Pues sí, esta mañana el INEGI da a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) para el primer trimestre de este año. Y sin mayor sorpresa, Fresnillo sigue encabezando la lista de las ciudades con mayor percepción de inseguridad, con un 95.4%, apenas 1 punto porcentual menos que en diciembre del año pasado, y cinco décimas en el último año.
De acuerdo con la ENSU, las ciudades con mayor porcentaje de población de 18 años y más que sintieron inseguridad fueron: Fresnillo (95.4 %), Naucalpan de Juárez (89.6 %), Zacatecas (89.3 %), Chilpancingo de los Bravo (87.3 %), Cuernavaca (87.0 %) y Ciudad Obregón (86.6 %).
Eso significa que la Capital de Zacatecas, de estar en la quinta posición al cierre del año pasado, volvió al tercer lugar con mayor percepción de inseguridad en el país.
No es gratuito que Zacatecas tenga estos resultados en la evaluación del INEGI. Durante el primer trimestre de este año, mientras se presumía la baja en la incidencia de homicidios dolosos, aumentaba en secreto la cifra de personas desaparecidas y no localizadas.
La situación ha llegado a tal grado que este lunes hubo senda manifestación en la presidencia municipal de Fresnillo, donde familiares de personas desaparecidas y no localizadas exigían la intervención de la autoridad para ayudarles a encontrar a sus familiares.
Tampoco pasa desapercibido el asesinato de Juan Pérez Guardado, quien fuera director de Desarrollo Social en Fresnillo, ocurrido en febrero de 2024. Un hecho que, aunado al homicidio de Cecilio Murillo en esas fechas, poco abonaron a materializar eso del «Año de la Paz», aunque sea por decreto.
La corrupción del pasado ¿y del presente?
Qué divertida la sesión ordinaria de la 64 Legislatura de este miércoles. Porque de uno y otro lado se invocó a la transparencia como herramienta para combatir la corrupción, pero en los hechos cada quién jala agua para su molino y que se haga la ley en los bueyes del compadre.
Dos iniciativas acapararon el debate parlamentario, en las que el diputado Ernesto González Romo acaparó los micrófonos en su desesperación de reflectores porque su campaña para la reeleción nomás no prende. Pero es que «no son los mismos».
La diputada Zulema Santacruz, también candidata a diputada local del Distrito 5 por la coalición «Fuerza, corazón, tripas y lengua» (o algo así), presentó una iniciativa de punto de acuerdo a fin de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) y los órganos internos de control de los municipios verifiquen la contratación de personal eventual en los Ayuntamientos para actividades del proceso electoral 2023-2024.
En una larga discusión, fueron varios diputados quienes acusaron que han detectado municipios donde se ha registrado esta práctica, con un incremento en las nóminas para engrosar las filas de brigadistas en campañas. Y eso, dicen, aplica para gobiernos de todos los colores, aunque hubo particular interés en casos como el de Fresnillo, Guadalupe y Tabasco, hoy gobernador por MORENA.
En el caso de la hermana república de «Guadabaches«, la diputada Priscila Benítez, también candidata a diptuada local del Distrito 4 por la coalición «La ambición nos une» (o algo así) acusó que en el Ayuntamiento el gobierno de José Saldívar (el de la sonrisa más falsa que el «Año de la Paz») estaba amedrentando a los trabajadores en caso de detectar su apoyo a otros candidatos.
El Cepillo José Luis Figueroa, también candidato a diputado plurinominal por Revolución Popular Zacatecas, se refirió al caso de Tabaso, donde acusó que el gobierno morenista de Gil Martínez está incurriendo en contratación de personal eventual y trabajadores con permisos cada 15 días para atender temas electorales.
Y aunque el punto de acuerdo se trata de una medida preventiva, para garantizar equidad en la contienda (pero sobre todo que no se cometan delitos electorales), el fondo del asunto se perdió por una mala redacción de la iniciativa, argumento que sirvió al oficialismo para intentar frenar su aprobación de urgente y obvia resolución.
Bien padre que un momento de la discusión, El Cepillo expresó que «el tema de la reelección debemos revisarlo, la gente está harta del abuso de autoridad en el tema de reelección, la gente está asquedaa de ver ese tipo de actitudes pedantes, abusivas, del gobernante que a como dé lugar sea reelecto«.
Porque insistió en la necesidad de que los servidores públicos renuncien a sus cargos para irse a campaña y no que soliciten permisos cada 15 días, como se acusó en el punto de acuerdo aprobado por mayoría. ¿A cuántos diputados les cayó la pedrada, incluyéndolo?
Más graciosa estuvo la iniciativa presentada por Ernesto González Romo para exhortar a los 58 ayuntamientos a que, en un plazo de 10 días, remitan un informe detallado que permita documentar y evitar que se repitan los desfalcos del pasado.
Y en esta solicitud de información a los ayuntamientos, se incluían créditos de corto y largo plazo; costos financieros de omisiones ante el SAT, SEFIN, ISSSTEZAC, IMSS e Infonavit; adeudos con proveedores; así como enajenaciones de bienes inmuebles, todo de 2013 a la fecha.
Y para defender su inicativa, argumentó que el propósito es que, con esta información, el Poder Legislativo haga modificaciones a la normatividad para evitar que se repitan los desfalcos del pasado.
Lástima que con 11 votos a favor y 8 en contra, la inicitativa no pudo ser considerada de urgente y obvia resolución y se turnó a las Comisiones de Vigilancia y de Presupuesto y Cuenta Pública para su estudio y dictamen.
La verdad es que en este espacio desde el pasado 11 de abril ya habíamos dado un adelanto de esta información que, con intenciones electorales, pretendía solicitar en su iniciativa el diputado morenista y por supuesto que sus homólogos no le iban a hacer el caldo gordo.
Mucho menos cuando sus ingresos como diputado, incluyendo la partida de contratación de servicios profesionales, le permitirían tener el personal suficiente para revisar los informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como los informes individuales de la ASE respecto a las cuentas públicas de los municipios, donde obra toda la información que solicitaba.
Ahora que si de transparencia y combate a la corrupción se trata, ¿por qué no pide cuentas sobre la asignación discrecional de los «Estímulos por Responsabilidad en el Cargo», por los llamados «becarios» en la «nueva gobernanza», o por las nóminas de aviadores contratados como personal eventual en la administración estatal. Es más, ni siquiera hay que ir tan lejos. ¿Y si revisáramos la nómina de asesores en la 64 Legislatura?
