Desde antes de iniciadas las campañas del proceso electoral 2023-2024, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) que encabeza Luisa Alcalde tenía a Zacatecas entre los estados en alerta roja no sólo por los riesgos para el desarrollo de las elecciones, sino también en materia de seguridad.
Que no se reconozca abiertamente en las conferencias de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador ya es otro cantar. Pero que en Zacatecas, la «nueva gobernanza» pretenda convencer a los zacatecanos de que nuestra entidad está entre las más seguras del país ya es una burla.
En eso que llaman la Mesa de los Abrazos y no Balazos (o algo así), según la Coordinación de Comunicación Social en sendo comunicado de prensa, el gobernador David Monreal habría destacado que Zacatecas «ha salido de los primeros lugares en inseguridad, de tal forma que, hoy, se ubica en el lugar 19, a nivel nacional, en el índice de homicidios dolosos, es decir, está por debajo de la media nacional«.
Para seguir con la mentira, se agrega en el comunicado que en palabras del gobernador: «Zacatecas dejó de ser uno de los estados más inseguros, con lo que se ha cumplido el propósito de bajar de la media nacional y ahora se busca mantener esa tendencia a la baja, para tranquilidad de la población”.
Y continuando con la farsa del «Año de la Paz» (aunque sea por decreto), se enfatiza en el comunicado de prensa que «la seguridad ha propiciado la recuperación económica y el fortalecimiento del turismo en Zacatecas, pues, al volver a la cotidianidad, este sector se fortalece«.
Sabrá Dios de qué Zacatecas estarán hablando, porque una baja en la estadística de homicidios dolosos no se ha traducido en la paz y tranquilidad de los zacatecanos, mucho menos en la prosperidad de una pretendida recuperación económica o el fortalecimiento del turismo. Y sobran los indicadores para desmentir tal aseveración.
Más pronto que tarde, el discurso de la «nueva gobernanza» tuvo su respuesta cuando colectivos de búsqueda fueron recibidas con disparos de civiles armados al llegar a la comunidad de La Colorada, en Villa de Cos, donde madres buscadoras acompañadas de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y de la Fiscalía General de Justicia del Estado pretendían realizar labores de búsqueda de sus familiares desaparecidos.
Por fortuna, las corporaciones resguardaron a los colectivos y el incidente no pasó a mayores, aunque el temor siga siendo una constante para quienes han hecho de la búsqueda de familiares desaparecidos su cotidianidad.
Horas más tarde, se informó del rescate de cinco personas (incluyendo tres menores de edad) privadas de su libertad en el municipio de Pinos, luego de un operativo de los tres órdenes de gobierno en la zona de Pinos, Villa García, Villa González y Loreto. Las víctimas habían sido reportadas como desaparecidas el pasado fin de semana en la comunidad de Cieneguilla, también en Pinos, y contaban con sus fichas de búsqueda respectivas.
Para hablar de que Zacatecas es uno de los estados más seguros del país, las víctimas del delito (directas e indirectas) no han de pensar lo mismo que la «nueva gobernanza», especialmente en aquellos delitos que no se denuncian y que representan una cifra negra de más del 90% de los delitos.
Y no es que la estadística oficial ofrezca certeza a la población, pues con la nueva metodología, no están claros los criterios para la clasificación de ciertos delitos como los de alto impacto, donde desaparecieron registros de más de 500 homicidios dolosos para Zacatecas, en una dinámica que se repite para todo el país.
Pero vayamos a los datos duros: en los primeros cuatro meses de la «nueva gobernanza» (septiembre-diciembre de 2021) en nuestra entidad se documentaorn 307 homicidios dolosos, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y ya con la nueva metodología.
Para el 2022, el primer año de gobierno de David Monreal, la estadística aumentó a 981 homicidios dolosos; para el siguiente año (2023), los casos se redujeron a 709, y en lo que va de este año, hasta ayer ya se habían contabilizado 215 homicidios dolosos. En total: 2 mil 212 homicidios dolosos en lo que va de la actual administración.
Sin embargo, y desde este espacio hemos insistido mucho en ello, no hay que dejar de lado la estadística de personas desaparecidas y no localizadas, esa que también está generando dudas sobre su veracidad.
De acuerdo con el Registro Nacional de la Comisión Nacional de Búsqueda, en Zacatecas existe un registro histórico de 3 mil 881 personas que permanecen en calidad de desaparecidas y no localizadas. De ese total, 1 mil 684 casos se han registrado en lo que va de la actual administración; es decir, el 43.3% del registro histórico.
No se puede omitir la estadística de personas localizadas sin vida: 514 en el registro histórico para la entidad, de las cuales 210 ocurrieron durante la «nueva gobernanza», es decir, el 40.8% de los registros históricos para Zacatecas.
Todos estos números son víctimas de un delito que tenían familiares y conocidos que hoy son testigos de que Zacatecas no es un estado seguro. Si multiplicáramos el número de víctimas por el número de familiares, amigos y conocidos de las víctimas, nos podemos dar una idea del nivel de percepción de inseguridad que hay en la entidad, una percepción que contradice el discurso del «Año de la Paz» (aunque sea por decreto) y sendos comunicados alegando que Zacatecas está entre los estados más seguros del país. Y hablamos únicamente de la estadística oficial.
No obstante, para hablar de un estado seguro necesariamente tendríamos que hablar de que las víctimas del delito han recibido justicia con el castigo a los responsables. ¿En qué nivel de eficiencia andamos? Porque es una tarea que no sólo compete al Poder Judicial (a propósito de la cacareada reforma anunciada por la 4T), sino también a las fiscalías y a las corporaciones de seguridad. ¿O puede haber paz sin justicia para las víctimas del delito?
