Los hechos violentos ocurridos durante el fin de semana y en lo que va de esta semana son los que contribuyen a que Fresnillo y Zacatecas se mantengan como la primera y la tercera ciudad con mayor percepción de inseguridad en el país, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que elabora el INEGI.
Ese concepto ha resultado por demás chocante para la «nueva gobernanza», que en su cacareada estrategia por la seguridad (si es que la tiene) ha optado por referirse a la «sensación de seguridad» y tiro por viaje, insiste en que los homicidios dolosos han disminuido sabe cuántos por ciento (porque ya perdimos la cuenta).
Esta misma mañana, de manera extraoficial, se reporta el hallazgo de entre 5 y 9 cuerpos sin vida en la zona urbana del municipio de Fresnillo, además del incendio de vehículos en la UNIRSE de Trancoso.
Pero ya antes, en los últimos tres días, se habían registrado balaceras y narcobloqueos con todo y vehículos incendiados en al menos 10 municipios: Fresnillo, Calera, Guadalupe, Pánfilo Natera, Luis Moya, Loreto, Cuauhtémoc, Villa de Cos, Saín Alto y Cañitas de Felipe Pescador.
Hasta el momento, según información oficial, se sabe que el saldo de esta jornada violenta (que todavía continúa) es de 6 homicidios registrados y 22 detenidos, más el caos en carreteras estatales y federales que han robado la tranquilidad de los zacatecanos como hace muchos meses no ocurría.
Frente a la narrativa de las «herencias malditas» (también en materia de seguridad), el novel secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, como principal vocero de la Mesa Estatal de los Abrazos y no Balazos, parece no haber entendido que el discurso triunfalista de que «Zacatecas se mantiene fuerte y nunca más estará en los primeros lugares de inseguridad» muy pronto tiene su respuesta, en lugar de que los hechos hablen por sí mismos.
A estas alturas, y con hechos violentos por cuarto día consecutivo en el «Año de la Paz» (aunque sea por decreto), resulta difícil creer que «en Zacatecas no se dará ni un paso atrás en la consolidación de la paz«, o que «todo está bajo control y los operativos se mantienen para brindar resguardo a la población«.
Porque luego de los brutales acontecimientos del pasado 8 de marzo en contra de las mujeres que hasta la fecha no han tenido consecuencias para los responsables (ignorando incluso un exhorto del Poder Legislativo para destituir a Reyes Mugüerza), se ve imposible que los zacatecanos vuelvan a confiar en las corporaciones que, dicen, están para garantizar la seguridad de la población.
En el recuento de daños, ¿quién pagará los platos rotos? Porque la «nueva gobernanza» y hasta el gobierno de la Cuarta Transformación parecen hacer oídos sordos al clamor ciudadano.
No hay que olvidar que, en el «Año de la Paz» y la denominada «Agenda por la Paz», se estableció también el compromiso de garantizar «Elecciones en Paz», sin embargo, estos hechos delictivos atribuidos a integrantes del Cártel del Pacífico (¿será la nueva denominación del Cartel de Sinaloa?) vaya que ponen en riesgo el actual proceso electoral.
Porque imagine usted que los mismos narcobloqueos o balaceras se registran el día de la jornada electoral. ¿Qué votante arriesgará su vida por apoyar a su candidato o candidata?, ¿qué presidente de casilla se expondrá a la violencia por llevar los paquetes electorales a los consejos distritales?
Exigir nuevamente la renuncia de funcionarios responsables de la seguridad tampoco es que sea una solución. Con Arturo Medina Mayoral, ya llevamos tres secretarios de Seguridad Pública en menos de tres años del sexenio, aunado a dos secretarios generales de Gobierno y la renuncia del entonces fiscal general de Justicia del Estado, Francisco Murillo Ruiseco.
Tampoco es que esto se resuelva con el envío de más elementos del Ejército o de la Guardia Nacional, pues sobran los ejemplos de que su llegada no ha pasado de una fotografía y un comunicado de prensa para seguir generando la percepción de que «todo está bajo control» y que «se dan pasos firmes en la consolidación de la paz«.
Que la oposición carroñera se haya colgado del tema ya es otro cantar, pero el reclamo es el mismo que el de las familias zacatecanas: ¿hasta cuándo las autoridades federales y estatales garantizarán el mínimo de seguridad a la población?, ¿hasta cuándo dejarán de ser operadores políticos en el actual proceso electoral, y se concentrarán en su responsabilidad de atender la inseguridad?
Al final, el discurso oficial parece insistir en que la población normalice la violencia (así se haya reducido la incidencia de homicidios dolosos) con tal de generar una percepción positiva de una administración calificada como una de las peores en todo el país.
