¡Pero qué barbaridad!

A una semana y media de que iniciaron las campañas locales, varios y varias siguen desubicados sobre las responsabilidades del encargo por el cual contienden, pero más difícil la tienen quienes aspiran a una diputación local, pues sin las dichosas «herramientas legislativas», ¿qué le pueden prometer al electorado?

Su función es una tarea más abstracta que las tareas que corresponden al Ejecutivo, y en la trampra de «legislar para» tal o cual tema, la ignorancia de la población sobre las responsabilidades del Legislativo les lleva a vender espejitos, con la audacia de prometer gestiones a diestra y siniestra. ¡Ter-nu-ri-tas!

En el actual proceso electoral, al menos en lo que corresponde a los aspirantes a una curul o un escaño en el Legislativo, más importante sería que explicaran al electorado si su voto será razonado, o si votarán ciegamente a favor (en el caso del oficialismo) o en contra (en la oposición) de cualquier iniciativa que les turne el Ejecutivo federal o el estatal.

También sería de especial interés que hablaran sobre los criterios que utilizarán en la aprobación de presupuestos, considerando que ahí sí se requieren mayorías y consensos, porque un solo diputado no aprueba un Paquete Económico por sí solo.

Además, particular relevancia tendría que se comprometieran a resolver los nombramientos pendientes en organismos autónomos y el tratamiento que darán a dichas instituciones, llámese INAI, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Tribunal de Justicia Laboral Burocrática, y demás.

Ya lo de iniciativas específicas de reformas, adiciones o creación de nueva normatividad, primero convendría que se echaran un clavado a la congeladora legislativa para saber qué se puede rescatar de relevancia y sobre qué temas no se ha legislado, aunque con la advertencia que ya se ha hecho desde el Poder Judicial y desde la academia en lo tocante a la seguridad: el populismo penal no abona a una mejor impartición de justicia.

Más fácil la tendrían quienes aspiran a una presidencia municipal, pues sus facultades y responsabilidades quedan muy claras en el artículo 115 Constitucional y son más conocidas por la población: los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de abasto; panteones; rastro; calles, parques y jardines y su equipamiento; así como la seguridad pública, en su vertiente de prevención del delito.

Descubrir el «hilo negro» para una administración municipal ya es demagogia, porque en sus propuestas, los candidatos sólo tienen que presentar propuestas sobre cómo administrar (ya ni siquiera resolver) los problemas de un municipio.

Y en esta perspectiva, todos deben considerar que sus presupuestos municipales estarán limitados a una merma en sus ingresos por la desaparición del Fondo Minero, o un Ramo 28 comprometido y condicionado a convenir con la Nueva Gobernanza, o un programa 3×1 reducido a un 2×1 que se ejecuta de manera muy, pero muy tardía.

En el «tema de temas», tampoco es que puedan hacer mucho desde los municipios. Primero habría que considerar que David Monreal seguirá siendo gobernador por los próximos 3 años y que la estrategia de seguridad en mucho depende de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en las Mesas de Abrazos y no Balazos (o algo así). Así que la pregunta obligada sería: ¿qué harán en materia de prevención del delito?

Luego pasamos a las particularidades de cada municipio, ahí donde sí se esperarían propuestas concretas para problemas específicos, partiendo de la suficiencia presupuestal.

Porque si algo revelan los Lineamientos de operación para la asignación, destino y ejercicio del Fondo para el Saneamiento Financiero 2024, publicados en el Suplemento del Periódico Oficial el pasado 24 de febrero, es que los municipios acumulaban un adeudo global por 1 mil 286 millones 351 mil 455.82 pesos por pagos no realizados ante el IMSS o por concepto del ISR, aunque el caso más grave sería el de Sombrerete.

Lo anterior ha puesto sobre la lona a varios municipios que incluso se han enfrentado al congelamiento de cuentas bancarias por la falta de pago, lo que ha derivado en otros problemas, como el retraso en el pago de las nóminas de trabajadores o garantizar los servicios básicos a los que están obligados por el Artículo 115 Constitucional.

Así que a quienes hoy aspiran a llegar a una presidencia municipal habría qué preguntarles qué harán para intentar resolver estos adeudos ante el IMSS o el SAT, sin comprometer su ya de por sí limitado presupeusto.

Por si no fuera suficiente, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con corte al 31 de diciembre de 2023 hay al menos siete municipios que en conjunto suman una deuda pública global por más de 139 millones de pesos:

  • Guadalupe: 81,750,000.0
  • Zacatecas: 40,398,675.4
  • Jerez: 9,224,604.6
  • Tlaltenango: 2,464,788.5
  • Florencia de Benito Juárez: 2,011,193.3
  • Tepechitlán: 1,628,528.7
  • Monte Escobedo: 1,534,477.1

La pregunta obligada para estos siete casos en específico será: ¿qué harán para resolver estos adeudos? Porque en algunos casos, los empréstitos están condicionados con una institución bancaria al cumplimiento de un plazo, so pena de pagar una penalidad (valga la redundancia).

Y en este tema, no hay que olvidar que para un refinanciamiento se puede llegar a requerir la autorización del Poder Legislativo, algo que por demás ya sería inconveniente, considerando que hoy las tasas de interés están por los cielos.

Además, súmele a los gastos el incremento anual anual del Capítulo 1000 por el incremento al salario mínimo (o por los acuerdos con la parte sindical), más los compromisos con los que llegue cada candidato, y tendremos unas finanzas muy, pero muy comprometidas. ¿Cómo sortearán sus compromisos con el electorado?

Si a todo lo anterior le agregamos que la política fiscal va encaminada a incentivar la recaudación propia de los municipios (más que la dependencia de participaciones y aportaciones federales), ¿qué harán los candidatos para incrementar sus recursos propios sin cargarle la mano al pequeño contribuyente?

Así que en este periodo de campañas, estimado lector, no permita que le vendan espejitos. Infórmese, cuestione y exija propuestas específicas de los candidatos para problemas específicos de su municipio. Recuerde que serán tres años de «matrimonio», y con la «nueva gobernanza» muchos ya piden a gritos el divorcio.

Mientras tanto, sigamos celebrando que este 2024 es el «año de la paz», aunque sea por decreto.