Reza un dicho muy conocido que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Un dicho que bien aplica a los consejeros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) y que, al primer error, están muy prestos a repartir responsabilidades (y consecuencias) sin asumir las propias.
En el tramo final del periodo de campañas del proceso electoral 2023-2024, hubo un escándalo porque en las redes sociales del Instituto se publicó una infografía para ejemplificar cómo podría votar en el caso de una coalición y las condiciones para que su voto fuera válido.
El problema fue que dicha infografía se limitó a ejemplificar únicamente con la coalición «Fuerza, corazón, tripas y lengua» (o algo así), pese a que en Zacatecas había tres coaliciones registradas y avaladas por el Consejo General del IEEZ.
La secta que controla la dirigencia estatal de MORENA hizo un escándalo acusando la parcialidad con la que se conducía la autoridad electoral y exigían consecuencias para los responsables de tal violación al prinicipio de imparcialidad.
Los consejeros electorales, más que asumir su responsabilidad, optaron por destituir a la entonces directora de Comunicación Social, Eva Gaytán, a pesar de que ella únicamente siguió una instrucción que se le dio vía oficio. Quienes autorizaron la publicación de dichos contenidos simplemente se lavaron las manos, pero el daño ya estaba hecho.
Pasada la jornada electoral del 2 de junio, y con los resultados del cómputo en distritos y municipios, dicho error hoy es capitalizado desde MORENA para exigir la nulidad del proceso en aquellos lugares donde no fue favorecida la coalición «Sigamos robando más» (o algo así), como el caso de la Capital.
Las acusaciones en contra de los consejeros electorales también surgieron en el caso de Guadalupe, donde se advertía que estaban interviniendo en favor del candidato cómplice del prófugo de la justicia durante los cómputos.
Para rematar, también se espera la impugnación a la lista de diputaciones plurinominales para la 65 Legislatura, aprobada también con las cuentas chinas de los consejeros del IEEZ y de quienes se sigue señalando que resuelven por consigna en este proceso electoral.
No es que los consejeros electorales sean blancas palomitas. Ya desde antes habían mostrado su parcialidad cuando favorecieron a MORENA para aprobar la sustitución de una candidatura en el Distrito 12 para imponer a Nieves Medellín, con dos proyectos de resolución totalmente diferentes (en los que incluso se le cambió el sexo sin mayores consecuencias).
Sin embargo, el problema de la credibilidad de los consejeros electorales (y del propio IEEZ) viene de mucho antes, porque habrá que recordar que en aras de la «austeridad republicana», fueron los diputados locales quienes «por instrucciones superiores» aprobaron un presupuesto insuficiente para el Instituto (y se puede constatar con el anteproyecto que presentó en su momento).
Lo anterior habría obligado a los consejeros electorales a mendigar ampliaciones presupuestales para garantizar las condiciones mínimas indispensables para el desarrollo del proceso electoral, una alerta que también emitió en su momento el Consejo General del INE por la insuficiencia presupuestal del órgano electoral local.
En su momento, el IEEZ solicitó una ampliación presupuestal por 20 millones de pesos, de los cuales 13 millones se cubrieron en el último tramo del periodo de campañas y los 7 millones restantes, según dijeron en su momento los consejeros electorales, se depositaría en las cuentas del Instituto en la misma fecha que autorizaron la candidatura de Nieves Medellín (quien, a pesar de todo, perdió estrepitosamente frente al priísta David González).
Estos indicios de que los consejeros del IEEZ han resuelto por consigna en el actual proceso electoral a cambio de garantizar la suficiencia presupuestal para el desarrollo de las actividades también tiene otro antecedente importante: la licitación para la impresión de boletas electorales que serían utilizadas el pasado 2 de junio.
Hasta donde se sabe, luego de la reforma aprobada por diputados de la 64 Legislatura para incluir la fotografía de los candidatos en las boletas (que fracasó tremendamente), el costo de las boletas habría ascendido (exagerando) a unos 30 millones de pesos. No obstante, «por instrucciones del gobernador David Monreal«, dicha licitación debía ser por 60 millones a cambio de garantizar la ampliación presupuestal solicitada por el IEEZ. Y hasta habría indicado qué empresa sería la ganadora del fallo en la licitación.
Sólo que la empresa que quería la «nueva gobernanza» finalmente decidió no participar en la licitación de Zacatecas y optó por inscribirse en la licitación correspondiente al órgano electoral de Nuevo León, donde el costo-beneficio sería mucho, pero mucho mayor a la cantidad de boletas que se imprimieron para nuestra entidad.
Sin que sea justificación para el actuar parcial de la autoridad electoral, todos estos antecedentes nos permiten ver que la pretendida «austeridad republicana» únicamente fomenta actos de corrupción como «cosas buenas que parecen malas», ¿o son «cosas malas que parecen buenas»? Y es una situación similar a la que se podría ver en el Poder Judicial (federal o local), donde jueces, magistrados y ministros se vean obligados a resolver por consigna a cambio de ampliaciones presupuestales.
Lo importante es que ese actuar de los consejeros electorales sí podría tener consecuencias, una vez que se han interpuesto las denuncias correspondientes ante el INE, única autoridad facultada para remover a los consejeros electorales de los estados, incluyendo al hoy consejero presidente, Manuel Frausto, quien ha hecho gala de su «estado inconveniente» en este proceso electoral y de quien sobran las quejas entre sus subordinados.
Eso sí: concluidos los cómputos, mucho trabajo tendrán los tribunales electorales para resolver sobre las impugnaciones y solicitudes de nulidad al actual proceso. Y no hablamos precisamente del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, más conocido por resolver en favor de los intereses de la «nueva gobernanza». Tampoco de la Sala Monterrey del TEPJF, donde los ministros han demostrado una y otra vez que resuelven por consigna.
La carga se la llevará la Sala Superior del TEPJF, ahí donde la secta, o la «nueva gobernanza», o el monrealismo todavía no tienen injerencia suficiente para resolver en su favor.
