Mientras la población se entretiene en la discusión de la reforma al Poder Judicial, o en que disminuyeron bien mucho los homicidios dolosos en Zacatecas (pero también incrementó bien mucho la desaparición de personas), o en el cacareado segundo piso del bulevar, o en el cochinero del proceso electoral que recién termina y la corrupción de los consejeros electorales, en la 64 Legislatura preparan reformas que deben vigilarse con lupa.
En la sesión ordinaria del pasado martes 18 de junio, la diputada Gaby Pinedo presentó una iniciativa por la que se reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y su Reglamento, reforma que implica grandes cambios (y no para bien) en este Poder.
Por ejemplo, actualmente los grupos parlamentarios se pueden conformar con un mínimo de dos diputados, pero la reforma plantea subir el requisito a cinco diputados como mínimo. Eso significaría que, de aprobarse la reforma, en la 65 Legislatura únicamente podrían integrar su grupo parlamentario en forma los 12 diputados de MORENA y los cinco diputados del PRI.
Los demás tendrían que recurrir al préstamo de diputados de otros partidos políticos para integrar sus respectivos grupos parlamentarios, y en esa situación tendríamos al PAN (tres diputados), PRD (dos), MC (dos), PT (tres) y Nueva Alianza (uno).
También tendrían la posibilidad de integrar un grupo parlamentario con diputados de diferentes afiliaciones partidistas (un grupo parlamentario «plural», por decirlo de alguna forma), pero tendrían que arrejuntarse 10 legisladores (o sea, una tercera parte de los 30 diputados locales) y no cuatro, como actualmente se establece en la normatividad.
¿Por qué es importante esta observación? Porque la reforma también incluye modificar el método para elegir la presidencia de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), que entre otras funciones tiene la facultad para solicitar que un asunto sea considerado de urgente y obvia resolución… o no.
Hoy la normatividad deja en manos del Pleno la elección de la presidencia de la JUCOPO; sin embargo, la reforma plantea que esta posición recaiga directamente (sin ningún filtro) en la coordinación del grupo parlamentario que haya obtenido mayor número de escaños (¿o más bien curules?).
Eso implicaría que en la 65 Legislatura, la presidencia de la JUCOPO pasaría directamente a la coordinación del grupo parlamentario de MORENA. Y por si la vulgar ambición no fuera suficiente, la presidencia ya no tendría una duración de seis meses y por acuerdo del Pleno, sino que duraría un año, con pase directo y con posibilidades de reelgirse terminado su periodo. Como quien dice, dos de los tres años que abarca la 65 Legislatura esta posición podría ser ocupada por MORENA.
¿Y qué cree? Que como la JUCOPO se integra únicamente por diputados representantes de grupos parlamentarios reconocidos por la normatividad, prácticamente sólo tendrían representación MORENA y el PRI, a menos que la chiquillada legislativa haga sumas y restas en eso de prestar diputados para integrar sus grupos parlamentarios, o en su defecto, que 10 diputados de diferentes partidos se arrejunten para tener representación en la JUCOPO.
Y aún hay más, porque quienes no van por cargos ni oficinas, con la citada reforma, ahora también podrían hacerse al mismo tiempo de la presidencia del Órgano de Administración y Finanzas, ahí donde se manejan los dineros del Poder Legislativo.
Actualmente, dicha posición es designada por acuerdo del Pleno, pero con la reforma, la presidencia también sería ocupada por el diputado (o diputada) que designe el coordinador del grupo parlamentario que haya obtenido mayor número de escaños (¿o curules?). Y su duración pasaría de seis meses (como se establece hoy) a un año, con la posibilidad de reelegirse por acuerdo del pleno. ¿Eso no es vulgar ambición?
Para jugarle al tío Lolo, la reforma contempla que en apego a los principios de «austeridad», quedarán prohibidos los fondos revolventes, aunque ya de por sí incluir esta prohibición en la reforma implica reconocer que en los hechos existen dichos fondos revolventes de los que nadie sabe cómo se han ejercido y por quiénes.
Eso no es todo. La reforma, además, plantea que las comisiones legislativas se integren por un mínimo de cinco diputados y no con sólo tres, como actualmente se establece. Eso significa que de 30 comisiones legislativas para 30 diputados locales, cada uno tendría que participar en al menos cinco comisiones. ¿Les dará para tanto?
Otro punto relevante de la reforma es que la Comisión de Vigilancia ya no será presidida en automático por la primera minoría (en el caso de la 65 Legislatura, correspondería al PRI), si y sólo si el partido político no corresponde con el del titular del Ejecutivo.
Con la reforma, la presidencia de la comisión será designada por el Pleno, y eso abre la posibilidad a que, en la 65 Legislatura, MORENA también presida este órgano responsable del nombramiento del titular de la ASE, las responsabilidades administrativas de servidores públicos, y todo lo que concierne a la fiscalización del estado y municipios.
Y aún hay más, porque en la vulgar ambición de quienes no van por cargos ni oficinas, con la reforma ahora quedaría en manos de la presidencia de la JUCOPO la designación del secretario técnico, una posición que ya no será electa por el pleno. ¿A quién le pretenden otorgar dicha posición en la 65 Legislatura?
Si esta reforma presentada por la diputada Gaby Pinedo le parece peligrosa (por decir lo menos), espérese porque una vez que concluya el periodo ordinario la próxima semana, se espera que durante los trabajos de la Comisión Permanente el Ejecutivo remita al Legislativo la iniciativa definitiva de reforma a la Ley del Issstezac. Y dicen que se aprobaría en sus términos y en fast track.
La 64 Legislatura quizá sea la peor de todas las que hemos conocido en Zacatecas, pero aún no termina su cochinero.
