Así calificó la diputada Priscila Benítez al denominado «Año de la Paz», cuyo decreto fue revocado en sesión ordinaria de este martes en la 64 Legislatura, con una mayoría de 16 votos a favor, cinco votos en contra (Armando Juárez, Oralia Félix, Nieves Medellín, Gaby Pinedo y Roxana Muñoz) y la abstención del diputado Ernesto González Romo.
La discusión se preveía larga, muy larga, luego de que en dos ocasiones se sometiera a votación si la iniciativa presentada por la diputada Zulema Santacruz se consideraba de urgente y obvia resolución.
Porque, inicialmente, sólo 16 diputados se pronunciaron a favor de este procedimiento, mientras los diputados Ernesto González Romo y Armando Delgadillo se abstuvieron (y dicen que «a los tibios ni Dios los quiere«).
En cambio, sus homólogos Maribel Galván, Armando Juárez, Imelda Mauricio, Oralia Félix, Gaby Pinedo, Roxana Muñoz, Susana Barragán y Nieves Medellín dijeron estar en contra del procedimiento de urgente y obvia resolución, pero a favor de la iniciativa.
El respaldo tampoco se vio al momento de votar el punto de acuerdo por el que se revocaba y dejaba sin efectos la declaratoria «2024. Año de la Paz en Zacatecas», aprobado el pasado 21 de febrero a iniciativa de la coordinadora del grupo parlamentario de MORENA y presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), la diputada Gaby Pinedo.
Como quien dice, tres semanas duró el «año de la paz en Zacatecas», porque tres semanas bastaron para que la «nueva gobernanza» echara al traste la campaña de marketing para lavarle la cara a un gobierno que se niega a ver la realidad en la que viven miles de familias.
El punto de acuerdo se fundamentaba en los hechos ocurridos el pasado 8 de marzo, durante la marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer en el que sobraron las muestras de brutalidad y abuso de la fuerza policiaca en contra de las manifestantes, mientras al autoridad, antes que reconocer su tremendo error, se ha dedicado a justificar el actuar de las corporaciones.
En la discusión en lo general, la diputada Priscila Benítez afirmó que el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, «es un opresor«, mientras al secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, lo calificó de «cobarde«.
En tanto, Xerardo Ramírez afirmó que «me da vergüenza que hace tres años salí a pedir el voto por un cobarde«, en referencia a quien dice gobernar Zacatecas; la diputada Zulema Santacruz (promotora de la iniciativa) acusó al oficialismo y a la «nueva gobernanza» de «darle a Zacatecas en la madre» y cuestionó el pretendido discurso de reconciliación del secretario general de Gobierno al enfatizar que «aquí no hay nada qué reconciliar, ustedes atacaron a las mujeres… tantita madre«.
Las intervenciones no terminaron ahí. La diputada Gaby Basurto aprovechó la oportunidad para recordar que hace tres semanas, cuando se discutía la aprobación de la declaratoria, ella cuestionó que «la paz no se construye por decreto«, y este martes remató su intervención afirmando que «el gobierno de David Monreal construye la paz violentando a las mujeres en su día«.
No podía faltar el posicionamiento del diputado Enrique Laviada, quien a gritos y sombrerazos también aseguró que «quedará para siempre en la frente de David Monreal que no sólo es un manoseador, sino también un represor de las mujeres«.
Si dichas intervenciones de la oposición pretendían sacar raja política o no de lo acontecido el pasado 8 de marzo, mentiras tampoco dijeron y las pruebas son harto conocidas por la sociedad, a tal grado que en el Congreso de la Unión han sobrado las voces (tanto de aliados, como de opositores a la 4T) condenando la brutalidad policiada que se vivió en Zacatecas y exigiendo la destitución de los responsables.
Con la audacia de pretender defender lo indefendible, intervino el diputado Ernesto González Romo para desvirtuar las acusaciones de la oposición alegando politiquería… con más politiquería., a un punto en el que se perdió el motivo de la discusión para centrarse en quién era más traidor a un movimiento.
Remató su intervención en tribuna haciendo un llamado a que la Fiscalía General de Justicia «haga su trabajo y los responsables sean sancionados«, pues a su parecer, «para que los actos no se vuelvan a cometer es necesario que haya consecuencias«.
Claro, por eso se abstuvo de votar (para no cargar con la responsabilidad) y se ausentó durante la iniciativa que presentó posteriormente el diputado José Luis Figueroa para que, efectivamente, hubiera consecuencias.
En la misma sintonía intervino la diputada Gaby Pinedo, quien afirmó que «es inmoral sacar raja política de un tema tan lamentable; lo que importa hoy es que las mujeres no vuelvan a pasar por lo que sucedió el 8 de marzo«.
Sin embargo, ni Ernesto González Romo ni Gaby Pinedo estuvieron en el Pleno cuando su homólogo José Luis Figueroa presentó una iniciativa de punto de acuerdo por la que se exige la destitución inmediata del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza; y una disculpa pública del gobernador David Monreal, por la represión ejercida contra manifestantes el Día Internacional de la Mujer.
Tampoco estuvieron en el pleno Armando Juárez, Martha Elena Rodríguez, Georgia Miranda, Priscila Benítez, Oralia Félix ni Roxana Muñoz cuando Figueroa Rangel explicaba que la destitución del secretario general de Gobierno respondía a «su actuación irresponsable y por la ineptitud demostrada con creces, antes, durante y después de la conmemoración» del Día Internacional de la Mujer.
Además, hicieron vacío en el Pleno los diputados Maribel Galván (aunque presentó justificante desde la discusión de la primera iniciativa), Jehú Salas, Imelda Mauricio, Susana Barragán, Armando Delgadillo, Karla Valdez y Manolo Gallardo, cuando se solicitaba en la iniciativa «hacer responsable al gobernador del estado por no actuar de manera inmediata, para instruir a sus funcionarios en el respeto irrestricto a los derechos de reunión, manifestación y expresión«.
No volvieron al Pleno tampoco cuando, en la misma iniciativa, se solicitaba al secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, informe a la 64 Legislatura de forma detallada sobre la «brutal represión» del 8 de marzo, y que señale a los funcionarios responsables de haber girado instrucciones para ello y a los que por omisión no actuaron.
Por eso, ante lo indefendible, la única estrategia del oficialismo fue demorar lo inevitable y al someter a votación si la iniciativa de José Luis Figueroa era considerada de urgente y obvia resolución, apenas se mantuvieron en el Pleno 12 diputados, insuficientes para lograr el quórum legal.
Así que hasta el próximo jueves que se reanude la sesión el Pleno retomará la discusión sobre las consecuencias efectivas, reales, inminentes, sobre lo acontecido el pasado 8 de marzo en Zacatecas. Las víctimas siguen esperando justicia y garantías de que el Estado vigilará que las zacatecanas tengan una vida libre de violencia.
