Impunidad y desesperación en Guadalupe

El exalcalde Julio César «N», hoy prófugo de la justicia acusado de ser presunto coautor del homicidio del abogado Raúl Calderón Samaniego, no ha de estar muy lejos de Zacatecas para seguir teniendo las manos metidas en el Ayuntamiento.

Así lo acusó el diputado Juan Mendoza en rueda de prensa en la que la coalición «Fuerza, corazón, tripas y lengua» (o algo así) condenó la repentina destitución de la titular del Órgano Interno de Control (OIC), Natalia del Muro Quiñones, luego de que ésta acatara la instrucción del Poder Legislativo y de la Auditoría Superior del Estado (ASE) para verificar el posible uso de recursos públicos del municipio en el actual proceso electoral.

El tema evidentemente tiene tintes electorales y de vendettas políticas, pues como se recordará, Del Muro Quiñones fue síndica durante la administración que encabezó Roberto Luévano, actual candidato a la presidencia municipal, quien busca ponerle un alto a la secta que ha convertido a Guadalupe en cuna de presuntos desvíos de recursos, iniciando por la empresa Trash.

La destitución de la titular del OIC se dio por decisión mayoritaria del Cabildo el pasado martes, misma fecha en la que, ya por la noche, fueron cambiadas las chapas de las oficinas del órgano de fiscalización, en un acto por demás desesperado y violando toda normatividad.

Dicen que el miedo de José Saldívar Alcalde no anda en burro, y lo ocurrido representa un acto más de desesperación para seguir operando presuntamente con recursos públicos una campaña por demás desaseada en este municipio.

No sólo eso, pues también se acusa al tesorero Gilberto Zapata Castañeda y al secretario de Gobierno Municipal (y encargado del Despacho del Presidente), Tereso Hernández Escareño, de amenazar a Natalia del Muro y poniendo en riesgo su seguridad y la de su familia.

Lo anterior es consecuencia de diversas irregularidades presentadas en los últimos meses, en los que el Ayuntamiento restringió los recursos materiales, humanos y hasta combustible al OIC para obstruir su labor, sin olvidar la negativa a recibir oficios y dar respuesta a solicitudes de información en las últimas semanas.

Por ello, Natalia del Muro anunció que ha interpuesto varias denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ, la misma que dice que en un año no ha podido localizar a Julio César «N»), por los delitos de ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad y violencia política en razón de género.

Hoy el temor no sólo se concentra en la posibilidad de que la secta elimine documentos clave en las oficinas del OIC que muestran el uso de recursos públicos en la contienda electoral y la red de corrupción al interior del Ayuntamiento que hoy administra en el papel (no de facto) el actual candidato José Saldívar Alcalde.

Esta destitución se da a poco más de dos semanas para la jornada electoral del 2 de junio, y debido a que el procedimiento para la designación de un nuevo titular del OIC (que es facultad de la primera minoría y recae en la oposición) demoraría hasta un mes, no se descarta que esta haya sido otra medida desesperada para utilizar todo el aparato municipal, con total impunidad y descaro, en favor de una secta que tanto daño le ha hecho a Guadalupe y al estado de Zacatecas.

Mucha sospecha genera el hecho de que el Ayuntamiento haya incumplido con la Ley de Transparencia, en lo correspondiente a la publicación de su información financiera del primer trimestre de este 2024, con el argumento de que están cuadrando la Cuenta Pública y se amparan incluso en un marco normativo cuyas excepciones no aplican al caso.

Este escenario marca el preámbulo del debate que sostendrán los candidatos a la presidencia de Guadalupe este sábado 18 de mayo, donde Saldívar Alcalde naturalmente recurrirá a las mismas mentiras que ha estado distribuyendo en los panfletos repartidos por todo el municipio en contra de Roberto Luévano, quien a estas alturas pinta para sacar a la secta del municipio.

Certeza electoral, en entredicho

El pasado martes, en sesión extraordinaria, el Consejo General del IEEZ determinó por mayoría retirar un asunto del orden del día. Se trataba del «Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, relativo a la solicitud de sustitución de la candidatura a la Diputación propietaria por el Distrito XII por el principio de mayoría relativa, por la renuncia presentada por la candidata registrada por el partido político Morena«.

Resulta que la secta pretendía postular a Nieves Medellín, actual diputado suplente y candidato a diputado plurinominal, como candidato propietario a la diputación local del Distrito 12, en sustitución de Yoselín García, quien habría presentado su renuncia en días pasados.

En el proyecto, según se sabe, se pretendía rechazar la postulación de Nieves Medellín debido a que, si bien en la candidatura plurinominal fue inscrito como «mujer», nunca se reunió el requisito de acreditar su autoadscripción como «persona trans», como marca la normatividad electoral, por lo que de haber avalado su postulación se estaría incurriendo en actos constitutivos de violencia política en razón de género y violando el principio de paridad.

Qué raro que, a pesar de contravenir las disposiciones y no reunir los requisitos, los consejeros Juan Manuel Frausto (presidente del IEEZ), Brenda Mora, Carlos Casas, Israel Guerrero y Arturo Sosa votaron a favor de retirar dicho punto del orden del día, mientras las consejeras Yazmín Reveles y Sandra Valdez votaron a favor de mantenerlo en el orden del día. ¿Será que tenemos un instituto electoral que ahora responde a los intereses de una secta que busca llegar a como dé lugar?