, se espera que en el arranque de trabajos del último periodo ordinario se presenten sus respectivas solicitudes para separarse del cargo a fin de participar en este proceso electoral.
Con estos cambios y sus respectivas suplencias, y en medio de la efervescencia del proceso electoral en marcha (que también se avizora violento), difícilmente prosperarán las iniciativas que el gobernador David Monreal remitirá al Poder Legislativo para su discusión y eventual aprobación, y que fueron anunciadas en rueda de prensa junto con quien hoy ha demostrado ser un «prodigio de las finanzas» (y verdadero artífice de los impuestos ecológicos).
En voz del secretario de Finanzas, Ricardo Olivares Sánchez, el Ejecutivo plantea dos iniciativas de ley y una iniciativa de reforma para «consolidar como estable, sostenible y sin quebrantos al sistema financiero estatal».
La primera iniciativa se trata de la Ley de Financiamientos, Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, mediante la cual estará prohibido contratar más deuda de largo plazo si existe deuda pública vigente.
Sin embargo, habrá excepciones que se sujetarán a que exista un 15% de techo financiero de ingresos de libre disposición (unos 1 mil 287 millones de pesos) y sólo si se realiza un ejercicio de consulta pública. Igualito que la aprobación del «viaducto elevado» antes de ser licitado.
Como en las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera, en esta iniciativa también se reitera que estos empréstitos sólo se podrán destinar a inversiones públicas productivas. O sea, capítulo 6000, ese en el que la «nueva gobernanza» acumula tantos y tantos subejercicios.
Y como los nombres rimbombantes para nada son característicos de esta administración, también se enviará una Ley Antiquebranto para una Gestión Responsable y Sostenible de las Finanzas Públicas del Estado de Zacatecas (no se ría), que contribuirá a mitigar los riesgos financieros y la creación de fondos para la inversión.
De las tres iniciativas anunciadas, ésta es la más relevante, pues oficializa en el papel (y como norma) lo que ya se implementó desde el ejercicio fiscal 2023 mediante el Fondo de Estabilización y el Fondo de Inversión Productiva.
Este instrumento jurídico permitirá a Zacatecas planificar sus escenarios fiscales que impacten en la programación presupuestal y, ante condiciones adversas (como ya se vivieron el año pasado con el recorte de participaciones y otros ingresos de origen federal), contar con un cochinito que permita garantizar estabilidad financiera para cumplir con el presupuesto programado.
Por último, la tercera iniciativa se trata de una reforma a la Ley de Austeridad, Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, que entre otras disposiciones, busca topar en 5% los gastos administrativos en el presupuesto de egresos, así como condicionar los apoyos únicamente a los organismos que cumplan con sus reglas de operación, además de reducir gastos en los capítulos 1000 (servicios personales), 2000 (materiales y suministros) y 3000 (servicios generales).
Que en la «nueva gobernanza» se hayan pagado 7 mil 605 millones de pesos de deuda heredada es algo relativo que también requiere precisiones. No se trata completamente de deuda de largo plazo, pues también se incluyen los cortos plazos y los pasivos con proveedores y contratistas. Sin olvidar que en los últimos dos años las tasas de interés se dispararon, por lo que el presupuesto etiquetado para el pago de la deuda en gran parte se ha ido en pagar los altos intereses (aminorados por los SWAPS contratados en el «quinquenio diferente»).
Por encima de todo, hoy queda claro que para el gobernador David Monreal es más importante remitir al Legislativo estas tres iniciativas que las ternas correspondientes para elegir las dos magistraturas vacantes en el Poder Judicial, acéfalas desde que comenzó febrero. Prioridades…
